COVID-19: ¿está asfixiando aún más los recursos del sistema de salud?
A pesar de algunas inyecciones, como el pago por disponibilidad de camas UCI, clínicas y hospitales reportan sobrecostos de hasta el 163 % en elementos de protección y del 90% en algunos medicamentos. Una breve guía para entender de dónde salen los recursos y cómo se mueven.
María Mónica Monsalve
Durante la pandemia del coronavirus todos empezamos a tomar decisiones en modo emergencia. Habrá quienes frente a la amenaza de una posible escasez salieron a gastarse unos pesos de más de lo usual en papel higiénico o geles con alcohol. Otros, en cambio, decidieron abastecer su despensa con latas de atún y comida duradera. Quizás algunas familias corrieron a las droguerías en busca de termómetros, acetaminofén y cientos de tapabocas. Y unos cuantos más les pidieron a sus vecinos y amigos que les prestaran plata para estar mejor preparados frente a lo que venía. (Lea: “La corrupción está enquistada en Colombia”: secretaria de Transparencia)
Al nivel del sector salud sucedió lo mismo. Las clínicas y los hospitales casi que se reestructuraron internamente para poder tener más camas UCI para pacientes con coronavirus, el personal de salud tuvo que empezar a usar más y mejores tapabocas, algunos medicamentos claves entraron en escasez y el Gobierno creó el Fondo de Mitigación por Emergencias (Fome). Cuando se trata de una crisis lo importante es hacer, moverse, para evitar mayores daños.
Pero ahora que estamos en un momento valle de la pandemia, surgen las mismas preguntas que uno se haría con los gastos que se tienen en el hogar. ¿Fueron suficientes los recursos? ¿A dónde se fue específicamente cada peso y de dónde vino? ¿Hubo sobrecostos en el proceso? En Colombia, encontrar las respuestas a estas dudas no es tan fácil y, por supuesto, depende de a quién se le pregunte.
Un médico anestesiólogo que trabaja en una clínica de Bogotá -pero que prefiere no dar su nombre- arroja unas cifras que conoce. En enero de 2020 se hicieron en su servicio 1.360 procedimientos, con un sobrecosto de solo 1,5 % frente al promedio histórico. Pero si se mira lo que pasó en diciembre de 2020, ya con la pandemia disparada abordo, los procedimientos bajaron a solo 600, con un sobrecosto del 42 %. “Si se dividen estos datos en cuánto fue el sobrecosto por cada procedimiento, puede llegar a ser de hasta el 105 % para los peores meses”, comenta.
Su experiencia es respaldada con lo que narra el doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), quien asegura que al problema crónico de flujo de recursos con el que ya venían las clínicas y los hospitales del país se sumó la pandemia, incrementando los gastos, pero bajando la facturación. Antes de la pandemia, por ejemplo, la ACHC había calculado que se les debía hasta $11,2 billones para diciembre de 2019. De hecho, una de las banderas del Gobierno en cuanto a temas de salud -antes de la pandemia- era la Ley de Punto Final que, en palabras sencillas, buscaba saldar las enredadas deudas históricas que existen en el sector salud.
“Veníamos avanzando, pero en marzo de 2020, con el COVID-19, a clínicas y hospitales les tocó empezar a hacer maniobras de expansión interna y externa para adecuarnos ante los picos”, cuenta. Para lograrlo tuvieron que implementar varios cambios que aumentaron los gastos, como el de rotar personal, contratar a más personas y comprar más elementos de protección personal. Esto último, asegura, no se trata de una cifra menor o de “simples tapabocas”. A partir del reporte que recibieron de 93 clínicas y hospitales, que representan el 13,3 % de las camas de Colombia, encontraron que el aumento del gasto en estos elementos fue de hasta un 163 %. Mientras el promedio mensual destinado a estos elementos en 2019 era de $47 millones, durante 2020 se mantuvo cerca de los $100 millones, llegando hasta $195 millones en julio.
