Contraloría rechaza que se le obligue a realizar estudios forenses a las EPS
La Contraloría General de la República ha rechazado su vinculación en la demanda presentada por el Ministerio de Salud contra 21 EPS. El Ministerio de Salud busca la participación de la Contraloría y la Supersalud como encargadas de proteger los derechos colectivos afectados.
La Contraloría General de la República reaccionó a la demanda que interpuso hace unos días el Ministerio de Salud en contra de 21 EPS y en donde, además de esas empresas, se menciona al ente de control.
Minsalud pide en la demanda que se vincule al proceso a la Contraloría y la Supersalud en calidad de encargadas de proteger los derechos colectivos supuestamente afectados. Según la Contraloría, Minsalud pide al juez de conocimiento “que se decrete y practique interrogatorio al Dr. Carlos Mario Zuluaga, en calidad de Contralor General de la República en funciones y en condición de testimonio técnico”, dado que supuestamente el funcionario conoce los fundamentos en que se soporta la demanda contra las EPS.
Es en ese contexto en el que Zuluaga reacciona. El contralor encargado “rechaza enfáticamente su vinculación, así como el hecho de que se haya solicitado su interrogatorio y de pretender coactivamente, mediante orden judicial, que se realice auditoría forense a las EPS”.
Para Zuluaga no resulta claro si la acción lo vincula en calidad de demandado o de testigo técnico. “En cualquier caso, el Contralor General no es el llamado a comparecer en los estrados judiciales, en calidad de testigo técnico. En los procesos judiciales, a los informes de la Contraloría General se les deben dar el valor probatorio que corresponda, junto con los demás medios de prueba allegados al expediente”.
“Nuevamente, el ministro de Salud desconoce la autonomía del ente de control, como cuando quiso ordenarnos levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello”, enfatizó Zuluaga. Y agregó: “Hago una invitación cordial al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a respetar las esferas de competencia autónoma del ente fiscalizador para garantizar la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público, sin convertir a la Contraloría en contraparte de uno de sus sujetos vigilados”. (Puede ver: Un hombre cercano a Petro y al sindicalismo llega a Nueva EPS)
La demanda contra las EPS
La acción judicial contra las EPS fue interpuesta ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá con base en un supuesto hecho que Minsalud expone en el documento: el incumplimiento de las aseguradoras de un indicador que engloba las llamadas “reservas técnicas”. La demanda considera, entonces, que se han violado los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa y al acceso al servicio público de Seguridad Social en Salud y a su prestación eficiente y oportuna.
Esta reserva actúa como una especie de seguro financiero, asegurando que las EPS dispongan de fondos suficientes para cubrir costos y contingencias futuras, y está sujeta a un régimen de inversiones para garantizar su crecimiento y liquidez. Como explicamos en este artículo, aunque la mayoría de las EPS admiten no cumplir plenamente con este indicador, la controversia radica en las razones detrás de eso.
Puede ver: Todo lo que tiene que saber del linaje JN.1 de covid-19 en Colombia
En términos contables, las EPS crean reservas técnicas mediante el uso de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el Estado les proporciona de manera anticipada para cubrir el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Sin embargo, las EPS argumentan que la insuficiencia de la UPC ha llevado a la utilización de recursos de su patrimonio y de sus reservas para operar día a día.
“Una prima insuficiente acarrea pérdidas técnicas para las EPS, acumula pérdidas y diezma los patrimonios de las EPS”, explicaba Acemi, el gremio de esas entidades del régimen contributivo en un comunicado de noviembre. La lógica de eso, vista desde esas empresas, es la siguiente: como la UPC no está alcanzando, las EPS se ven en la obligación de utilizar recursos de su patrimonio y de reservas para seguir operando.
Velo corporativo
La otra situación a la que se refiere la Contraloría cuando recuerda que minsalud “quiso ordenarnos levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello” sucedió a finales de noviembre de 2023. En medio de las tensiones que generó la ruptura de Sanitas con Cruz Verde, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dio una rueda de prensa en la que hizo tres solicitudes: realizar auditorias al pago de los recursos adeudados por la EPS a los proveedores y realizar una auditoría “forense” al flujo de recursos; a la Supersalud le pidió certificar que Sanitas no cumple con indicadores económicos como el de patrimonio adecuado; y a la Contraloría le solicitó levantar el velo corporativo de la EPS.
Como explicamos por aquellos días en este artículo, esa petición no era fácil de llevar a cabo. El velo corporativo es una medida legal que protege los activos personales de los propietarios de una empresa al separarlos del patrimonio de la sociedad. Levantarlo es una medida excepcional en el ordenamiento colombiano. “Eso se ordena cuando se ha hecho un ejercicio abusivo del derecho a asociarse. En otras palabras, cuando yo constituyo una sociedad, pero lo hago para utilizarla en forma indebida, ilegal, en fraude a terceros o sencillamente cuando estoy intentando simular que hay una separación patrimonial, cuando no la hay”, nos decía David Sotomonte, investigador de Derecho Comercial de la U. Externado
Al ser preguntado sobre qué información esperaba conocer el Ministerio solicitando el levantamiento de velo en Sanitas, el ministro Jaramillo respondió: “Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con los dineros. En ese entramado que hay, necesitamos entender dónde se está quedando el dinero. No podemos entender que mientras alegan que están mal, ve uno que compran clínicas y expanden su negocio”.
Poco tiempo después de la petición, la Contraloría respondió muy en línea con lo que opinaban los expertos. “Esta es una figura que se utiliza para determinar si algunas empresas o personas jurídicas utilizan su razón social como fachada para desviar los recursos del Estado”, explicó Zuluaga. En palabras un poco más simples, tiene que haber indicios de que una sociedad incurrió en un detrimento de recursos públicos, o que los socios de esa sociedad se enriquecieron indebidamente usando como fachada la sociedad.
