Desde enero de 2021 y hasta el 21 de septiembre de este año, 55 niños y niñas menores de cinco años han fallecido por desnutrición o causas asociadas en La Guajira. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), el 93% de las víctimas corresponden a población indígena.
La misma institución dio a conocer que los pueblos indígenas más afectados, han sido los Wayúu (46 fallecimientos), Wiwa (3), Kogui (2) y Arhuaco (1). A esto se suma que, el 83,9% de las muertes se presentaron en niñas y niños que residían en zonas rurales, y el 7,1% de los casos correspondió a hijas o hijos de madres cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años. (Lea: OMS condenó ataque contra hospital palestino que deja cientos de muertos)
Si bien esta situación es bastante alarmante, hay otros datos preocupantes. En ese mismo periodo, informa el INS, fueron notificados 1993 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años en el departamento, lo que lo ubica como el segundo lugar con mayor número de notificaciones. Esto representa un aumento del 47% en comparación con los casos registrados en el mismo periodo del 2022.
El 96 % de las notificaciones correspondió a niñas y niños en estrato socioeconómico 1, y el 16,5 % se identificó como casos reincidentes; es decir, una niña o niño que se recupera y regresa a su comunidad, pero no logra las garantías necesarias para tener un estado óptimo de nutrición y vuelve a presentar condiciones de desnutrición. (Lea: Consultorios atendidos por estudiantes, la idea que les preocupa a los psicólogos)
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las diferentes autoridades a implementar acciones integrales que permitan enfrentar esta situación. “Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento”, sostuvo el defensor Carlos Camargo Asís.
Para el funcionario, es clave la generación de alternativas productivas para que las poblaciones más vulnerables tengan mejores condiciones y asegurar el acceso continuo al agua potable con una amplia cobertura.
“Desde la Defensoría del Pueblo hemos verificado en terreno la vulneración sistemática de derechos como la salud; por ejemplo, municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia no cuentan con disponibilidad, accesibilidad y calidad en la atención” manifestó Camargo.