Contratos con hospitales, una preocupación en el sistema de salud de los maestros

Cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó el nuevo sistema de salud a los maestros de Fecode, prometió, entre aplausos, que cualquier profesor, sin importar su ubicación en el país, podría acceder “al servicio que merece”. “Que pueda escoger su proveedor sin limitaciones”, afirmó una y otra vez. La propuesta, decía, era aumentar el número de proveedores (hospitales y clínicas) de alrededor de 3.000 que había en el viejo modelo, a unos 11.000.

Cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó el nuevo sistema de salud a los maestros de Fecode, prometió, entre aplausos, que cualquier profesor, sin importar su ubicación en el país, podría acceder “al servicio que merece”. “Que pueda escoger su proveedor sin limitaciones”, afirmó una y otra vez. La propuesta, decía, era aumentar el número de proveedores (hospitales y clínicas) de alrededor de 3.000 que había en el viejo modelo, a unos 11.000.

Más de veinte días después de iniciado el modelo, la promesa no se está cumpliendo, reconoció el propio Jaramillo la semana pasada en el Senado: “Dimos un montón de vueltas para quedar en lo mismo”.

Para una de las personas que está en Fecode en cargo directivo, pero que prefiere reservar su nombre, el nuevo sistema de salud está marchando, incluso, peor que el anterior. “Los cambios tenían que darse con paso seguro y, efectivamente, para mejorar y no para empeorar. Hoy estamos peor”.

Aunque el presidente Gustavo Petro y el mismo Jaramillo aseguraron el viernes que hay casos, como el del Cauca, donde el modelo de los profesores está funcionando de manera adecuada, hay varios ejemplos que contradicen esa versión. Un profesor y veedor de salud en San Andrés le contó a El Espectador que el único hospital de la zona no ha podido contratar el portafolio de servicios con la Fiduprevisora y que no hay otros proveedores disponibles para la atención primaria. Además, carecen de servicios de niveles superiores. Desde Sincelejo, un médico anestesiólogo nos reportó que aún no se ha definido dónde se prestarán la consulta externa y los controles de enfermedades crónicas, raras y oncológicas.

“Ha habido manifestaciones, miles de quejas por el descontento, pero sobre todo por la incertidumbre que genera no tener un servicio de salud a la mano. Cuando nosotros en el magisterio, si algo teníamos, así fuera malo, era la garantía de un servicio. Ahora ni siquiera sabemos a dónde ir”, dice María Antonieta Cano Acosta, dirigente sindical de Fecode.

Esas inquietudes han hecho que varias personas que están involucradas con este modelo se hagan una pregunta, fundamental en este asunto: ¿Qué es lo que está pasando con la contratación de los hospitales y clínicas del magisterio?

Carta de “intenciones”

El nuevo modelo del magisterio se planteó con dos objetivos. Primero, eliminar la intervención de los operadores, esas uniones temporales que eran las encargadas de contratar a las clínicas y hospitales en las 10 regiones en las que estaba dividido el país. Y, segundo, constituir una gran red de prestadores que le permitiera a los maestros ir al hospital que quisieran a recibir atención primaria y especializada. Sin los operadores, la función de contratación recayó en la Fiduprevisora, una fiducia liderada por Mauricio Marín y cuyo equipo tendría que hacer, en poco más de un mes, hasta 11.000 contratos con las IPS. A partir del 1 de mayo, los contratos con las clínicas y hospitales expiraban.

El Ministerio de Salud, que tenía la labor de asesorar y acompañar técnicamente la construcción de este modelo, planteó que esa red nacional de servicios de salud estuviera constituida por tres niveles: uno primario, que debía garantizarse en los municipios; uno complementario, que debía garantizarse en la región; y uno de excelencia, con centros especializados como el Instituto de Cancerología, que sería de carácter nacional.

Para poder conformar esa red, se abrió un banco de proveedores al que se podía inscribir cualquier IPS (pública, privada o mixta), cumpliendo ciertos requisitos. De ese “banco”, la Fiduprevisora seleccionaría la red para hacer los contratos.

Según decía Mauricio Marín, el presidente de la Fiduprevisora, en un debate de control político la semana pasada en el Senado, de ese banco de proveedores ya hacen parte, con corte al 19 de mayo, 6.565 IPS de 12.790 que hay registradas en el país, lo que garantizaba, según él, una cobertura de un 94% en lo que tiene que ver con la red primaria. “El riesgo de vida está absolutamente cubierto”, aseguró.

Sin embargo, lo contradijo el propio ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Eso no es cierto. Nosotros tenemos 600 municipios en donde solo hay instituciones públicas y esos no han sido contratados, y allá hay maestros. Entonces no puede estar la red a un 94% contratada. No se han contratado los [hospitales] públicos”.

Lo cierto es que Marín y Jaramillo hablaban de cosas distintas. Cuando el primero se refería a las 6.565 IPS, hacía alusión a que ese número de hospitales, clínicas o consultorios públicos y privados enviaron una carta de intenciones para ser parte del banco de proveedores del Fomag (la gran bolsa de recursos que tienen los maestros y cuyo consejo directivo toma todas las decisiones). De ese grupo, la Fiduprevisora envió de regreso una aceptación a 1.069 IPS, dijo el presidente de esa en el debate de control político.