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La Contraloría General de la República reaccionó a la demanda que interpuso hace unos días el Ministerio de Salud en contra de 21 EPS y en donde, además de esas empresas, se menciona al ente de control.
Minsalud pide en la demanda que se vincule al proceso a la Contraloría y la Supersalud en calidad de encargadas de proteger los derechos colectivos supuestamente afectados. Según la Contraloría, Minsalud pide al juez de conocimiento “que se decrete y practique interrogatorio al Dr. Carlos Mario Zuluaga, en calidad de Contralor General de la República en funciones y en condición de testimonio técnico”, dado que supuestamente el funcionario conoce los fundamentos en que se soporta la demanda contra las EPS.
Es en ese contexto en el que Zuluaga reacciona. El contralor encargado “rechaza enfáticamente su vinculación, así como el hecho de que se haya solicitado su interrogatorio y de pretender coactivamente, mediante orden judicial, que se realice auditoría forense a las EPS”.
Para Zuluaga no resulta claro si la acción lo vincula en calidad de demandado o de testigo técnico. “En cualquier caso, el Contralor General no es el llamado a comparecer en los estrados judiciales, en calidad de testigo técnico. En los procesos judiciales, a los informes de la Contraloría General se les deben dar el valor probatorio que corresponda, junto con los demás medios de prueba allegados al expediente”.
“Nuevamente, el ministro de Salud desconoce la autonomía del ente de control, como cuando quiso ordenarnos levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello”, enfatizó Zuluaga. Y agregó: “Hago una invitación cordial al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a respetar las esferas de competencia autónoma del ente fiscalizador para garantizar la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público, sin convertir a la Contraloría en contraparte de uno de sus sujetos vigilados”. (Puede ver: Un hombre cercano a Petro y al sindicalismo llega a Nueva EPS)
La demanda contra las EPS
La acción judicial contra las EPS fue interpuesta ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá con base en un supuesto hecho que Minsalud expone en el documento: el incumplimiento de las aseguradoras de un indicador que engloba las llamadas “reservas técnicas”. La demanda considera, entonces, que se han violado los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa y al acceso al servicio público de Seguridad Social en Salud y a su prestación eficiente y oportuna.
Esta reserva actúa como una especie de seguro financiero, asegurando que las EPS dispongan de fondos suficientes para cubrir costos y contingencias futuras, y está sujeta a un régimen de inversiones para garantizar su crecimiento y liquidez. Como explicamos en este artículo, aunque la mayoría de las EPS admiten no cumplir plenamente con este indicador, la controversia radica en las razones detrás de eso.
Puede ver: Todo lo que tiene que saber del linaje JN.1 de covid-19 en Colombia
En términos contables, las EPS crean reservas técnicas mediante el uso de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el Estado les proporciona de manera anticipada para cubrir el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Sin embargo, las EPS argumentan que la insuficiencia de la UPC ha llevado a la utilización de recursos de su patrimonio y de sus reservas para operar día a día.
“Una prima insuficiente acarrea pérdidas técnicas para las EPS, acumula pérdidas y diezma los patrimonios de las EPS”, explicaba Acemi, el gremio de esas entidades del régimen contributivo en un comunicado de noviembre. La lógica de eso, vista desde esas empresas, es la siguiente: como la UPC no está alcanzando, las EPS se ven en la obligación de utilizar recursos de su patrimonio y de reservas para seguir operando.
Velo corporativo
La otra situación a la que se refiere la Contraloría cuando recuerda que minsalud “quiso ordenarnos levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello” sucedió a finales de noviembre de 2023. En medio de las tensiones que generó la ruptura de Sanitas con Cruz Verde, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dio una rueda de prensa en la que hizo tres solicitudes: realizar auditorias al pago de los recursos adeudados por la EPS a los proveedores y realizar una auditoría “forense” al flujo de recursos; a la Supersalud le pidió certificar que Sanitas no cumple con indicadores económicos como el de patrimonio adecuado; y a la Contraloría le solicitó levantar el velo corporativo de la EPS.
Como explicamos por aquellos días en este artículo, esa petición no era fácil de llevar a cabo. El velo corporativo es una medida legal que protege los activos personales de los propietarios de una empresa al separarlos del patrimonio de la sociedad. Levantarlo es una medida excepcional en el ordenamiento colombiano. “Eso se ordena cuando se ha hecho un ejercicio abusivo del derecho a asociarse. En otras palabras, cuando yo constituyo una sociedad, pero lo hago para utilizarla en forma indebida, ilegal, en fraude a terceros o sencillamente cuando estoy intentando simular que hay una separación patrimonial, cuando no la hay”, nos decía David Sotomonte, investigador de Derecho Comercial de la U. Externado
Al ser preguntado sobre qué información esperaba conocer el Ministerio solicitando el levantamiento de velo en Sanitas, el ministro Jaramillo respondió: “Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con los dineros. En ese entramado que hay, necesitamos entender dónde se está quedando el dinero. No podemos entender que mientras alegan que están mal, ve uno que compran clínicas y expanden su negocio”.
Poco tiempo después de la petición, la Contraloría respondió muy en línea con lo que opinaban los expertos. “Esta es una figura que se utiliza para determinar si algunas empresas o personas jurídicas utilizan su razón social como fachada para desviar los recursos del Estado”, explicó Zuluaga. En palabras un poco más simples, tiene que haber indicios de que una sociedad incurrió en un detrimento de recursos públicos, o que los socios de esa sociedad se enriquecieron indebidamente usando como fachada la sociedad.
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