Deuda de Nueva EPS podría ser mayor a la informada previamente

En marzo de este año, poco más de un mes después de haber sido nombrado como presidente de la Nueva EPS, la más grande del país, Aldo Cadena advirtió que las pérdidas de esa entidad para 2023 podrían haber sido de poco más de $411.000 millones. “Esto —agregó en ese momento Cadena— sin meter unos pasivos ocultos que nos aparecieron y que pueden ser billonarios”.

De acuerdo con el entonces presidente de la EPS (que fue intervenida a comienzos de abril), los pasivos de la empresa, que serían de billones, solo podrían conocerse tras adelantar una auditoría forense. En junio de este año, Julio Alberto Rincón, el agente que se ha hecho cargo de Nueva EPS desde su intervención, en abril de este año, le dijo a este diario, en junio, que la estimación de las pérdidas para 2023 ya había superado los 2,6 billones de pesos.

Este martes (5 de noviembre), información entregada por Nueva EPS a la senadora Paloma Valencia, tras un derecho de petición, revelaría un panorama financiero mucho más complejo.

Según los estados de la situación financiera que reveló Valencia, las pérdidas de la EPS, que tiene 10,9 millones de usuarios en el país, habrían sido por poco más de $4,4 billones en 2023. Es decir, cuatro billones de pesos más de lo advertido inicialmente por Cadena.

Otra situación sobre la que llama la atención la senadora Valencia está relacionada con los pasivos totales. Estos, según se lee en los documentos entregados por la EPS, ascenderían a $11,7 billones para 2023. Esto, agrega la congresista, sería casi el doble de la inicialmente reportada por Nueva EPS a la Superintendencia de Salud.

“En un año del gobierno Petro; los pasivos de Nueva EPS casi se duplicaron, pasando de 6,4 billones en 2022 a 11,7 billones en 2023″, agregó Valencia al respecto.

El problema, como advirtió la senadora, es que los estados financieros no serían los finales de 2023. “Ninguno contiene firmas y aparece ‘esta información no se encuentra certificada, aprobada ni dictaminada’”.

Como explicó Julio Alberto Rincón, el agente interventor de Nueva EPS, en la respuesta al derecho de petición, desde febrero de 2024, cuando se reunió la Junta Directiva de la Entidad, no se autorizaron los estados financieros. Ante esto, se solicitó una auditoría forense. Sin embargo, según reconoce Rincón, “se tiene contemplado en el plan de intervención la contratación de una auditoria forense y contable con el fin de generar garantía de la información contable en los estados financieros, de manera que representen fiablemente la realidad de la Nueva EPS”.

Hace unos días, antes de que se conociera la información revelada por la senadora Valencia, Rincón le explicó a El Espectador, que está trabajando para disminuir la deuda que tiene la EPS, al tiempo que buscan calcular las pérdidas que tendría la entidad por facturas presentadas por los prestadores que no corresponderían a servicios prestados.

Rincón insistió en otro tema que ya ha mencionado antes, al igual que Cadena, el presidente antes de la intervención: la EPS se tiene que capitalizar. Eso se lograría pidiéndole dinero al Estado, que tiene 50 + 1 de las acciones y las cajas de compensación que tienen 50 - 1 de las acciones.

Para Valencia, esta no es una opción viable. “Las deudas de la Nueva EPS se han venido agravando desde que el gobierno la está administrando y desde que la intervino. Es muy difícil pedirle a las cajas de compensación y a los demás socios que metan más plata, porque no creo que ninguna empresa quiera perder más plata ahí”, le dijo a este diario.

Mientras la senadora advirtió que se remitiría a un juez, “pues la EPS no aportó toda la información solicitada”, apuntó un dato más que tomará fuerza en estas últimas semanas del año. Según la información entregada por Nueva EPS, la siniestralidad, a junio de este año, era de 126.2 %. Es decir, de cada 100 pesos que recibe por concepto de UPC, la EPS gastó 126.2 pesos.

Para Valencia, esto se debe a que la UPC, que es el dinero que el Estado le gira a las EPS por cada usuario del sistema, es insuficiente, algo que han advertido también otros sectores. Mientras tanto, el Gobierno ha asegurado que no se trata de insuficiencia, sino de poca eficiencia en su uso.

