El Laboratorio De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (DesLAB), una organización que monitorea el acceso a la muerte digna en Colombia, presentó su más reciente informe sobre el tema. En él se reseña que 2023 se convirtió en el año con más eutanasias practicadas en el país. En total, al corte del 31 de diciembre de dicho año, se desarrollaron 271 procedimientos. Ello implica, dice el informe, un aumento del 49,7 % en comparación con el año anterior. ”Es un número alto si se compara con 2015 −primer año de aplicación de la Resolución 1216 de 2015 (hoy derogada) − en el que se desarrollaron solamente 4 procedimientos”, agregan.
Durante el 2023 hubo un relativo balance de sexo en las solicitudes elevadas ante el Sistema de Salud colombiano. 441 mujeres (53,2 %) solicitaron la eutanasia en comparación con 379 hombres (45,7 %), 9 personas (1,1 %) no reportaron el sexo. Los procedimientos se concentraron en Antioquia (Medellín) y en Bogotá (capital de Colombia). En conjunto, estas dos ciudades agrupan el 84,3 % de procedimientos llevados a cabo en Colombia. 4 de cada 10 procedimientos de muerte médicamente asistida se llevan a cabo en Antioquia y 4 de cada 10 en la ciudad de Bogotá. El restante 15,7 % de procedimientos eutanásicos desarrollados se encuentran en Valle del Cauca (Cali) con 57 casos, y en Risaralda (Pereira) con 35 casos.
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Desde 2015 –año en el que se reglamentó la eutanasia y comenzó el registro de los procedimientos– y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han realizado entonces 692 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en Colombia. Es decir, dice la organización, la eutanasia se ha multiplicado por 67 en 9 años, “una cifra nada despreciable que muestra que a medida que pasa el tiempo, que el tema se posiciona en los medios de comunicación y en la opinión pública y las personas tienen conversaciones familiares sobre el tema, más personas están interesadas en tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”.
Vale la pena recordar las cifras de los últimos tres años. En 2022 se llevaron a cabo 181 procedimientos, es decir, 15 procedimientos eutanásicos al mes. En 2021 se reportaron 112 casos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia. Finalmente, en 2020 fueron 34 casos reportados en el sistema de salud.
Una cifra más ayuda a entender el panorama. 2023 no solo fue el año en el que más procedimientos de ese tipo se hicieron, sino también en el que más solicitudes se llevaron a cabo. Según el laboratorio, se registraron 829 solicitudes, un promedio al mes de 69, que representan un aumento del 79,8 % en relación con el número de solicitudes en el año anterior. De cada 10 solicitudes, se aprobaron 3,3 procedimientos.
Esas solicitudes se hicieron en su mayoría de manera forma verbal en lugar de hacerlas de forma escrita. Del total de solicitudes registradas, el 52,2 % (433 solicitudes) se hizo de dicha manera verbal ante un profesional de la salud en el marco de una atención médica. El 17,1 % (142 solicitudes) fueron hechas de forma escrita ante una IPS o ante una empresa aseguradora. Esto se puede explicar debido a que quienes hacen solicitudes para acceder a la muerte médicamente asistida son principalmente personas que no tienen ninguna discapacidad. De las 829 solicitudes reportadas, 692 de ellas (83,5 %) no registraron una discapacidad, mientras que 137 solicitudes (16,5 %) fueron elevadas por personas con discapacidad, principalmente por personas con discapacidad física (11,9 %) y por personas con discapacidad múltiple (3,1 %).
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En el 94,6 % de las solicitudes se activaron los respectivos comités científico-interdisciplinarios para la muerte digna, que son los comités que deben decidir sobre el procedimiento. De las 784 solicitudes que derivaron en la activación de los respectivos comités, 364 personas cumplieron con requisitos y el procedimiento fue aprobado, 60 personas no cumplieron requisitos y el procedimiento fue negado. A 345 personas se les reportó la defunción antes de la decisión del comité. Al restante correspondiente de 60 solicitudes no tienen cierre de atenciones por parte del respectivo comité, es decir, la decisión sigue pendiente de tomarse.
El laboratorio señala que debido a “las respuestas incompletas del Ministerio de Salud y Protección Social”, no fue posible actualizar la información del tiempo que trascurre entre la solicitud, la activación de los Comités y la respuesta de los mismos.
¿Quiénes solicitan la eutanasia en Colombia?
