El anacronismo colombiano frente al cannabis de uso adulto

Mientras en Colombia se hundía la regulación del cannabis de uso adulto, en Estados Unidos cuatro estados más lo legalizaban. Además, un estado despenalizó el uso de otras sustancias psicoactivas con mayor potencial de causar daño.

Para personas que hemos seguido de cerca las discusiones y debates frente a la iniciativa de los representantes Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri de regular el cannabis de uso adulto mediante la modificación del artículo correspondiente de la Constitución Nacional, no fue una gran sorpresa que este proyecto no avanzara a discusiones en el Senado, dada la fuerte oposición de tinte moralista y desinformada que vino de sectores políticos de derecha. El Espectador hizo un excelente análisis de los argumentos infundados usados por los opositores en su editorial del día 4 de noviembre.

Lo interesante de este momento histórico para el país es resaltar cómo, mientras el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes estaba plagado de conceptos erróneos sobre el impacto en la salud y en las estadísticas de criminalidad del uso de la marihuana y de moralismos en nombre de la protección de “los niños y las familias”, esa misma noche los ciudadanos de los estados de New Jersey, Montana y Arizona votaron contundentemente en apoyo a la legalización del cannabis de uso adulto. En Dakota del Sur se aprobó la legalización de tanto el cannabis de uso médico como el cannabis de uso adulto, y Mississippi, para el cannabis de uso médico. En todas estas jurisdicciones, las iniciativas recibieron aprobación con votaciones de mas del 60%.

Hoy en día, dos de cada tres estadounidenses viven en un lugar donde cannabis es legal.

Algo que sería aún mas impresionante para los detractores de cambios en las políticas públicas frente a las sustancias psicoactivas, tanto en el Congreso colombiano como los que manipulan la opinión pública en redes sociales, son las iniciativas aprobadas con gran respaldo de los ciudadanos del estado de Oregón: los habitantes de Oregón hicieron de su estado el primero de los Estados Unidos en despenalizar la posesión personal de drogas ilegales, como cocaína, heroína, oxicodona y metanfetamina. La medida pasó por un amplio margen en las votaciones del 3 de noviembre, y reclasifica la posesión de pequeñas cantidades de drogas como una infracción civil, como una infracción de tráfico. La sanción se convierte en una multa de $ 100, que una persona puede evitar al aceptar participar en una valoración por personal médico. Vender y fabricar drogas continuará siendo ilegal.

El estado de Oregón no decidió despenalizar el uso de estas sustancias por capricho, ni por “fomentar” el uso de las drogas entre la población joven y mucho menos en los “niños”, como creen muchos colombianos con una corta visión en estos temas. Al contrario, sus ciudadanos entendieron que el uso de las drogas es un asunto de salud pública y que nuevos enfoques son necesarios para desarmar la guerra contra las drogas que afecta principalmente a comunidades de afroamericanos y latinos.

La medida tiene un gran enfoque en la salud pública, pues financia tratamientos de adicciones, programas de reducción de daños y otros servicios para personas con trastornos por uso de sustancias psicoactivas. La financiación de esos programas vendrá mediante la reasignación de decenas de millones de dólares generados por el impuesto al cannabis de Oregón. Este estado también espera que, a largo plazo, estos cambios en políticas de drogas representen menos gastos en el sistema judicial por la disminución de arrestos, procesamientos y estancias carcelarias relacionadas con estas drogas.

Abordajes como el que ahora toma Oregón ya se han implementado en el continente europeo: Portugal fue el primer país en adoptar un modelo de despenalización y en hacer énfasis en los programas de tratamiento de trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Por esta razón, ahora tiene de unas de las tasas de mortalidad por drogas mas bajas de Europa

Tal como apuntó el columnista del New York Times en su columna del 7 de Noviembre, “Republicanos y Demócratas están de acuerdo: acaben la guerra contra las drogas”, la despenalización de estas sustancias no significa que se de vía libre para el uso de las mismas, o se minimicen los riesgos que estas representen para la salud individual y colectiva de una comunidad. Al contrario, lo que sucede en jurisdicciones donde se ha legalizado el cannabis, por ejemplo, es que parte de los impuestos generados están destinados a campañas de prevención y reducción del daño.

Estos movimientos a nivel internacional nos demuestran que, así algunos sectores políticos y de opinión colombianos quieran cerrar sus ojos y pretender que, sin escuchar la evidencia científica, sin tomar nota del alto precio que pagamos con el estatus quo en las políticas de drogas, el replanteamiento de estas se torna cada vez más urgente y más relevante. Hundiendo el proyecto de acto legislativo presentado por Losada y Reyes Kuri solo han postergado lo impostergable.

Colombia, el país mas afectado por la “guerra contra las drogas” tiene que dar este debate con altura, humanismo, evidencia científica y con una visión de darle oportunidad al campo colombiano, implacablemente golpeado por la violencia que prospera en el entorno ilegal de las drogas. Espero que, para el próximo debate, nuestros legisladores estén mejor preparados.

