¿Cuál es el futuro del plan contra el desabastecimiento de medicamentos del Invima?

Un día después de que el Consejo de Estado anulara la orden judicial que obligaba al Invima a diseñar y ejecutar un plan para combatir el desabastecimiento de algunos medicamentos que ha vivido Colombia en los últimos dos años, la agencia sanitaria colombiana suspendió un proceso de contratación de más de 200 personas, en su mayoría químicos farmacéuticos. Este equipo buscaba agilizar, precisamente, ese plan.

Un día después de que el Consejo de Estado anulara la orden judicial que obligaba al Invima a diseñar y ejecutar un plan para combatir el desabastecimiento de algunos medicamentos que ha vivido Colombia en los últimos dos años, la agencia sanitaria colombiana suspendió un proceso de contratación de más de 200 personas, en su mayoría químicos farmacéuticos. Este equipo buscaba agilizar, precisamente, ese plan.

La decisión del Consejo de Estado se conoció el pasado miércoles 23 de octubre. Como explicamos en detalle en este periódico, el alto tribunal dejó sin efecto una medida cautelar que había tomado en octubre de 2023 el Tribunal de Cundinamarca. En ese fallo, el tribunal le ordenó al Invima agilizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos y alimentos que estaban supuestamente pendientes en ese momento. A pesar de que el Invima presentó ese plan y reportó en varias oportunidades algunos avances en su implementación, interpuso un recurso de apelación contra esa decisión

El Consejo de Estado falló, entonces, a favor del Invima (y del Ministerio de Salud), dejando en el aire una pregunta: ¿seguirá la agencia sanitaria su plan, ahora que ya no tiene la obligación legal de hacerlo?

“Es necesario que dé continuidad al plan, primero para descongestionar los trámites que llevan un tiempo considerable sin responder a la industria; y, segundo, porque la entidad necesita evacuar esto para que se pueda dedicar a una reingeniería interna con temas de fondo que hoy no le permiten avanzar al ritmo y las necesidades de los sectores productivos del país y el fortalecimiento del sistema sanitario”, señala, por ejemplo, Clara Isabel Rodríguez Serrano, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica.

La respuesta del Invima a esta pregunta es directa: sí. La entidad se compromete a continuar con la ejecución del plan de desabastecimiento que presentó cumpliendo la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, a pesar de que ya no exista hoy una orden judicial vigente. La agencia sanitaria colombiana estima que son poco más de 7.000 trámites los que siguen pendientes. “Vamos a continuar con el objetivo de evacuar todos los trámites pendientes este año”, dice Francisco Rossi, director del Invima, en entrevista con este diario. Sin embargo, hay retos muy importantes: falta de personal y de recursos.

Sin contratos

A las 9:30 p.m. del 24 de octubre, un correo de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima llegó a la bandeja de entrada de más de 200 personas. En el mensaje, esta dirección —responsable de evaluar y tramitar las solicitudes de registro, renovación y modificación de medicamentos biológicos, entre otras funciones— invitaba a conectarse a una reunión virtual el 25 de octubre (es decir, el viernes pasado) a las 9:30 a.m. en donde se “socializaría el estado del proceso de contratación del segundo semestre 2024″.

El Invima estaba adelantado un proceso de contratación a través de una convocatoria pública. A algunos de los profesionales esa convocatoria les llegó hace dos meses, a otros hace un poco más. “Yo envié todos los documentos para contratación con corte a septiembre. Pasó un mes y no pasó nada. Llegó octubre y nos volvieron a pedir todo, actualizamos los datos en la plataforma de contratación pública y todo parecía listo”, dice una de las personas que participó de ese proceso, y que prefiere que su nombre no sea mencionado para cuidar posibles procesos futuros. “En ese contexto, llegó la citación de la reunión del viernes. Nos conectamos a la sesión aproximadamente 230 personas”, cuenta.

