Contraloría llama al Gobierno a que precise el “costo real” de la reforma a la salud
El contralor general de la República también advirtió que es necesario aclarar el panorama de las deudas entre los distintos actores del sistema de salud, especialmente entre las EPS y prestadores.
Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la república, hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro este martes, durante su intervención en el Foro “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”. El contralor advirtió sobre la necesidad de que el Gobierno defina con claridad lo que costaría la reforma a la salud, que se ha venido discutiendo en las últimas semanas.
“Esta Contraloría hace un llamado urgente al gobierno nacional para que nos reporte la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos, teniendo en cuenta de la necesidad y de la preocupación que nos asiste para llevar a cabo lo de nuestra competencia, en el seguimiento y la vigilancia debida a los recursos públicos, con el fin de que se garantice el derecho fundamental a la salud de la población”, expresó al instalar el Foro. (También puede leer: El “gran” 1% que aún traba el acuerdo de la reforma a la salud)
La reforma, liderada por la ministra de Salud Carolina Corcho, implicaría un período de transición mientras se pasa del modelo actual al propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. Durante ese período, indicó el contralor Rodríguez, existe una necesidad de “depurar y aclarar” deudas entre los distintos actores del sistema, antes de implementar nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos.
Una de las deudas más urgentes, y aspecto crítico del modelo actual, agregó Rodríguez, es la de las EPS con los prestadores de servicio. Según la Superintendencia de Salud, estas podrían estar en alrededor de $23,3 billones. Un análisis hecho por la Contraloría, con información a corte de septiembre de 2022, establece que la deuda podría ascender a los $26,1 billones.
El riesgo es que estas deudas pueden terminar no siendo canceladas, ya que “lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias”, explicó la Contraloría. (Le puede interesar: Partido Liberal se retira de la construcción de la reforma a la salud)
El contralor también expresó dudas con respecto a la Adres (la entidad que maneja la plata del sistema de salud). Si no se realizan ajustes en sus procesos, indicó Rodríguez, podría haber un riesgo de pérdida de los recursos del sistema. El contralor mencionó tres aspectos que preocupan a la entidad:
- Las debilidades en la Adres, con respecto al seguimiento de los recursos del sistema, así como de los procesos de auditoría de cuentas médicas de no SOAT y Recobros por parte de las EPS.
- La tercerización de la auditoría de cuentas de su competencia, ya que es necesario evaluar el costo-beneficio de esa tercerización “que ha generado también inconvenientes o trastornos al flujo de recursos”, según la Contraloría.
- Debilidades y riesgos en los ejercicios de fiscalización como la ausencia de talento humano para la realización de auditorías.
El contralor también dijo que, en el marco de la reforma a la salud, la Contraloría se enfocaría en la Adres y sus procesos internos de manejo, uso, destinación y flujo de los recursos.
“Surge para esta Contraloría el interrogante acerca de cómo serán los procesos de auditoría y seguimiento al giro de recursos del sistema, por parte de la Adres, de ahora en adelante, ante el nuevo panorama de riesgos implícito en la reforma, el cual debe ser sopesado, evaluado y mitigado al máximo, para evitar la posible pérdida de recursos del sector, pues esta administradora, además del manejo de los mismos, se propone tenga a cargo los procesos de contratación de los servicios de salud”, anotó.
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Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la república, hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro este martes, durante su intervención en el Foro “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”. El contralor advirtió sobre la necesidad de que el Gobierno defina con claridad lo que costaría la reforma a la salud, que se ha venido discutiendo en las últimas semanas.
“Esta Contraloría hace un llamado urgente al gobierno nacional para que nos reporte la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos, teniendo en cuenta de la necesidad y de la preocupación que nos asiste para llevar a cabo lo de nuestra competencia, en el seguimiento y la vigilancia debida a los recursos públicos, con el fin de que se garantice el derecho fundamental a la salud de la población”, expresó al instalar el Foro. (También puede leer: El “gran” 1% que aún traba el acuerdo de la reforma a la salud)
La reforma, liderada por la ministra de Salud Carolina Corcho, implicaría un período de transición mientras se pasa del modelo actual al propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. Durante ese período, indicó el contralor Rodríguez, existe una necesidad de “depurar y aclarar” deudas entre los distintos actores del sistema, antes de implementar nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos.
Una de las deudas más urgentes, y aspecto crítico del modelo actual, agregó Rodríguez, es la de las EPS con los prestadores de servicio. Según la Superintendencia de Salud, estas podrían estar en alrededor de $23,3 billones. Un análisis hecho por la Contraloría, con información a corte de septiembre de 2022, establece que la deuda podría ascender a los $26,1 billones.
El riesgo es que estas deudas pueden terminar no siendo canceladas, ya que “lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias”, explicó la Contraloría. (Le puede interesar: Partido Liberal se retira de la construcción de la reforma a la salud)
El contralor también expresó dudas con respecto a la Adres (la entidad que maneja la plata del sistema de salud). Si no se realizan ajustes en sus procesos, indicó Rodríguez, podría haber un riesgo de pérdida de los recursos del sistema. El contralor mencionó tres aspectos que preocupan a la entidad:
- Las debilidades en la Adres, con respecto al seguimiento de los recursos del sistema, así como de los procesos de auditoría de cuentas médicas de no SOAT y Recobros por parte de las EPS.
- La tercerización de la auditoría de cuentas de su competencia, ya que es necesario evaluar el costo-beneficio de esa tercerización “que ha generado también inconvenientes o trastornos al flujo de recursos”, según la Contraloría.
- Debilidades y riesgos en los ejercicios de fiscalización como la ausencia de talento humano para la realización de auditorías.
El contralor también dijo que, en el marco de la reforma a la salud, la Contraloría se enfocaría en la Adres y sus procesos internos de manejo, uso, destinación y flujo de los recursos.
“Surge para esta Contraloría el interrogante acerca de cómo serán los procesos de auditoría y seguimiento al giro de recursos del sistema, por parte de la Adres, de ahora en adelante, ante el nuevo panorama de riesgos implícito en la reforma, el cual debe ser sopesado, evaluado y mitigado al máximo, para evitar la posible pérdida de recursos del sector, pues esta administradora, además del manejo de los mismos, se propone tenga a cargo los procesos de contratación de los servicios de salud”, anotó.
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