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En marzo de este año, poco más de un mes después de haber sido nombrado como presidente de la Nueva EPS, la más grande del país, Aldo Cadena advirtió que las pérdidas de esa entidad para 2023 podrían haber sido de poco más de $411.000 millones. “Esto —agregó en ese momento Cadena— sin meter unos pasivos ocultos que nos aparecieron y que pueden ser billonarios”.

De acuerdo con el entonces presidente de la EPS (que fue intervenida a comienzos de abril), los pasivos de la empresa, que serían de billones, solo podrían conocerse tras adelantar una auditoría forense. En junio de este año, Julio Alberto Rincón, el agente que se ha hecho cargo de Nueva EPS desde su intervención, en abril de este año, le dijo a este diario, en junio, que la estimación de las pérdidas para 2023 ya había superado los 2,6 billones de pesos.

Este martes (5 de noviembre), información entregada por Nueva EPS a la senadora Paloma Valencia, tras un derecho de petición, revelaría un panorama financiero mucho más complejo.

Según los estados de la situación financiera que reveló Valencia, las pérdidas de la EPS, que tiene 10,9 millones de usuarios en el país, habrían sido por poco más de $4,4 billones en 2023. Es decir, cuatro billones de pesos más de lo advertido inicialmente por Cadena.

Otra situación sobre la que llama la atención la senadora Valencia está relacionada con los pasivos totales. Estos, según se lee en los documentos entregados por la EPS, ascenderían a $11,7 billones para 2023. Esto, agrega la congresista, sería casi el doble de la inicialmente reportada por Nueva EPS a la Superintendencia de Salud.

“En un año del gobierno Petro; los pasivos de Nueva EPS casi se duplicaron, pasando de 6,4 billones en 2022 a 11,7 billones en 2023″, agregó Valencia al respecto.

El problema, como advirtió la senadora, es que los estados financieros no serían los finales de 2023. “Ninguno contiene firmas y aparece ‘esta información no se encuentra certificada, aprobada ni dictaminada’”.

Como explicó Julio Alberto Rincón, el agente interventor de Nueva EPS, en la respuesta al derecho de petición, desde febrero de 2024, cuando se reunió la Junta Directiva de la Entidad, no se autorizaron los estados financieros. Ante esto, se solicitó una auditoría forense. Sin embargo, según reconoce Rincón, “se tiene contemplado en el plan de intervención la contratación de una auditoria forense y contable con el fin de generar garantía de la información contable en los estados financieros, de manera que representen fiablemente la realidad de la Nueva EPS”.

Hace unos días, antes de que se conociera la información revelada por la senadora Valencia, Rincón le explicó a El Espectador, que está trabajando para disminuir la deuda que tiene la EPS, al tiempo que buscan calcular las pérdidas que tendría la entidad por facturas presentadas por los prestadores que no corresponderían a servicios prestados.

Rincón insistió en otro tema que ya ha mencionado antes, al igual que Cadena, el presidente antes de la intervención: la EPS se tiene que capitalizar. Eso se lograría pidiéndole dinero al Estado, que tiene 50 + 1 de las acciones y las cajas de compensación que tienen 50 - 1 de las acciones.

Para Valencia, esta no es una opción viable. “Las deudas de la Nueva EPS se han venido agravando desde que el gobierno la está administrando y desde que la intervino. Es muy difícil pedirle a las cajas de compensación y a los demás socios que metan más plata, porque no creo que ninguna empresa quiera perder más plata ahí”, le dijo a este diario.

Mientras la senadora advirtió que se remitiría a un juez, “pues la EPS no aportó toda la información solicitada”, apuntó un dato más que tomará fuerza en estas últimas semanas del año. Según la información entregada por Nueva EPS, la siniestralidad, a junio de este año, era de 126.2 %. Es decir, de cada 100 pesos que recibe por concepto de UPC, la EPS gastó 126.2 pesos.

Para Valencia, esto se debe a que la UPC, que es el dinero que el Estado le gira a las EPS por cada usuario del sistema, es insuficiente, algo que han advertido también otros sectores. Mientras tanto, el Gobierno ha asegurado que no se trata de insuficiencia, sino de poca eficiencia en su uso.

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