“Condiciones deplorables”: Defensoría alertó sobre crisis de salud en Guainía

En el marco de la presentación del informe del Modelo Integral de Atención en Salud (MAIS) de Guainía, la Defensoría del Pueblo advirtió que, pasados más de seis años de su implementación, se siguen presentando graves falencias y fallas estructurales, lo que ha incrementado las quejas e inconformidad de los usuarios por la falta de garantía del derecho a la salud.

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Los usuarios aseguraron que la EPS Coosalud, la única aseguradora en el departamento, no les da seguridad ni confianza. Ocurre lo mismo con la IPS Hospital Manuel Elkin Patarroyo, entregada en comodato a la Clínica Bocagrande de la red CooSalud, ya que las personas señalan que han sido víctimas de discriminación, falta de humanización y negación de servicios.

“No existe en Guainía el esquema de asegurador único propuesto que permitiría una gobernanza única en gestión, aseguramiento y prestación, así como en participación social y acción intersectorial en el servicio de salud. Por lo tanto, se requiere tomar las medidas necesarias para solucionar esta situación crítica de las comunidades”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

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Cabe recordar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-760/2008, le ordenó al Ministerio de Salud adoptar las medidas necesarias para asegurar la cobertura universal sostenible del Sistema General de Seguridad Social en Salud, verificando la existencia todos los elementos que integran el concepto de cobertura, acceso efectivo y con calidad a los servicios de salud.

Las irregularidades van desde la falta de servicios como medicina general, pasando por deficiencias en exámenes de laboratorio, hasta graves falencias en los servicios de urgencia y consulta externa. Además, persisten las barreras de afiliación, que afectan directamente a la población indígena, debido a que tienen que abandonar su territorio al ser remitidos a otras ciudades.

“No hay articulación de acciones individuales y colectivas entre la IPS, la EPS y la secretaría de salud departamental; no existe contratación con un hospital universitario y las brigadas extramurales de atención, a pesar de que el modelo establece mínimo de tres al año, que bien son insuficientes tampoco se realizan”, agregó Camargo.

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Por otra parte, las condiciones de infraestructura son deplorables en centros de salud, además de no contar con insumos para la atención, equipos de comunicación, medicamentos, e incluso agua potable. De los cuatro centros de salud que debían estar en funcionamiento, solo están habilitados dos (Barrancominas y San Felipe); de los puestos de salud, que debían ser 23, solo está habilitado el de Paujil. Aunque los demás prestan servicios, no aparecen en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, al DNP y a la Superintendencia Nacional de Salud, desarrollar acciones urgentes para solucionar las barreras de acceso a la salud para la población del Guainía.

En el marco de la presentación del informe del Modelo Integral de Atención en Salud (MAIS) de Guainía, la Defensoría del Pueblo advirtió que, pasados más de seis años de su implementación, se siguen presentando graves falencias y fallas estructurales, lo que ha incrementado las quejas e inconformidad de los usuarios por la falta de garantía del derecho a la salud.

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Los usuarios aseguraron que la EPS Coosalud, la única aseguradora en el departamento, no les da seguridad ni confianza. Ocurre lo mismo con la IPS Hospital Manuel Elkin Patarroyo, entregada en comodato a la Clínica Bocagrande de la red CooSalud, ya que las personas señalan que han sido víctimas de discriminación, falta de humanización y negación de servicios.

“No existe en Guainía el esquema de asegurador único propuesto que permitiría una gobernanza única en gestión, aseguramiento y prestación, así como en participación social y acción intersectorial en el servicio de salud. Por lo tanto, se requiere tomar las medidas necesarias para solucionar esta situación crítica de las comunidades”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

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Las irregularidades van desde la falta de servicios como medicina general, pasando por deficiencias en exámenes de laboratorio, hasta graves falencias en los servicios de urgencia y consulta externa. Además, persisten las barreras de afiliación, que afectan directamente a la población indígena, debido a que tienen que abandonar su territorio al ser remitidos a otras ciudades.

“No hay articulación de acciones individuales y colectivas entre la IPS, la EPS y la secretaría de salud departamental; no existe contratación con un hospital universitario y las brigadas extramurales de atención, a pesar de que el modelo establece mínimo de tres al año, que bien son insuficientes tampoco se realizan”, agregó Camargo.

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Por otra parte, las condiciones de infraestructura son deplorables en centros de salud, además de no contar con insumos para la atención, equipos de comunicación, medicamentos, e incluso agua potable. De los cuatro centros de salud que debían estar en funcionamiento, solo están habilitados dos (Barrancominas y San Felipe); de los puestos de salud, que debían ser 23, solo está habilitado el de Paujil. Aunque los demás prestan servicios, no aparecen en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, al DNP y a la Superintendencia Nacional de Salud, desarrollar acciones urgentes para solucionar las barreras de acceso a la salud para la población del Guainía.