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Después de que en las últimas horas la reforma a la salud del Gobierno quedara herida de muerte, debido a la firma de ocho senadores (de un total de 14 que integran la Comisión Séptima del Senado) de una ponencia de archivo al proyecto, el Ministerio de Salud parece estar considerando caminos para salvar el proyecto.
El Gobierno se estaría acercando al congresista Fabián Díaz, de la Alianza Verde, que prepara una ponencia alternativa que espera presentar a más tarde el próximo viernes. “Es una ponencia alternativa que no surge de hace unos días. Es una postura que yo había manifestado en la Comisión y se lo había dicho al ministro de Salud en el desarrollo de las audiencias y en el desarrollo mismo de las sesiones de la Comisión: que iba a presentar una ponencia alternativa”, le dice Díaz a El Espectador.
Díaz reconoce que ha habido acercamiento de congresistas del Pacto Histórico, pero señala que su ponencia no es oficialista. “Hay puntos que seguramente el Gobierno no estaría dispuesto a acompañar nunca, y uno de ellos es el régimen de transición”, dice el congresista. En uno de los puntos que más ha despertado críticas del proyecto del Ministerio de Salud, el Gobierno plantea que el régimen de transición del modelo actual al futuro modelo se debe dar en dos años, un tiempo que, para varios actores de la salud, entre académicos y políticos, es insuficiente. “Nosotros creemos que es irresponsable hacerlo en esos tiempos tan cortos, y lo que se propone es cinco años en la transición, con el fin de fortalecimiento de entidades como la ADRES, que va a tener una enorme responsabilidad con la carga que va a asumir en los giros directos entre diferentes puntos”, señala el senador. No sería el único cambio importante.
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En la ponencia alternativa del senador se mantiene la condición de que las EPS se transformen en Gestoras. “Lo que hacemos es fortalecer los mecanismos de auditoría para que los giros que se hagan a la red pública y privada estén 100% auditados”. En el proyecto de ponencia de Díaz se elimina el artículo del Gobierno que permite girar de forma anticipada hasta el 85% de los recursos y dejar el restante 15% retenido sujeto a una auditoria aleatoria, algo que también fue objeto de críticas. “Para nosotros eso sería un riesgo de corrupción y es por ello por lo que terminamos modificando a que el giro se realice a 60 días. Tengamos presente que hoy en día las EPS y la red pública y privada sobreviven con pagos de 180 días”, dice el senador.
Básicamente, lo que propone es que el 100% de las cuentas se auditen antes de girarse los recursos, pero que ese control se realice hasta 60 días después de presentada la cuenta.
Por otro lado, respecto a la red de prestadores (entre ellos hospitales y clínicas), la ponencia del senador verde propone que durante el régimen de transición se realice una caracterización de los prestadores en las regiones. “Entre los puntos que nosotros ponemos en la reforma es la caracterización para poder integrar y organizar toda la red de prestadores de servicios. Otro punto que refleja que, como repito, esta no es una ponencia de Gobierno”, dice. Otro punto clave, agrega el senador, es que en esta ponencia alternativa “se revive la libre elección del ciudadano”. Hay que recordar que el Gobierno planea que los llamados Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) sean la puerta de entrada al sistema. Los ciudadanos, pretende el proyecto oficialista, se tendrán que inscribir al CAPS más cercano a su lugar de vivienda.
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“Nosotros revivimos la libertad de elección de los pacientes para estar en un CAP o en el otro. En un punto de atención en uno o en el otro. Entonces, esa libertad la recuperarían los usuarios porque no necesariamente el hecho de que tú vivas cerca de un CAPS significa que quieras estar en ese CAPS. Este es otro punto que seguramente el Gobierno no aceptaría”. Cuando se va a las regiones, hay dos puntos más que diferencian la ponencia alterativa de la del Gobierno: una gira alrededor de la facultad de los alcaldes y gobernadores de elegir los directores de los hospitales públicos. Esa fue una discusión que generó mucho ruido en la Cámara, pues algunos congresistas como Catherine Juvinao señalaban que esa potestad, sin un control, podría prestarse para que estos políticos tuvieran autoridades sobre las instituciones médicas.
“Si bien es cierto que a los alcaldes y gobernadores no se les puede quitar constitucionalmente la elección de esos directores, ponemos unos condicionamientos muy claros, como que se tenga elegir bajo una lista de elegibles”, dice Díaz. El segundo punto tiene que ver con la llamada “financiación por oferta”, lo que quiere decir que se destinaría un presupuesto según el número de prestadores de servicios de salud de la zona. En la ponencia del Gobierno, esta “financiación por oferta” ocurre en todo el país, pero en la de Díaz, esto sucedería solo en sectores dispersos y apartados, “donde es insostenible financieramente tener un punto de atención de servicios de salud”, explica el senador. En las ciudades grandes e intermedias, eso no pasaría.
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“Buscamos evitar la fragmentación de la red en el sentido de la prestación del servicio y establecemos una responsabilidad con respecto a la falta de atención. Para evitar esa incertidumbre en torno a quién imponer una tutela en el caso de un incumplimiento en un servicio, lo dejamos explicito”, agrega el congresista. Esto hace alusión también a una crítica recurrente a la ponencia del Gobierno que versa sobre la ausencia, dicen los opositores al proyecto oficial, de una ruta clara para que los ciudadanos puedan reclamar cuando no reciben una atención, debido a que son varias las instituciones las que tienen responsabilidad: CAPS, la Adres, las Gestoras de Vida y Salud e incluso las direcciones territoriales.
Hay otros puntos que el congresista espera terminar de afinar esta semana. Los últimos acontecimientos políticos han elevado la atención sobre su ponencia alternativa, por lo que han llegado más sugerencias a su proyecto, pero Díaz es un poco escéptico de que su ponencia se vaya a convertir en una ponencia con posibilidad de éxito en el Congreso. “El Gobierno ha manifestado su intención de tratar de salvar la reforma por medio de mi ponencia, pero no creo que suceda. Hay puntos donde ellos no van a estar de acuerdo cuando ya vean el texto. Y los compañeros que manifestaron su intención de archivarla tampoco van a cambiar su posición. Yo lo que sí quiero es que el país reflexione acerca de la importancia de una reforma”, dice. (Puede ver: ¿Prohibir publicidad de cigarrillos en Netflix o Instagram?)
Para el senador es claro que, ya sea este u otro proyecto, el país necesita hacer cambios en el sistema de salud. “Una vez se caiga la reforma, porque eso va a ser inevitable, el llamado al Gobierno es sentarse con todas las partes. El Gobierno se tuvo que haber sentado a escuchar a las partes, a sanar temores, avanzar en concertación y tener una reforma, porque es que la reforma se necesita. Bien sea la del Gobierno o la que se plantee después de que se caiga la reforma, porque es que el sistema no da más”, finaliza. En esa idea concuerda casi todo el sector. La senadora Norma Hurtado, del partido de La U y cuya firma en la ponencia de archivo se volvió fundamental para que ese grupo alcanzara mayorías, le dijo ayer a El Espectador que reconoce que “el sistema necesita mejorar urgentemente en muchos puntos”.
También lo señaló Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc): “Creemos nosotros que la necesidad de una reforma sigue vigente, y, por lo tanto, tenemos que avanzar en la búsqueda de mecanismos que procuren mejorar las condiciones actuales de este sistema para que podamos conseguir mejores resultados y pueda haber mayor sostenibilidad”.
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