¡A estudiar!

Mientras en Colombia se hundía la regulación del cannabis de uso adulto, en Estados Unidos cuatro estados más lo legalizaban. Además, un estado despenalizó el uso de otras sustancias psicoactivas con mayor potencial de causar daño.

Para personas que hemos seguido de cerca las discusiones y debates frente a la iniciativa de los representantes Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri de regular el cannabis de uso adulto mediante la modificación del artículo correspondiente de la Constitución Nacional, no fue una gran sorpresa que este proyecto no avanzara a discusiones en el Senado, dada la fuerte oposición de tinte moralista y desinformada que vino de sectores políticos de derecha. El Espectador hizo un excelente análisis de los argumentos infundados usados por los opositores en su editorial del día 4 de noviembre.

Lo interesante de este momento histórico para el país es resaltar cómo, mientras el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes estaba plagado de conceptos erróneos sobre el impacto en la salud y en las estadísticas de criminalidad del uso de la marihuana y de moralismos en nombre de la protección de “los niños y las familias”, esa misma noche los ciudadanos de los estados de New Jersey, Montana y Arizona votaron contundentemente en apoyo a la legalización del cannabis de uso adulto. En Dakota del Sur se aprobó la legalización de tanto el cannabis de uso médico como el cannabis de uso adulto, y Mississippi, para el cannabis de uso médico. En todas estas jurisdicciones, las iniciativas recibieron aprobación con votaciones de mas del 60%.

Hoy en día, dos de cada tres estadounidenses viven en un lugar donde cannabis es legal.

Algo que sería aún mas impresionante para los detractores de cambios en las políticas públicas frente a las sustancias psicoactivas, tanto en el Congreso colombiano como los que manipulan la opinión pública en redes sociales, son las iniciativas aprobadas con gran respaldo de los ciudadanos del estado de Oregón: los habitantes de Oregón hicieron de su estado el primero de los Estados Unidos en despenalizar la posesión personal de drogas ilegales, como cocaína, heroína, oxicodona y metanfetamina. La medida pasó por un amplio margen en las votaciones del 3 de noviembre, y reclasifica la posesión de pequeñas cantidades de drogas como una infracción civil, como una infracción de tráfico. La sanción se convierte en una multa de $ 100, que una persona puede evitar al aceptar participar en una valoración por personal médico. Vender y fabricar drogas continuará siendo ilegal.

El estado de Oregón no decidió despenalizar el uso de estas sustancias por capricho, ni por “fomentar” el uso de las drogas entre la población joven y mucho menos en los “niños”, como creen muchos colombianos con una corta visión en estos temas. Al contrario, sus ciudadanos entendieron que el uso de las drogas es un asunto de salud pública y que nuevos enfoques son necesarios para desarmar la guerra contra las drogas que afecta principalmente a comunidades de afroamericanos y latinos.

La medida tiene un gran enfoque en la salud pública, pues financia tratamientos de adicciones, programas de reducción de daños y otros servicios para personas con trastornos por uso de sustancias psicoactivas. La financiación de esos programas vendrá mediante la reasignación de decenas de millones de dólares generados por el impuesto al cannabis de Oregón. Este estado también espera que, a largo plazo, estos cambios en políticas de drogas representen menos gastos en el sistema judicial por la disminución de arrestos, procesamientos y estancias carcelarias relacionadas con estas drogas.

Abordajes como el que ahora toma Oregón ya se han implementado en el continente europeo: Portugal fue el primer país en adoptar un modelo de despenalización y en hacer énfasis en los programas de tratamiento de trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Por esta razón, ahora tiene de unas de las tasas de mortalidad por drogas mas bajas de Europa

Tal como apuntó el columnista del New York Times en su columna del 7 de Noviembre, “Republicanos y Demócratas están de acuerdo: acaben la guerra contra las drogas”, la despenalización de estas sustancias no significa que se de vía libre para el uso de las mismas, o se minimicen los riesgos que estas representen para la salud individual y colectiva de una comunidad. Al contrario, lo que sucede en jurisdicciones donde se ha legalizado el cannabis, por ejemplo, es que parte de los impuestos generados están destinados a campañas de prevención y reducción del daño.

Estos movimientos a nivel internacional nos demuestran que, así algunos sectores políticos y de opinión colombianos quieran cerrar sus ojos y pretender que, sin escuchar la evidencia científica, sin tomar nota del alto precio que pagamos con el estatus quo en las políticas de drogas, el replanteamiento de estas se torna cada vez más urgente y más relevante. Hundiendo el proyecto de acto legislativo presentado por Losada y Reyes Kuri solo han postergado lo impostergable.

Colombia, el país mas afectado por la “guerra contra las drogas” tiene que dar este debate con altura, humanismo, evidencia científica y con una visión de darle oportunidad al campo colombiano, implacablemente golpeado por la violencia que prospera en el entorno ilegal de las drogas. Espero que, para el próximo debate, nuestros legisladores estén mejor preparados.

¡A estudiar!