Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El debate de la reforma a la salud de este lunes en la Cámara de Representantes no fue el último en esa corporación, como la gran mayoría del mundo político y de salud preveía desde el pasado jueves. A la aprobación de la reforma en segundo debate se le atravesó el artículo 42 y una redacción que, al final, terminó incomodando incluso al propio Gobierno, en representación del ministro Luis Fernando Velasco, que le pidió a los congresistas buscar una nueva redacción. Tras esa petición, Andrés Calle, presidente de esa corporación, señaló que había un acuerdo de los ponentes para levantar la sesión del debate.
Puede ver: Las tensiones alrededor de los últimos artículos de la reforma a la salud
El artículo 42 es del capítulo II de las Instituciones de Salud del Estado del proyecto de reforma, y detalla cómo se elegirá al director (o directora) de los hospitales públicos. En la ponencia original se estipulaba que esta elección se dará dentro de los tres meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal, distrital o gobernador, para un período de cuatro años. En el texto había una serie de requisitos que tenía que cumplir ese director, por ejemplo, un puntaje mínimo en una prueba que prepararían y llevarían a cabo las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, una proposición aceptada por Alfredo Mondragón, ponente del proyecto, eliminó esos requisitos, dejando solo hacia el final que “para la posesión del cargo, el director nombrado deberá realizar previamente un proceso de inducción, el cual será reglamentado por el Ministerio de Salud”. En esa nueva redacción las Universidades y el Departamento de la Función Pública no tenían ninguna función, algo que fue entendido por algunos congresistas como una eliminación de la meritocracia.
“¿Cómo es posible que una reforma que se dice que es para atajar la corrupción, esté avalando una proposición que elimina la meritocracia y se presta para la corrupción, la politiquería y el clientelismo?”, se preguntó Catherine Juvinao Clavijo, del partido Verde. El tema escaló a tal punto que el propio presidente Gustavo Petro se refirió a la nueva redacción: “Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”, escribió.
Todo parecía estar encaminado cuando este lunes el ponente Mondragon anunció que se desistía de esa proposición. Sin embargo, y después de un par de intervenciones más, el ministro Velasco sorprendió con una declaración distinta a la del presidente Petro, que apuntó a que había que cambiar la redacción del artículo.
“El responsable de la salud en un departamento o municipio es el gobernador o alcalde. Es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando es el gobernador o el alcalde. Alguien con buen juicio diría que la mejor manera de elegir un cargo técnico que tiene responsabilidad política es un concurso. Cuando ustedes hablan de concurso hay sendas sentencias de la Corte Constitucional que apuntan a que concurso no es lo que el gobernador o alcalde quiera, sino lo que diga el concurso. ