Corte llamó la atención de las EPS y el Gobierno por su manejo de la obesidad

En un fallo, la Corte Constitucional le llamó a atención el Gobierno Nacional por no reglamentar la ley que define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles como prioridad de salud pública. Esto sucedió luego de que una mujer presentara una tutela contra Nueva EPS, pues se negaron a realizarle una valoración para determinar si era apta o no para una cirugía bariátrica.

En un inicio, la tutela fue negada en primera y segunda instancia, pues, según la Corte, no existían órdenes médicas para establecer que la salud de la mujer estuviera en peligro. Sin embargo, la Sala Novena de Revisión sí consideró que “se pasó por alto que la enfermedad de obesidad le ha generado afectaciones físicas y psicológicas, lo que se traduce en una limitación para vivir en plenitud”.

Por ese motivo, la Corte llamó la atención al Gobierno y dijo que debía “reglamentar y promover políticas públicas sobre alimentación saludable, actividad física y educación de los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo. Lo anterior, por cuanto la obesidad es un asunto prioritario de salud pública”.

Respecto a Nueva EPS, dijo que debía implementar políticas de prevención de esa enfermedad y, además, conformar un programa de apoyo psicológico para los usuarios que la presenten.

Además, la sala mencionó, como se lee en un comunicado de la Corte Constitucional, que “la obesidad es una enfermedad de origen multifactorial y debe tratarse de manera interdisciplinar” También recordó que “la obesidad y el sobrepeso afectan al 56,4% de la población colombiana” y que “le corresponde al Gobierno Nacional reglamentar la ley mediante la cual se determinó que la obesidad es un asunto prioritario de salud pública”.

Lea también: La obesidad y el sobrepeso le cuestan a Colombia $2.4 billones de pesos al año.

Como se sabe, el problema de la obesidad es mucho más complejo alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta sucede por “la confluencia de múltiples y complejos factores”, como la genética, la evolución y la alimentación con productos ultraprocesados.

A nivel mundial, la OMS señaló que fueron más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años quienes tenían sobrepeso. De ellos, 650 millones eran obesidad. La situación también es agravante en Colombia. Según un estudio presentado por UNICEF y la Fundación ALZAK, entre 2015 y 2020, por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes, se perdieron 643 años de vida saludable por año, debido al sobrepeso y a la obesidad.

Pero, además, estas condiciones también le están costando mucho dinero a Colombia. Como informamos anteriormente en El Espectador, el estudio de UNICEF y ALZAK evaluó dos tipos de costos: los directos, que son básicamente la plata que tiene que gastar el sistema de salud y las familias para atender la obesidad y el sobrepeso y las enfermedades relacionadas con ellas; y los costos indirectos, que se refieren al dinero que pierde la sociedad colombiana con, por ejemplo, la muerte prematura de un joven en la etapa más productiva de su vida. El estudio encontró que entre esos dos costos el país pierde unos $2.4 billones de pesos al año en promedio.

Ahora, al detallar un poco la cifra saltan algunas sorpresas. Por ejemplo, aunque Colombia se enorgullece de tener uno de los gastos de bolsillo en salud más pequeños de Latinoamérica (alrededor del 15%, según una estimación de junio de 2022 del Minsalud) para cubrir los costos de atención médica, en lo que se refiere a obesidad y sobrepeso en niños, niñas y adolescentes, ese gasto de bolsillo está disparado.

Según el estudio de la Fundación ALZAK y UNICEF, mientras el sistema de salud está asumiendo unos $3.694 millones de pesos al año por la atención de sobrepeso, obesidad y las enfermedades relacionadas con ellas, las familias colombianas están pagando $7.412 millones.

En un fallo, la Corte Constitucional le llamó a atención el Gobierno Nacional por no reglamentar la ley que define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles como prioridad de salud pública. Esto sucedió luego de que una mujer presentara una tutela contra Nueva EPS, pues se negaron a realizarle una valoración para determinar si era apta o no para una cirugía bariátrica.

En un inicio, la tutela fue negada en primera y segunda instancia, pues, según la Corte, no existían órdenes médicas para establecer que la salud de la mujer estuviera en peligro. Sin embargo, la Sala Novena de Revisión sí consideró que “se pasó por alto que la enfermedad de obesidad le ha generado afectaciones físicas y psicológicas, lo que se traduce en una limitación para vivir en plenitud”.

Por ese motivo, la Corte llamó la atención al Gobierno y dijo que debía “reglamentar y promover políticas públicas sobre alimentación saludable, actividad física y educación de los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo. Lo anterior, por cuanto la obesidad es un asunto prioritario de salud pública”.

Respecto a Nueva EPS, dijo que debía implementar políticas de prevención de esa enfermedad y, además, conformar un programa de apoyo psicológico para los usuarios que la presenten.

Además, la sala mencionó, como se lee en un comunicado de la Corte Constitucional, que “la obesidad es una enfermedad de origen multifactorial y debe tratarse de manera interdisciplinar” También recordó que “la obesidad y el sobrepeso afectan al 56,4% de la población colombiana” y que “le corresponde al Gobierno Nacional reglamentar la ley mediante la cual se determinó que la obesidad es un asunto prioritario de salud pública”.

Lea también: La obesidad y el sobrepeso le cuestan a Colombia $2.4 billones de pesos al año.

Como se sabe, el problema de la obesidad es mucho más complejo alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta sucede por “la confluencia de múltiples y complejos factores”, como la genética, la evolución y la alimentación con productos ultraprocesados.

A nivel mundial, la OMS señaló que fueron más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años quienes tenían sobrepeso. De ellos, 650 millones eran obesidad. La situación también es agravante en Colombia. Según un estudio presentado por UNICEF y la Fundación ALZAK, entre 2015 y 2020, por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes, se perdieron 643 años de vida saludable por año, debido al sobrepeso y a la obesidad.

Pero, además, estas condiciones también le están costando mucho dinero a Colombia. Como informamos anteriormente en El Espectador, el estudio de UNICEF y ALZAK evaluó dos tipos de costos: los directos, que son básicamente la plata que tiene que gastar el sistema de salud y las familias para atender la obesidad y el sobrepeso y las enfermedades relacionadas con ellas; y los costos indirectos, que se refieren al dinero que pierde la sociedad colombiana con, por ejemplo, la muerte prematura de un joven en la etapa más productiva de su vida. El estudio encontró que entre esos dos costos el país pierde unos $2.4 billones de pesos al año en promedio.

Ahora, al detallar un poco la cifra saltan algunas sorpresas. Por ejemplo, aunque Colombia se enorgullece de tener uno de los gastos de bolsillo en salud más pequeños de Latinoamérica (alrededor del 15%, según una estimación de junio de 2022 del Minsalud) para cubrir los costos de atención médica, en lo que se refiere a obesidad y sobrepeso en niños, niñas y adolescentes, ese gasto de bolsillo está disparado.

Según el estudio de la Fundación ALZAK y UNICEF, mientras el sistema de salud está asumiendo unos $3.694 millones de pesos al año por la atención de sobrepeso, obesidad y las enfermedades relacionadas con ellas, las familias colombianas están pagando $7.412 millones.