Contraloría: las principales quejas de las EPS en los últimos años
La entidad señaló que a corte de 31 de octubre, la Adres, el gran banco de la salud, está al día con los giros a las EPS, por lo que no deberían interrumpir los servicios. También habló de la evaluación que realizaron sobre las inconformidades de los usuarios de algunas EPS en relación con la prestación de los servicios de salud, desde 2018 hasta 2022.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, en una rueda de prensa entregó un balance de los hallazgos reportados en el sector salud. Uno de los temas centrales fueron las EPS. Lo primero que se conversó fue si hay deuda o no de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el gran banco de la salud, con estas promotoras o no. (Lea: A la espera de una decisión clave para el sistema de salud: el aumento de la UPC)
Ante esta inquietud, Zuluaga fue enfático en señalar que, a corte de 31 de octubre, la Adres “está al día con los giros a las EPS. Este año ha girado $64 billones”. Además, aclaró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se vienen realizando con regularidad.
Aún quedan pendientes los pagos de noviembre y diciembre. Una cifra que la Contraloría estima es de cerca de $13 billones. Ante esta situación, advirtió el vicecontralor, “no existe ninguna posibilidad ni justificación de que las EPS nieguen la prestación de salud a todos los afiliados, porque el Gobierno está al día”.
Sin embargo, Zuluaga no desconoce la deuda histórica que tiene este sector en el país, la cual asciende a los $21 billones. En cuanto a la Nueva EPS, Zuluaga señaló que después de analizar la información aportada por la entidad, “se identificó que esta EPS en 2022 realizó pagos a las IPS´s y a proveedores de tecnologías médicas por encima de las obligaciones causadas. Tiene $1.5 billones sin justificar”.
También se refirió al informe realizado por la Delegada de Salud sobre las inconformidades de los usuarios de algunas EPS en relación con la prestación de los servicios de salud, desde 2018 hasta 2022. Para este informe, la dirección se encargó de evaluar la gestión de 10 EPS del régimen contributivo y 21 del subsidiado, de este último grupo, cinco son indígenas.
El primer ítem que se analizó fue la inconformidad de los ciudadanos frente a la atención en salud, las cuales fueron reportadas ante la Superintendencia de Salud. (Puede leer: Minsalud establece nuevos lineamentos para prevención y control de la malaria)
En estos cinco años, advirtió la Contraloría, la Superintendencia de Salud recibió 4.436.032 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). De estas, añadió, “1.690.128 (el 38%) fueron por “riesgo de vida”, es decir, que el paciente se encontró en una situación en que su vida o integridad estaba en peligro si no recibía atención médica inmediata”.
El principal reclamo de los usuarios es la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada. También mostraron su inconformidad ante los retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
Otra de las variables que analizó la Contraloría fueron los resultados de los informes de la Defensoría del Pueblo, en los cuales están consolidadas las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud.
Durante estos años, se reportaron 483.866 peticiones, de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72,5% promedio anual. “Los motivos contenidos en las providencias emitidas por la Corte Constitucional indicaron que el mayor porcentaje (62,6%) fueron por deficiencias en la atención, correspondientes principalmente a servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y tratamientos para diferentes enfermedades”, dijo la Contraloría. El acceso a medicamentos tuvo el 14,7%.
En cuanto a las sanciones, la Contraloría revisó el seguimiento que hace la superintendencia a las deficiencias en la atención manifestadas por los afiliados. Encontraron que en total se emitieron ocho sanciones económicas a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que sumaban $6.642.848.730. Medimás, Saludvida y la Caja de Compensación Comfacundi fueron las entidades sancionadas. (Le puede interesar: ¿Qué es el ántrax? La enfermedad que está aumentando en varios países africanos)
La Contraloría también estudió 152 hallazgos con incidencia fiscal a 20 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), correspondientes a $26.301.001.979. De acuerdo con la entidad, “incurrieron en el pago de multas interpuestas principalmente por la Supersalud y la DIAN con recursos del Sistema de Salud”.