¿Pero quién asumió ese costo? Según los mismos datos, el 72,5 % lo cargaron las clínicas y los hospitales, 9,2 % fueron donaciones, 9,2 % el Gobierno y 1,7 % vino de otras fuentes. (Puede leer: OMS pide no politizar la búsqueda científica de los orígenes del coronavirus)
Pero los gastos disparados no pararon ahí. En medio de la pandemia explotó una crisis anunciada: la de escasez de medicamentos para tratar a pacientes COVID-19. Las lógicas del mercado funcionaron como se esperaba: si hay poco de un recurso se ofrece a mayor precio. A través de una encuesta que hicieron a 71 clínicas y hospitales, la ACHC calculó que el precio de medicamentos como el fentanil, el midazolam y el propofol aumentó en un 95, 81 y 74 % respectivamente.
“Todo esto sucedió mientras las clínicas y los hospitales tuvieron que adecuarse, lo que también implicó disminuir la prestación de servicios no relacionados con coronavirus”, comenta Giraldo. En otras palabras, les dejó de entrar plata por servicios que, o les pagaban los pacientes o que no podían ofrecer por la pandemia, “llegando a ver una caída de las facturaciones en un promedio del 34 %”.
Aunque el Gobierno no ignoró el tema y lo intentó solventar con medidas como el pago por cama UCI o intermedia disponible -sobre lo que se hablará más adelante-, Giraldo insiste en que no fue suficiente. “No todo ha sido malo. Se ha hecho un esfuerzo, como un alivio de casi $250 mil millones por deudas que entró a hospitales públicos, y eso ha ayudado. Pero las necesidades del día se renuevan y esto terminó siendo insuficiente”.
En otras palabras, si se les pregunta a clínicas y hospitales sobre cómo los afectó la pandemia financieramente, la respuesta sencilla es que los recursos se quedaron cortos frente al sobrecosto de servicios, incluso desde 2020.
La historia, en cambio, es ligeramente diferente desde las EPS. En palabras de Gestarsalud, asociación de varias EPS, aunque sí se ha observado una tendencia al “aumento en las tarifas de los servicios de mayor demanda para la atención de la pandemia, lo que ha traído consigo un cambio en los montos a reconocer a las instituciones prestadoras de servicios por parte de las EPS”, creen que es muy pronto para afirmar que existan sobrecostos.
Por su parte, Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), indica que, aunque desde 2020 sí se generaron sobrecostos por temas COVID-19, los servicios habituales, como consultas o procedimientos reprogramables, bajaron, llegando a un equilibrio relativo para 2020. El lío vendrá, para él, en este 2021, ya que están operando tanto los servicios COVID-19 como los no COVID-19 y ahora “sí habrá estrés financiero”. (Lea también: Variantes Alfa, Gamma, Delta y las otras 59 que circulan en Colombia)
En lo que sí están de acuerdo tanto hospitales como EPS es que la UPC, que es el monto que les da el Gobierno a cada EPS por afiliado y cuyos recursos son en realidad el grueso con el que se financian la gran mayoría de los servicios de salud, se quedó corto.
¿De dónde está saliendo la plata?
Entender las cuentas del sistema de salud es una tarea compleja. Se suele hablar de la plata del sector salud en un lenguaje casi propio: de cartera, de glosas, de lo que se cobra a UPC y otros términos que confunden. Este será un intento por hacerlo lo más simple posible.
El coronavirus, por ser una enfermedad respiratoria, se financia con el UPC (recordemos, la plata que el Gobierno les da a las EPS por cada afiliado). El encargado de desembolsar este dinero, así como el de cualquier otro tratamiento o medicamento que se financie a través de la UPC, es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, más conocida como Adres. Bajo esa lógica, lo que ha gastado Colombia en UCI por COVID-19, medicamentos, anestésicos, etc., está dentro de los giros que la Adres le hace mensual y semanalmente a las EPS, dependiendo si son del régimen contributivo o subsidiado.
Según le explicó Álvaro Rojas, director de Liquidaciones y Garantías de la Adres a El Espectador, durante 2020 la suma de estos giros fue de $25,24 billones para el régimen contributivo y de $24,58 billones para el subsidiado, lo que significa que, comparado con el año 2018, hubo un incremento del 13 y el 26 % respectivamente. “Antes y durante la pandemia estos giros se han dado de manera oportuna, con un flujo constante”, comenta. “Además, su aumento ha sido progresivo, ya que está determinado por el incremento de la UPC que determina el Ministerio de Salud”.