La gran mayoría de procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia (691 casos) llevados a cabo en Colombia se practicaron sobre personas mayores de edad, es decir, personas mayores de 18 años. En 2023, la edad promedio de las personas que accedieron a la eutanasia fue de 62,5 años. La persona con mayor edad que accedió al procedimiento tenía 94 años y la que menor edad tenía reportó tener 21 años. En este año no se registraron procedimientos llevados a cabo en menores de edad.
“Se trata, así, de un procedimiento llevado a cabo principalmente sobre personas mayores que no tienen una edad avanzada. Cuando este dato se compara con los años de esperanza de vida al nacer, que para el 2023 correspondía en promedio a 77,578, la edad promedio de acceso a la muerte médicamente asistida se situó 15 años por debajo”, dice el organismo. En cuanto al motivo de salud detrás de la solicitud, en Colombia son los diagnósticos oncológicos el principal tipo de enfermedad: el 76 % de todos los procedimientos de eutanasia (526 casos, desde 2015) fueron practicados a personas que tenían un diagnóstico de cáncer.
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En 2023, los cinco principales tipos de cáncer que motivaron esta decisión fueron: el cáncer de estómago (25 casos), el cáncer de próstata (20 casos), el cáncer de colon (19 casos), el cáncer de páncreas (17 casos) y el cáncer de mama (12 casos). En cuanto a enfermedades no oncológicas, resaltan la Esclerosis lateral amiotrófica (9 casos), la enfermedad de Parkinson (8 casos), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (6 casos), la esclerosis múltiple (6 casos) y la enfermedad renal crónica (3 casos).
Lo que tiene que hacer la EPS
La reglamentación expedida por el Ministerio de Salud es clara en señalar que las aseguradoras están obligadas a contar con una ruta de atención que permita garantizar efectivamente el derecho a morir dignamente de sus afiliados, la cual, además, deberá ser ampliamente socializada con la red de IPS.
Con corte al 31 de diciembre de 2023, las tres EPS más grandes del país reportaron tener una ruta completa para este tema. Hablamos de Nueva EPS, EPS Sura y Sanitas. Sin embargo, dice el informe del laboratorio, dos grandes EPS del régimen contributivo (Famisanar y Compensar), no reportaron de forma completa la ruta de atención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. Tampoco lo hizo, según esa organización, la EPS Mutual Ser. Finalmente, Savia Salud y Capital Salud no reportaron ninguna ruta de atención.
La responsabilidad de garantizar este derecho también compete a las redes de atención, es decir, a las clínicas y hospitales. DesLAB recuerda que “en septiembre de 2021, la Superintendencia Nacional de Salud expidió una nueva circular externa dirigida a todos los actores del Sistema de Salud colombiano con el objetivo de avanzar en dicha transformación y monitorear los avances. Dicha norma reglamentaria ordenó a las empresas aseguradoras disponer de una red amplia de prestadores de servicios contratados para prestar los servicios de salud relacionados con la muerte digna, particularmente, con el procedimiento eutanásico. Dicha red contratada debe ser reportada cada seis meses a la mencionada entidad de control”.
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De acuerdo con los reportes que se conocen, 34 aseguradoras confirmaron que contratan una red para llevar a cabo procedimientos eutanásicos Dichas redes cubren el Distrito Capital de Bogotá y 25 departamentos en donde el procedimiento de eutanasia se presta a través de 121 IPS únicas. Esto sigue siendo un obstáculo para muchas personas, dice DesLAB, pues algunos de los departamentos más alejados de las zonas centrales y menos desarrollados socioeconómicamente no tienen cobertura alguna reportada: por ejemplo, los departamentos de Chocó, Putumayo, Vaupés, Guainía, Guaviare, Vichada y Arauca.
Aun así, contratar una red para estos procedimientos no significa inmediatamente un acceso. De las 121 IPS contratadas por las empresas aseguradoras, se cuenta con información detallada sobre su desempeño en relación con la muerte médicamente asistida para 115 de ellas. A pesar de ese número, dice DesLAB, en la práctica solamente 46 IPS han recibido y reportado solicitudes de los ciudadanos para acceder a la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia, es decir, solo el 38 % de las IPS contratadas y disponibles.
“Las solicitudes se encuentran altamente concentradas. El 69 % de las solicitudes se han efectuado en solo 9 IPS de las 121 que integran la red. Una de esas IPS concentra el 14,5 % de todas las solicitudes recibidas y reportadas; otra concentra el 12,2 % de las solicitudes y la tercera el 10,7 %127″, agrega el informe.
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