Entre las recomendaciones que emitió la Contraloría está una sugerencia a las entidades de vigilancia y control para que fortalezcan el seguimiento a la capacidad gerencial de las EPS, en cuanto al cumplimiento de la normatividad, la calidad y oportunidad en prestación de servicios y la administración del flujo de recursos.
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El Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, en una rueda de prensa entregó un balance de los hallazgos reportados en el sector salud. Uno de los temas centrales fueron las EPS. Lo primero que se conversó fue si hay deuda o no de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el gran banco de la salud, con estas promotoras o no. (Lea: A la espera de una decisión clave para el sistema de salud: el aumento de la UPC)
Ante esta inquietud, Zuluaga fue enfático en señalar que, a corte de 31 de octubre, la Adres “está al día con los giros a las EPS. Este año ha girado $64 billones”. Además, aclaró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se vienen realizando con regularidad.
Aún quedan pendientes los pagos de noviembre y diciembre. Una cifra que la Contraloría estima es de cerca de $13 billones. Ante esta situación, advirtió el vicecontralor, “no existe ninguna posibilidad ni justificación de que las EPS nieguen la prestación de salud a todos los afiliados, porque el Gobierno está al día”.
Sin embargo, Zuluaga no desconoce la deuda histórica que tiene este sector en el país, la cual asciende a los $21 billones. En cuanto a la Nueva EPS, Zuluaga señaló que después de analizar la información aportada por la entidad, “se identificó que esta EPS en 2022 realizó pagos a las IPS´s y a proveedores de tecnologías médicas por encima de las obligaciones causadas. Tiene $1.5 billones sin justificar”.
También se refirió al informe realizado por la Delegada de Salud sobre las inconformidades de los usuarios de algunas EPS en relación con la prestación de los servicios de salud, desde 2018 hasta 2022. Para este informe, la dirección se encargó de evaluar la gestión de 10 EPS del régimen contributivo y 21 del subsidiado, de este último grupo, cinco son indígenas.
El primer ítem que se analizó fue la inconformidad de los ciudadanos frente a la atención en salud, las cuales fueron reportadas ante la Superintendencia de Salud. (Puede leer: Minsalud establece nuevos lineamentos para prevención y control de la malaria)
En estos cinco años, advirtió la Contraloría, la Superintendencia de Salud recibió 4.436.032 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). De estas, añadió, “1.690.128 (el 38%) fueron por “riesgo de vida”, es decir, que el paciente se encontró en una situación en que su vida o integridad estaba en peligro si no recibía atención médica inmediata”.
El principal reclamo de los usuarios es la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada. También mostraron su inconformidad ante los retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
Otra de las variables que analizó la Contraloría fueron los resultados de los informes de la Defensoría del Pueblo, en los cuales están consolidadas las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud.
Durante estos años, se reportaron 483.866 peticiones, de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72,5% promedio anual. “Los motivos contenidos en las providencias emitidas por la Corte Constitucional indicaron que el mayor porcentaje (62,6%) fueron por deficiencias en la atención, correspondientes principalmente a servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y tratamientos para diferentes enfermedades”, dijo la Contraloría. El acceso a medicamentos tuvo el 14,7%.
En cuanto a las sanciones, la Contraloría revisó el seguimiento que hace la superintendencia a las deficiencias en la atención manifestadas por los afiliados. Encontraron que en total se emitieron ocho sanciones económicas a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que sumaban $6.642.848.730. Medimás, Saludvida y la Caja de Compensación Comfacundi fueron las entidades sancionadas. (Le puede interesar: ¿Qué es el ántrax? La enfermedad que está aumentando en varios países africanos)
La Contraloría también estudió 152 hallazgos con incidencia fiscal a 20 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), correspondientes a $26.301.001.979. De acuerdo con la entidad, “incurrieron en el pago de multas interpuestas principalmente por la Supersalud y la DIAN con recursos del Sistema de Salud”.
Entre las recomendaciones que emitió la Contraloría está una sugerencia a las entidades de vigilancia y control para que fortalezcan el seguimiento a la capacidad gerencial de las EPS, en cuanto al cumplimiento de la normatividad, la calidad y oportunidad en prestación de servicios y la administración del flujo de recursos.
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