Lo nuevo que ha traído la pandemia es que la Adres ha sido la encargada de ejecutar nuevos recursos, que vienen del Fome y que buscan financiar mecanismos de emergencia necesarios para enfrentar la pandemia. Se trata de un punto importante, porque también da luces de cuánto le ha costado a Colombia el COVID-19.
El primer mecanismo es el pago por disponibilidad de camas UCI o intermedias. Se trató de un alivio dirigido a clínicas y hospitales para que pudieran mantener las camas abiertas, incluso en períodos valle, y poder pagarles a sus empleados. Así se garantizaban dos cosas: una mayor inyección de recursos y estar preparados, con las camas listas, para los picos. La Adres, a través de Rojas, explica que por este mecanismo se giraron $463.490 millones y se beneficiaron 388 clínicas y hospitales.
Aunque se trata de una medida que destaca Giraldo, de la ACHC, también dice que el tiempo en el que se ejecutó fue muy corto, ya que el Gobierno solo la implementó durante siete meses. “En camas UCI hubo una expansión impresionante: de 5.300 a 13.300. Este pago de disponibilidad fue lo que permitió mantener esta infraestructura incluso en momentos valle, así que desde la ACHC le estamos pidiendo al Gobierno que vuelva a implementar este mecanismo. Es cierto que, tras el tercer pico, la ocupación de UCI está entre el 40 y 50 %, pero el número de camas también se redujo ya a 12.200. Y se seguirán cerrando. ¿Qué pasará cuando llegue otro pico?”.
El segundo mecanismo, y quizás el más conocido, es la bonificación al talento humano en salud, que la Adres giró directamente a cada persona. En este punto se dieron $402.982 millones, que beneficiaron a 265.977 personas. Además, como se volvió a abrir una especie de nueva ventana para que los que no alcanzaron a postularse lo hagan, Rojas calcula que se girarán unos $100.000 millones más.
Un mecanismo de emergencia COVID-19 menos popular es el que se llama compensación RS. Básicamente este dinero, que equivale a siete días de salario mínimo por familia, fue entregado a personas del régimen subsidiado que se contagiaron de COVID-19. Su objetivo era que tuvieran un recurso para el “día a día” y no se vieran forzados a ir a trabajar y correr el riesgo de contagiar a otras personas. El dinero se entregó a 192.780 familias y sumó $40.220 millones. (Podría leer: Precios de las vacunas: el debate abierto por la transparencia de contratos)
El cuarto gasto de emergencia que manejó la Adres fueron las pruebas COVID-19, y hay que tener claro que solo incluyó las que se hacían a través de las EPS. Se trató de un monto $931.490 millones para 5’395.663 pruebas realizadas. Finalmente, el quinto elemento es el activo por emergencia que buscaba que una persona que perdía su trabajo -y, por ende, dejaba de contribuir a la salud- no fuera desvinculado de la EPS. ¿Cómo? Básicamente el Gobierno, con recursos del Fome, asumía ese costo. Acá se gastaron $862.585 millones a través de 3’496.690 beneficios.
Canastas COVID-19: un recurso aún en el papel
En medio de la emergencia de salud y los gastos que implica parece existir un debate central: si la plata de la UPC alcanza o no para cubrir todos los gastos de más que implicó tratar a las personas que llegaron al hospital por COVID-19. En caso de que no, el Gobierno, en el papel, tiene una solución: se trata de la canasta COVID-19 o una suma de dinero que daría el Gobierno para pagar los servicios relacionados al COVID-19 directamente (y que estos no vengan de la UPC).
“En la UPC están estimados los gastos por enfermedades respiratorias. Pero lo que tiene que estudiar el Gobierno es si la frecuencia de esas enfermedades aumentó a tal punto que supera la capacidad de la UPC para sostener estos gastos”, explica Morales, de Acemi.
Las EPS dicen que sí, que ya se necesita que la canasta COVID-19 salga del papel a la acción. Los de la ACHC, también. La diferencia es que los últimos están pidiendo al Gobierno que las canastas lleguen directamente a clínicas y hospitales directamente, sin pasar por las EPS, para aliviar una falta de flujo de recursos que parece estar asfixiándolos. El Gobierno aún no ha hecho un anuncio oficial sobre si las canastas COVID-19 finalmente se implementarán, pero hay, desde el sector salud, alta expectativa de que lo haga en las próximas semanas.
