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La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) se refirió en las últimas horas al documento que fue radicado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso, en el marco de la discusión del tercer debate de reforma a la salud que está pendiente de realizarse en el Senado. Dicho documento se conoció el pasado 20 de marzo y afirmaba que los costos de la reforma podrían incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, siempre que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobara un recorte de gastos de funcionamiento e inversión en otros rublos.
En un concepto emitido por sus expertos, la ANIF critica varias cosas de ese documento. En primer lugar, señala que faltan rubros por estimar. Se refiere a algo que explicamos en esta nota y es que, sobre varios de los costos, no hay una claridad absoluta. Por ejemplo, entre los costos directos se incluye la atención primaria. Allí se señalan gastos como la mano de obra directa e indirecta de los equipos de salud territoriales, además de los gastos de operación y prestación de servicios y los gastos generales como aseo, transporte y otros más. “No obstante lo anterior, es de precisar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó al Ministerio de Salud los supuestos utilizados y la sustentación de los datos utilizados para la estimación de los costos, así como los montos destinados a cada componente de costo, por vigencia; información que se encuentra en consolidación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social”, se puede leer.
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Y así, con esas aclaraciones, se estiman los costos de la mediana y alta complejidad o del plan de infraestructura que propone la reforma. Aun así, continúa la ANIF, “con los ingresos y gastos que menciona el Ministerio, la reforma a la salud acarrearía necesidades de financiamiento de más de $15 billones en los próximos nueve años. Esta situación supondría buscar recursos en otros sectores, aspecto poco viable dada la inflexibilidad del gasto”. Y agrega: “A lo anterior, se le añade el hecho de que no se contemplan posibles cambios estructurales que sufriría el sistema y que generaría presiones sobre sus fuentes”.
Sobre ese documento del Ministerio de Hacienda se ha solicitado una mesa técnica en la Comisión Séptima, donde se discute el proyecto, aunque esta no ha sido aprobada. “Lo presentado no es un aval fiscal y más bien se asemeja a un análisis financiero, al certificar gastos sin tener claro de dónde saldrán los recursos para la financiación de la reforma. Genera preocupación que para cubrir los gastos adicionales se deben sustraer fondos de otros sectores. Seguiremos analizando las cifras”, dijo la senadora Norma Hurtado (de La U).
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El Gobierno, por otro lado, defiende la sostenibilidad de su proyecto. “Hundir la Reforma a la Salud es hundir el Sistema de Salud En gobiernos pasados se quebraron 130 EPS, hoy quedan 26 EPS y 21 no cumplen requisitos para operar; su colapso es cuestión de tiempo La única forma de evitar ese colapso es que la Reforma del Gobierno pase y las EPS tengan una salida decorosa. La Reforma no está hundida y la defenderemos, es por el bien de la gente y del sistema”, dijo Wilson Arias, ponente del proyecto.
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