Sin embargo, la aceptación de esa carta no es un contrato, que era lo que estaba exigiendo el ministro de Salud. Ese documento “es como una especie de acuerdo de voluntades”, aclara Luis Hernán Sánchez Montoya, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia.

Marín y Jaramillo tienen cifras muy distintas que se contradicen. Por ejemplo, mientras la información que reveló el ministro de Salud en el debate de control político del 20 de mayo indica que la Fiduprevisora no había contratado con ninguno de los hospitales públicos, la que expone Marín apunta a que ya se han firmado, por lo menos, 170 contratos con las IPS públicas. El Espectador se comunicó con la fiducia para aclarar esa cifra, pero como ha sido usual en esta discusión, no contestó.

En todo caso, y por lo menos en Antioquia, dice Sánchez, “desde el 1 de mayo no hay un contrato escrito entre los hospitales y la Fiduprevisora. Lo que hay es la aceptación de esa carta de interés que le llegó a prácticamente la totalidad de hospitales diciendo: atiéndame a los profesores que yo le voy a pagar después, mientras hacemos contrato”.

Esa condición se repite en todo el país, según nos confirmaron desde Fecode y también desde La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi).

“Como hospitales manifestamos interés y apoyo total a la propuesta para la implementación del nuevo modelo. Al igual que nosotros, la asociación de cooperativas de hospitales manifestó su interés y todos presentaron la documentación para ser incluidos en el directorio de la Fiduprevisora para prestar los servicios. ¿Qué nos encontramos? A pesar de que muchos de los hospitales públicos presentaron toda la documentación, algunos no fueron incluidos en la red y algunos otros fueron incluidos como complementarios, siendo únicos prestadores en zonas alejadas”, dice Olga Lucia Zuluaga, directora de Acesi.

En este punto, entonces, surge otra pregunta: ¿la aceptación de la carta de intención obliga a los hospitales a prestar el servicio? Para Marín la respuesta es sí: “Con las ofertas que ellos (las IPS) lanzan, se constituye lo que en derecho se configura como elementos esenciales del contrato, que están además en el artículo 845 del código de comercio. Cuando nosotros las aceptamos, enviamos el ‘ok’ a esas ofertas”, decía en el debate.

Con él concuerda Zuluaga, la directora de Acesi: “La carta de intención presta mérito ejecutivo, porque la convocatoria se abrió con unas condiciones macro establecidas. Esa carta de intención que llegó a los prestadores funge como contrato”.

Pero no todas las IPS actúan así. “Hay algunas que lo han hecho así, pero hay otras que se niegan a hacerlo”, confirma Victoria Avendaño, ejecutiva de Fecode. Esa negativa a prestar los servicios bajo una carta de intenciones y no bajo un contrato, está ocurriendo más en las IPS de mediana y alta complejidad, nos confirmaron varias las fuentes que consultamos.

Esto explicaría las dificultades en la atención de enfermedades crónicas. Hace poco más de una semana, por mencionar un caso, frente a la Fiduprevisora estaba Marisol Gamboa, que lleva más de 30 años afiliada a Fecode y venía desde Norte de Santander. Bajo el brazo tenía una carpeta con más de 80 denuncias de pacientes oncológicos del magisterio que, como ella, no habían recibido atención médica, ni tratamientos, ni medicamentos. La principal razón, aseguraba, es que en el nuevo modelo no habían contratado a los oncólogos que trabajaban en el centro donde solían recibir atención.

¿Por qué se niegan a hacerlo? “Esperan un contrato donde se defina cuál va a ser el régimen tarifario”, responde Avendaño.

Los prestadores que consultamos esperan que, tal cual lo prometió la Fiduprevisora, durante los siguientes meses las cartas de intención se vuelvan contratos. Sin embargo, la segunda duda que tienen en este debate es ¿con quién se está contratando?

“En algunas regiones nos dimos cuenta de que los contratos se están direccionando a los operadores antiguos del modelo”, dice Zuluaga, de Acesi. Algunos de los operadores del modelo de salud anterior tenían también clínicas y hospitales bajo su propiedad, en algo que en el sistema de salud se llama “integración vertical”. Cuando el modelo cambió, el 1 de mayo, dejaron de ser operadores, pero continuaron en el sistema como prestadores.

“Todo el nivel primario lo contrataron con unas determinadas personas. En Cali, Farallones, no tiene sitios de atención. El primer nivel quedó cerrado totalmente”, denunció Jaramillo en el Senado. En departamentos como Antioquia, por ejemplo, el anterior operador tenía sus clínicas, que siguen atendiendo a los maestros bajo el nuevo modelo. “Mucho de lo que se estaba prometiendo no era fácil de cumplir”, reflexiona finalmente Sandra García Jaramillo, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y quien ha trabajado con el Ministerio de Educación. Mucho menos, agrega, “con este grado de improvisación”.