Durante la pandemia del coronavirus todos empezamos a tomar decisiones en modo emergencia. Habrá quienes frente a la amenaza de una posible escasez salieron a gastarse unos pesos de más de lo usual en papel higiénico o geles con alcohol. Otros, en cambio, decidieron abastecer su despensa con latas de atún y comida duradera. Quizás algunas familias corrieron a las droguerías en busca de termómetros, acetaminofén y cientos de tapabocas. Y unos cuantos más les pidieron a sus vecinos y amigos que les prestaran plata para estar mejor preparados frente a lo que venía. (Lea: “La corrupción está enquistada en Colombia”: secretaria de Transparencia)
Al nivel del sector salud sucedió lo mismo. Las clínicas y los hospitales casi que se reestructuraron internamente para poder tener más camas UCI para pacientes con coronavirus, el personal de salud tuvo que empezar a usar más y mejores tapabocas, algunos medicamentos claves entraron en escasez y el Gobierno creó el Fondo de Mitigación por Emergencias (Fome). Cuando se trata de una crisis lo importante es hacer, moverse, para evitar mayores daños.
Pero ahora que estamos en un momento valle de la pandemia, surgen las mismas preguntas que uno se haría con los gastos que se tienen en el hogar. ¿Fueron suficientes los recursos? ¿A dónde se fue específicamente cada peso y de dónde vino? ¿Hubo sobrecostos en el proceso? En Colombia, encontrar las respuestas a estas dudas no es tan fácil y, por supuesto, depende de a quién se le pregunte.
Un médico anestesiólogo que trabaja en una clínica de Bogotá -pero que prefiere no dar su nombre- arroja unas cifras que conoce. En enero de 2020 se hicieron en su servicio 1.360 procedimientos, con un sobrecosto de solo 1,5 % frente al promedio histórico. Pero si se mira lo que pasó en diciembre de 2020, ya con la pandemia disparada abordo, los procedimientos bajaron a solo 600, con un sobrecosto del 42 %. “Si se dividen estos datos en cuánto fue el sobrecosto por cada procedimiento, puede llegar a ser de hasta el 105 % para los peores meses”, comenta.
Su experiencia es respaldada con lo que narra el doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), quien asegura que al problema crónico de flujo de recursos con el que ya venían las clínicas y los hospitales del país se sumó la pandemia, incrementando los gastos, pero bajando la facturación. Antes de la pandemia, por ejemplo, la ACHC había calculado que se les debía hasta $11,2 billones para diciembre de 2019. De hecho, una de las banderas del Gobierno en cuanto a temas de salud -antes de la pandemia- era la Ley de Punto Final que, en palabras sencillas, buscaba saldar las enredadas deudas históricas que existen en el sector salud.
“Veníamos avanzando, pero en marzo de 2020, con el COVID-19, a clínicas y hospitales les tocó empezar a hacer maniobras de expansión interna y externa para adecuarnos ante los picos”, cuenta. Para lograrlo tuvieron que implementar varios cambios que aumentaron los gastos, como el de rotar personal, contratar a más personas y comprar más elementos de protección personal. Esto último, asegura, no se trata de una cifra menor o de “simples tapabocas”. A partir del reporte que recibieron de 93 clínicas y hospitales, que representan el 13,3 % de las camas de Colombia, encontraron que el aumento del gasto en estos elementos fue de hasta un 163 %. Mientras el promedio mensual destinado a estos elementos en 2019 era de $47 millones, durante 2020 se mantuvo cerca de los $100 millones, llegando hasta $195 millones en julio.
¿Pero quién asumió ese costo? Según los mismos datos, el 72,5 % lo cargaron las clínicas y los hospitales, 9,2 % fueron donaciones, 9,2 % el Gobierno y 1,7 % vino de otras fuentes. (Puede leer: OMS pide no politizar la búsqueda científica de los orígenes del coronavirus)
Pero los gastos disparados no pararon ahí. En medio de la pandemia explotó una crisis anunciada: la de escasez de medicamentos para tratar a pacientes COVID-19. Las lógicas del mercado funcionaron como se esperaba: si hay poco de un recurso se ofrece a mayor precio. A través de una encuesta que hicieron a 71 clínicas y hospitales, la ACHC calculó que el precio de medicamentos como el fentanil, el midazolam y el propofol aumentó en un 95, 81 y 74 % respectivamente.