En la reunión estaba, por parte del Invima, Sandra María Montoya, directora técnica de Medicamentos y Productos Biológicos, acompañada de sus coordinadores y de su equipo legal. “Inició la reunión diciéndonos que es muy valiosa nuestra participación, que el Invima estaba complacido de tener tantos profesionales conectados, de conocer las habilidades y características técnicas, científicas, laborales y demás. Pero que nos quería comunicar que el Ministerio de Hacienda les había confirmado que no iba a asignar la adición presupuestal para hacer la contratación. Entonces, que lamentablemente no podían continuar”.

La reacción de las personas no se hizo esperar. Según nos confirmó esa fuente y otra más que también conoce de cerca ese proceso, muchos de los participantes reclamaron. “Lo más grave es que uno tiene que pagar afiliaciones a salud como independiente para participar de ese proceso, porque es uno de los requisitos. Había personas que llevaban hasta tres meses pagando eso. Además, algunos habían rechazado otras ofertas, porque para participar de un proceso en el Invima no podemos tener conflictos de interés, y si yo trabajo en la industria, ya los tengo”, cuenta un químico que participó de esa reunión.

Falta personal y no hay plata

Que la decisión de suspender el proceso de contratación se haya tomado pocas horas después de conocido el fallo del Consejo de Estado dejó con un muy mal sabor a los participantes del proceso, y también a funcionarios internos de la entidad.

La idea era contratar entre 200 y 300 contratistas. “Se cae el fallo del Tribunal de Cundinamarca, que era la justificación para priorizar y agilizar los trámites. Sabemos que esa contratación estaba atada al auto del Tribunal. La coincidencia con el fallo del Consejo de Estado es muy provocadora”, dice alguien que trabaja en el Invima. “Se pusieron a armar un proceso de contratación sin tener certeza de la plata. Hoy, no hay suficientes contratistas e internamente no sabemos cómo vamos a evacuar todos los tramites este año”.

“Se había tomado la decisión de tener una transferencia de recursos que venían del Ministerio de Salud. Pero se tuvieron varios conflictos y dificultades administrativas en la forma en que se maneja el presupuesto y en los pasos que tiene cualquier trámite que tiene que ver con el manejo de los recursos de un Ministerio a un instituto descentralizado”, explica Rossi. Y ahí fue, agrega, “donde finalmente se enredó ese proceso, porque la decisión que tomamos, cuando ya se había firmado los convenios, ya se había dado los pasos, ya se había buscado a la gente, es que el tiempo ya no nos iba a permitir cumplir con la ejecución. Porque había pasos que seguían pendientes. Fue por las dificultades administrativas”.

Sobre la pregunta de por qué la entidad abrió un proceso de contratación si no tenía certeza del dinero para llevarlo a buen fin, Rossi señala: “Ese siempre será un debate cuando se trata de recursos públicos. Si te esperas a tener todo para comenzar el proceso, no hay ninguna posibilidad de que pase nada. Y en este caso, era muy apretado. En la medida en que fue avanzando el proceso, comenzamos a buscar y se alcanzó a generar un buen banco de potenciales contratistas. Sabemos que internamente genera disgusto, y es lo que vamos a intentar ajustar, porque además no hay alternativa”. El director del Invima señala que sigue buscando recursos para “tener al menos un grupo, hasta donde alcancemos, con alguna parte de esos profesionales”. En todo caso, Rossi reconoce que falta personal.

Sin embargo, el director del Invima señala que la entidad tomó una decisión hacia el mediano y largo plazo. “Hemos tenido mucho una discusión en el instituto. Hay que contratar gente para evacuar lo represado, pero la concepción que tenemos, al analizar la situación, es que esto no se va a arreglar con más gente. Claro que necesitamos más gente, pero necesitamos más gente para poder ponernos al día, siempre y cuando se hagan cambios estructurales, y eso es en lo que estamos trabajando. Insistiendo más en los cambios estructurales que en tener gran cantidad de personas para la evacuación”, agrega.

