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El pasado martes en la tarde, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud llegaron a la sede de Sanitas, una EPS con más de 5.7 millones de usuarios, y le pidieron a los empleados de dicha empresa no tocar nada mientras el Estado asumía el control de la EPS. En la resolución 202416 de 2024 se señalan algunas de las razones que la Supersalud esgrime para tomar esta medida. Se trata de un documento de poco más de diez páginas firmadas por Luis Carlos Leal en el que se dan detalles de la situación financiera de la EPS.
El documento señala que la entidad no ha cumplido con el indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica desde el cierre de la vigencia 2020 hasta 2023. Además, indica que la siniestralidad de Sanitas aumentó un 11% entre 2019 y 2023, pasando del 92,9% al 103,9%. Para explicar de manera sencilla, la siniestralidad se refiere al dinero que una EPS gasta en relación con lo que recibe para garantizar los servicios de salud de sus afiliados. Según la cifra proporcionada por la Superintendencia, esto significa que Sanitas estaba gastando 103.9 pesos por cada 100 que recibía de la UPC (el dinero que le gira el Estado).
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Con corte a enero de 2024, continúa la resolución, Sanitas tiene una tasa de reclamaciones en salud del 26,07 acumulada a enero de 2024, así mismo se presentan 15.070 reclamaciones que corresponden a ese mismo mes. Un indicador que la Supersalud describe como “una alarmante escalada en la calidad de reclamaciones”.
Informa, además, que, durante el 2023, Sanitas tuvo un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera “significativamente el promedio nacional”. Esa tendencia, dice, se mantiene en 2024: en enero la EPS recibió 15.070 nuevas reclamaciones, lo que “demuestra no solo la continuidad sino también el posible agravamiento de los problemas subyacentes”.
Señala también que el Comité de Medidas Especiales de la entidad recomendó el primero de abril ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa para administrar a Sanitas, “debido al estado actual de las EPS y del riesgo en la prestación de servicios de salud”.
Para la Supersalud, se evidencia “una debilidad en el cumplimiento de los estatutos y la organización de la entidad, con tan solo un 28,6% en el cumplimiento de los estándares de cumplimiento”. Además, agrega la entidad, la prestación efectiva de servicios y tecnologías en salud muestra solo un 25% de cumplimiento y la red de prestadores de servicios de salud muestra un 0% de cumplimiento. En cuanto a los resultados de los indicadores de contratación y pago de tecnologías en salud, la EPS mostraba un cumplimiento del 40%.
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“La EPS ha faltado a la obligación de pago a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud. El no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud de su población afiliadas”, se puede leer. La Súper señala que las deudas con IPS ascendían para diciembre de 2023 a la suma de $2 billones de pesos, “poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedores”. (Puede ver: ABC de la intervención a Sanitas)
El interventor será Duver Dicson Vargas Rojas. Él deberá constituir una junta asesora que lo acompañará en su gestión al frente de la EPS y presentar e implementar un plan de trabajo dentro del término de treinta días. Entre las medidas que debe tomar, dice la resolución, tiene que mejorar el indicador de siniestralidad, gestionar el recaudo efectivo de la cartera radicada y conciliada ante los entes territoriales, la ADRES y demás deudores, gestionar y realizar la conciliación, depuración y pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora e “implementar medidas de salvamiento orientadas a la recuperación financiera de la EPS”.
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