“Todo esto sucedió mientras las clínicas y los hospitales tuvieron que adecuarse, lo que también implicó disminuir la prestación de servicios no relacionados con coronavirus”, comenta Giraldo. En otras palabras, les dejó de entrar plata por servicios que, o les pagaban los pacientes o que no podían ofrecer por la pandemia, “llegando a ver una caída de las facturaciones en un promedio del 34 %”.
Aunque el Gobierno no ignoró el tema y lo intentó solventar con medidas como el pago por cama UCI o intermedia disponible -sobre lo que se hablará más adelante-, Giraldo insiste en que no fue suficiente. “No todo ha sido malo. Se ha hecho un esfuerzo, como un alivio de casi $250 mil millones por deudas que entró a hospitales públicos, y eso ha ayudado. Pero las necesidades del día se renuevan y esto terminó siendo insuficiente”.
En otras palabras, si se les pregunta a clínicas y hospitales sobre cómo los afectó la pandemia financieramente, la respuesta sencilla es que los recursos se quedaron cortos frente al sobrecosto de servicios, incluso desde 2020.
La historia, en cambio, es ligeramente diferente desde las EPS. En palabras de Gestarsalud, asociación de varias EPS, aunque sí se ha observado una tendencia al “aumento en las tarifas de los servicios de mayor demanda para la atención de la pandemia, lo que ha traído consigo un cambio en los montos a reconocer a las instituciones prestadoras de servicios por parte de las EPS”, creen que es muy pronto para afirmar que existan sobrecostos.
Por su parte, Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), indica que, aunque desde 2020 sí se generaron sobrecostos por temas COVID-19, los servicios habituales, como consultas o procedimientos reprogramables, bajaron, llegando a un equilibrio relativo para 2020. El lío vendrá, para él, en este 2021, ya que están operando tanto los servicios COVID-19 como los no COVID-19 y ahora “sí habrá estrés financiero”. (Lea también: Variantes Alfa, Gamma, Delta y las otras 59 que circulan en Colombia)
En lo que sí están de acuerdo tanto hospitales como EPS es que la UPC, que es el monto que les da el Gobierno a cada EPS por afiliado y cuyos recursos son en realidad el grueso con el que se financian la gran mayoría de los servicios de salud, se quedó corto.
¿De dónde está saliendo la plata?
Entender las cuentas del sistema de salud es una tarea compleja. Se suele hablar de la plata del sector salud en un lenguaje casi propio: de cartera, de glosas, de lo que se cobra a UPC y otros términos que confunden. Este será un intento por hacerlo lo más simple posible.
El coronavirus, por ser una enfermedad respiratoria, se financia con el UPC (recordemos, la plata que el Gobierno les da a las EPS por cada afiliado). El encargado de desembolsar este dinero, así como el de cualquier otro tratamiento o medicamento que se financie a través de la UPC, es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, más conocida como Adres. Bajo esa lógica, lo que ha gastado Colombia en UCI por COVID-19, medicamentos, anestésicos, etc., está dentro de los giros que la Adres le hace mensual y semanalmente a las EPS, dependiendo si son del régimen contributivo o subsidiado.
Según le explicó Álvaro Rojas, director de Liquidaciones y Garantías de la Adres a El Espectador, durante 2020 la suma de estos giros fue de $25,24 billones para el régimen contributivo y de $24,58 billones para el subsidiado, lo que significa que, comparado con el año 2018, hubo un incremento del 13 y el 26 % respectivamente. “Antes y durante la pandemia estos giros se han dado de manera oportuna, con un flujo constante”, comenta. “Además, su aumento ha sido progresivo, ya que está determinado por el incremento de la UPC que determina el Ministerio de Salud”.
Lo nuevo que ha traído la pandemia es que la Adres ha sido la encargada de ejecutar nuevos recursos, que vienen del Fome y que buscan financiar mecanismos de emergencia necesarios para enfrentar la pandemia. Se trata de un punto importante, porque también da luces de cuánto le ha costado a Colombia el COVID-19.