La decisión que tomaron en el Invima, entonces, “es que no vamos a seguir haciendo contratos para tener más personal que nos permite solo ponernos al día, porque la situación se reproduce. Yo no sé cuantas veces el Invima ha tomado la decisión, porque hay trámites represados, de traer un poco de personal, ponerse al día, y la cosa vuelve a reproducirse algún tiempo después. Eso se ha repetido mucho porque no hay cambios estructurales. Vamos a ponernos al día en la medida en la que sea posible, pero para el año entrante vamos a tener cambios estructurales”, promete el director del Invima que espera, por ejemplo, que la solicitud de un registro en Colombia tome entre 20 minutos y una hora.

La falta de personal en el Invima no es un problema nuevo. El propio Invima ha reconocido que tiene una planta que no se ajusta a lo que espera el país de su agencia sanitaria. A pesar de que el decreto 2079 de 2012 autorizó una planta de personal de 1,520 funcionarios, la entidad cerró el primer semestre de 2024 con 1.162 funcionarios.

Nada indica que algo vaya a cambiar en 2025. El 23 de marzo de 2024, el Invima le pidió al Ministerio de Hacienda la aprobación de un presupuesto para el próximo año de $643.000 millones de pesos, 150% más del que recibió para 2024 (que fue de $257.000 millones). Ese monto serviría, justificó el Invima, para realizar una restructuración y rediseño interno que permitiría tener una planta de 3,371 funcionarios, que la entidad considera clave para fortalecerse y que es el plan al que se refiere Rossi cuando promete cambios estructurales en 2025. Sin embargo, Hacienda respondió el 11 de abril que el Invima debía ajustar su anteproyecto a un monto de $330.657 millones, muy lejos de la cifra solicitada al inicio.

Ese presupuesto de $330.657 millones no costearía el rediseño que pretende la entidad para contratar 3,371 funcionarios, pero ni siquiera permite mantener los 1,520 que el Invima ya debería tener. En contraste, ese monto solo soportaría, según le respondió la agencia a la Comisión Séptima del Congreso en agosto de 2024, una planta de 1,320 funcionarios.

Pero la cosa podría ser peor. El 29 de julio pasado, el Ministerio de Hacienda radicó finalmente su proyecto de presupuesto para 2025. En él, le adjudicó un presupuesto de $242.017 millones al Invima, un 62% menos que el presupuesto requerido por la agencia para su rediseño institucional ($643,000 millones), un 27% menos que el segundo monto que el Invima propuso ($330.657 millones) e, incluso, un 5,8% menos que los $257.000 millones que tuvo para 2024. Como las comisiones económicas no lograron un consenso respecto al presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda, la ley faculta al Gobierno a expedirlo, tal cual lo presentó, lo que indica que el monto será de $242.017 millones.

“Debemos esperar el decreto presidencial para conocer la asignación definitiva de los recursos. No obstante, la reducción de presupuesto para el Invima contemplada en la propuesta original sí resulta incoherente, ya que mientras el Gobierno afirma querer fortalecer esta entidad para mejorar sus capacidades, le asigna menos recursos que en 2024. Robustecer esta entidad no es una prioridad del Gobierno, así quieran convencernos de lo contrario”, critica David Luna, senador por Cambio Radical y quien ha liderado en diversas oportunidades debates de control y seguimiento a las actuaciones del Invima.

Una de las preguntas clave que deja esa asignación presupuestal es con qué recursos el Invima va a desarrollar el plan de rediseño que pretende su director.

“La razón por la cual Hacienda nos está dando esa respuesta es la razón por la cual le está dando la misma respuesta a todo mundo. La situación fiscal es muy complicada. Estamos recibiendo apoyo de la Andi, de las cámaras de comercio, buscando apoyo en la OPS (Organización Panamericana de la Salud), embajadas y cooperación internacional, para poder cumplir con ese plan de rediseño. Yo creo que el rediseño, tal como lo habíamos concebido con los $600.000 millones, era muy difícil. Era difícil dar ese salto. Pero sí habíamos encontrado un mecanismo de hacer esto gradualmente. Es cuestión de cuáles son los recursos que tenemos, las prioridades y cómo podemos movernos paralelamente. Eso es un sacrificio grande porque esperamos evacuar todo lo que está pendiente este año e iniciar el nuevo modelo en el momento en el que lo tengamos listo”, finaliza Rossi.

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