Defensoría anuncia verificación del derecho a la salud tras intervención a Sanitas
El Ministerio Público realizará jornadas con los usuarios de la EPS intervenida desde ayer por la Supersalud. También se reunirán con el equipo interventor.
La Defensoría del Pueblo anunció que hará jornadas de verificación del derecho a la salud con los usuarios de la EPS Sanitas, tras la intervención anunciada ayer por parte de la Superintendencia de Salud.
Para esto, convocaron dos reuniones. La primera, el lunes 8 de abril, con las asociaciones de afiliados de Sanitas y con veedurías “para revisar con minucia lo que serán las acciones del ente que pasa a administrar la entidad promotora de salud”. La segunda, el miércoles 10 de abril, con el equipo interventor que asume las funciones administrativas de la EPS.
“El equipo interventor debe diseñar un modelo de gestión que garantice el acceso efectivo a la salud y la continuidad en los tratamientos de todas las personas afiliadas a esa entidad administradora de planes de beneficios de salud, dándoles prioridad a quienes padecen enfermedades crónicas, graves o huérfanas, sin barreras ni interrupciones”, dijo la Defensoría.
La EPS Sanitas cuenta con alrededor de 5.7 millones de afiliados, la mayoría de ellos del régimen contributivo, y venía de varias polémicas con el Gobierno. La más sonada se dio tras el anuncio de Cruz Verde, gestor de medicamentos de esa EPS, de no entregar más medicamentos que no se encontraran en el Plan de Beneficios de Salud a finales del año pasado.
“Iniciaremos visitas a través de nuestras 42 Defensorías Regionales y nuestra Delegada para el Derecho a la Salud a las sedes de Sanitas en todo el país y las de sus prestadores, con el fin de verificar el cumplimiento del abecé emitido por la Superintendencia para este proceso, siempre defendiendo los derechos de las personas que puedan llegar a verse afectadas o impactadas por la intervención, todo desde un enfoque de derechos humanos”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las jornadas también estarán enfocadas en garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la EPS y de otras entidades con las que esté vinculada, como proveedores y acreedores. .
“Para ello, el Gobierno Nacional debe garantizar el flujo de recursos a Sanitas y las demás entidades administradoras de planes de beneficios de salud, con la finalidad de que sea mejorada la situación financiera del sector”, señaló Camargo.
La Supersalud, tras la intervención que inició ayer, fue enfática en decir que los servicios que presta la EPS seguirán funcionando con normalidad y que sus afiliados no deberán realizar ningún trámite para continuar accediendo al derecho a la salud.
Además, al inicio de la tarde de hoy se conoció que la Supersalud también intervendrá a Nueva EPS, pero la entidad aún no se ha pronunciado al respecto.
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La Defensoría del Pueblo anunció que hará jornadas de verificación del derecho a la salud con los usuarios de la EPS Sanitas, tras la intervención anunciada ayer por parte de la Superintendencia de Salud.
Para esto, convocaron dos reuniones. La primera, el lunes 8 de abril, con las asociaciones de afiliados de Sanitas y con veedurías “para revisar con minucia lo que serán las acciones del ente que pasa a administrar la entidad promotora de salud”. La segunda, el miércoles 10 de abril, con el equipo interventor que asume las funciones administrativas de la EPS.
“El equipo interventor debe diseñar un modelo de gestión que garantice el acceso efectivo a la salud y la continuidad en los tratamientos de todas las personas afiliadas a esa entidad administradora de planes de beneficios de salud, dándoles prioridad a quienes padecen enfermedades crónicas, graves o huérfanas, sin barreras ni interrupciones”, dijo la Defensoría.
La EPS Sanitas cuenta con alrededor de 5.7 millones de afiliados, la mayoría de ellos del régimen contributivo, y venía de varias polémicas con el Gobierno. La más sonada se dio tras el anuncio de Cruz Verde, gestor de medicamentos de esa EPS, de no entregar más medicamentos que no se encontraran en el Plan de Beneficios de Salud a finales del año pasado.
“Iniciaremos visitas a través de nuestras 42 Defensorías Regionales y nuestra Delegada para el Derecho a la Salud a las sedes de Sanitas en todo el país y las de sus prestadores, con el fin de verificar el cumplimiento del abecé emitido por la Superintendencia para este proceso, siempre defendiendo los derechos de las personas que puedan llegar a verse afectadas o impactadas por la intervención, todo desde un enfoque de derechos humanos”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las jornadas también estarán enfocadas en garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la EPS y de otras entidades con las que esté vinculada, como proveedores y acreedores. .
“Para ello, el Gobierno Nacional debe garantizar el flujo de recursos a Sanitas y las demás entidades administradoras de planes de beneficios de salud, con la finalidad de que sea mejorada la situación financiera del sector”, señaló Camargo.
La Supersalud, tras la intervención que inició ayer, fue enfática en decir que los servicios que presta la EPS seguirán funcionando con normalidad y que sus afiliados no deberán realizar ningún trámite para continuar accediendo al derecho a la salud.
Además, al inicio de la tarde de hoy se conoció que la Supersalud también intervendrá a Nueva EPS, pero la entidad aún no se ha pronunciado al respecto.
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