El primer mecanismo es el pago por disponibilidad de camas UCI o intermedias. Se trató de un alivio dirigido a clínicas y hospitales para que pudieran mantener las camas abiertas, incluso en períodos valle, y poder pagarles a sus empleados. Así se garantizaban dos cosas: una mayor inyección de recursos y estar preparados, con las camas listas, para los picos. La Adres, a través de Rojas, explica que por este mecanismo se giraron $463.490 millones y se beneficiaron 388 clínicas y hospitales.
Aunque se trata de una medida que destaca Giraldo, de la ACHC, también dice que el tiempo en el que se ejecutó fue muy corto, ya que el Gobierno solo la implementó durante siete meses. “En camas UCI hubo una expansión impresionante: de 5.300 a 13.300. Este pago de disponibilidad fue lo que permitió mantener esta infraestructura incluso en momentos valle, así que desde la ACHC le estamos pidiendo al Gobierno que vuelva a implementar este mecanismo. Es cierto que, tras el tercer pico, la ocupación de UCI está entre el 40 y 50 %, pero el número de camas también se redujo ya a 12.200. Y se seguirán cerrando. ¿Qué pasará cuando llegue otro pico?”.
El segundo mecanismo, y quizás el más conocido, es la bonificación al talento humano en salud, que la Adres giró directamente a cada persona. En este punto se dieron $402.982 millones, que beneficiaron a 265.977 personas. Además, como se volvió a abrir una especie de nueva ventana para que los que no alcanzaron a postularse lo hagan, Rojas calcula que se girarán unos $100.000 millones más.
Un mecanismo de emergencia COVID-19 menos popular es el que se llama compensación RS. Básicamente este dinero, que equivale a siete días de salario mínimo por familia, fue entregado a personas del régimen subsidiado que se contagiaron de COVID-19. Su objetivo era que tuvieran un recurso para el “día a día” y no se vieran forzados a ir a trabajar y correr el riesgo de contagiar a otras personas. El dinero se entregó a 192.780 familias y sumó $40.220 millones. (Podría leer: Precios de las vacunas: el debate abierto por la transparencia de contratos)
El cuarto gasto de emergencia que manejó la Adres fueron las pruebas COVID-19, y hay que tener claro que solo incluyó las que se hacían a través de las EPS. Se trató de un monto $931.490 millones para 5’395.663 pruebas realizadas. Finalmente, el quinto elemento es el activo por emergencia que buscaba que una persona que perdía su trabajo -y, por ende, dejaba de contribuir a la salud- no fuera desvinculado de la EPS. ¿Cómo? Básicamente el Gobierno, con recursos del Fome, asumía ese costo. Acá se gastaron $862.585 millones a través de 3’496.690 beneficios.
Canastas COVID-19: un recurso aún en el papel
En medio de la emergencia de salud y los gastos que implica parece existir un debate central: si la plata de la UPC alcanza o no para cubrir todos los gastos de más que implicó tratar a las personas que llegaron al hospital por COVID-19. En caso de que no, el Gobierno, en el papel, tiene una solución: se trata de la canasta COVID-19 o una suma de dinero que daría el Gobierno para pagar los servicios relacionados al COVID-19 directamente (y que estos no vengan de la UPC).
“En la UPC están estimados los gastos por enfermedades respiratorias. Pero lo que tiene que estudiar el Gobierno es si la frecuencia de esas enfermedades aumentó a tal punto que supera la capacidad de la UPC para sostener estos gastos”, explica Morales, de Acemi.
Las EPS dicen que sí, que ya se necesita que la canasta COVID-19 salga del papel a la acción. Los de la ACHC, también. La diferencia es que los últimos están pidiendo al Gobierno que las canastas lleguen directamente a clínicas y hospitales directamente, sin pasar por las EPS, para aliviar una falta de flujo de recursos que parece estar asfixiándolos. El Gobierno aún no ha hecho un anuncio oficial sobre si las canastas COVID-19 finalmente se implementarán, pero hay, desde el sector salud, alta expectativa de que lo haga en las próximas semanas.