En la mañana de este lunes (26 de febrero) la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados en el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha. La decisión, explicó la Corte, fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 que, a través del Auto 2882 de noviembre de 2023, declaró “el nivel de cumplimiento bajo de la orden vigesimocuarta”. (Lea: Ministerio de Salud explica cuál es la situación de disponibilidad de insulina)
Esta orden, continúa el alto tribunal, “busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional debe destinar al pago de determinados servicios y tecnologías en salud, concretamente, de aquellos que ha establecido que deberán ser recobrados por las EPS una vez entregados a la población —procedimiento de recobro—, toda vez que no se financian con la UPC ni los Presupuestos Máximos”.
Para cumplir con este objetivo, en julio de 2019, el gobierno del presidente Iván Duque firmó el Acuerdo de Punto Final, en la que se estableció que el Estado pagaría a las EPS todas las deudas pendientes por los servicios y tecnologías que no fueron cubiertos por UPC ni Presupuestos Máximos hasta diciembre de 2019. La idea de estas medidas, era evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS e IPS. (Lea: Precisiones sobre las muertes que, según Petro, no evitó el sistema de salud)
El problema, reconoció la Corte, es que la Sala encontró que, con corte a 2023, no se había efectuado el pago total de la deuda, lo que, según el mismo gobierno, se debía haber completado en agosto de 2022. Además, la Sala también identificó montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo, sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales y que, a partir de 2020, “surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios”.
Para saldar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Punto Final y que no han sido cumplidos, como lo evidenció la Sala, el Ministerio de Salud tendrá dos meses, es decir, hasta el 26 de abril. (Lea: Invima y farmacéutica Sanofi se reunirán para hablar de disponibilidad de la insulina)
Sobre esta orden, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que reúne a las EPS más importantes del régimen contributivo, calificó el pronunciamiento de la Corte Constitucional como “de la mayor importancia”.
Vesga agregó que “la oportunidad en el pago de los dineros a las EPS contribuyen al adecuado flujo de los recursos en el sistema y sobre todo aseguran y garantizar que no hay barreras de acceso para la población y que la atención de los ciudadanos que día a día hacen las EPS se puede hacer de manera fluida”.
“En el caso del régimen subsidiado de salud, las cuantas adeudadas son importante, pero menores a las que tiene el régimen contributivo y que están en este último caso a cargo de la Adres. El punto final en el régimen subsidiado se refiere fundamentalmente a deudas de las entidades territoriales del orden departamental y distrital, que tenían la competencia del pago de lo no financiado con la UPC antes de 2020″, dijo, por otra parte, Carmen Eugenia Dávila, presidenta de Gestarsalud, el gremio de las EPS del subisidiado.
Para Dávila, “el Gobierno así no sea el deudor principal en el caso de régimen subsidiado, sí debe procurar el flujo financiero efectivo de los recursos del sector. Por lo que se esperaría que se avance urgente en lo ordenado por la Corte”.
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