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Este 28 de septiembre, se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, y, en medio de ese panorama, Profamilia y la organización RÍOS presentaron un nuevo informe en el que se habla de las barreras de acceso a ese derecho en Colombia.
En primer lugar, es importante recordar que, en nuestro país, se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la Sentencia C-055 de 2022, también conocida como “Causa Justa”. Sin embargo, en el informe presentado por Profamilia y RÍOS se menciona que el 50 % de los municipios en Colombia enfrentan serias dificultades para garantizar este derecho. De manera más específica, de los 1.121 municipios que se tuvieron el cuenta para la realización del documento, 559 presentan panoramas poco favorables para las mujeres.
El informe tuvo en cuenta tres dimensiones. La primera evaluó la estructura, o sea la disponibilidad de recursos físicos, humanos y organizacionales para brindar un aborto con calidad. En una escala de 0 a 100, el país obtuvo un puntaje promedio de 7.7, donde las ciudades capitales sumaron 60,25 puntos y los demás municipios un promedio de 7.1.
Esto, según la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, evidencia que existe una brecha entre ciudades capitales y municipios, lo que incrementa “las barreras para acceder a servicios oportunos de salud sexual y reproductiva”.
La segunda dimensión midió el proceso, o sea las actividades y acciones relacionadas con la seguridad, eficacia y eficiencia de la ruta de acceso al aborto, en la que Colombia también tuvo un puntaje bajo, con un promedio de 20 puntos. Esta cifra, según el documento, expone la baja disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva en nuestro país.
“De los 1.121 municipios analizados, solo 15 obtuvieron puntajes superiores a 25, pero ninguno superó los 50. De hecho, solo Bogotá, Medellín y Manizales alcanzaron un indicador de 23.8 puntos sobre 100″, se lee en el texto.
La tercera y última dimensión tuvo en cuenta el impacto en el estado de salud de las pacientes según la atención que se les brindó. Este fue el único medidor con una cifra favorable, de 74,8 en promedio para todo el país, lo que quiere decir que las mujeres que han accedido al servicio, en su mayoría, no han presentado consecuencias desfavorables.
Teniendo en cuenta las tres dimensiones, el informe concluyó que el puntaje global para Colombia en cuanto el acceso al aborto fue de 34.2 sobre 100. Las cinco ciudades capitales con puntajes superiores a 60 fueron: Bucaramanga (70 puntos), Ibagué (68,7), Barranquilla (65,7), Tunja (65,1) y Popayán (64,9). Por otro lado, las cinco ciudades capitales con puntajes inferiores a 50 fueron: San Andrés (50,7), Quibdó (48,8), Puerto Carreño (47,2), San José del Guaviare (45,2) y Leticia (44,6).
¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el acceso al aborto?
Para mejorar la infraestructura en la prestación de servicios de aborto seguro, se propone aumentar los recursos financieros destinados a las instalaciones de salud, adquirir equipos médicos adecuados y capacitar a más profesionales en la normativa vigente. También se sugiere construir y mejorar centros de salud en áreas rurales y marginadas, con el fin de garantizar acceso equitativo y de calidad, además de reforzar los programas curriculares en facultades de medicina y enfermería sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto.
En cuanto a los procesos, se busca desincentivar el uso del legrado en favor de técnicas más seguras, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o la Dilatación y Evacuación (D&E), así como promover el uso combinado de Mifepristona y Misoprostol. Para ello, se recomienda certificar más Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para que atiendan abortos y gestionar nuevas fuentes de financiamiento, especialmente para mujeres migrantes o no aseguradas. También se subraya la importancia de fortalecer los programas de Educación Integral para la Sexualidad en colegios, para que las personas jóvenes conozcan y accedan a servicios amigables.
Finalmente, el informe destaca la necesidad de establecer sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir la calidad y resultados de la atención del aborto, además de mejorar los sistemas de información para reducir el subregistro.
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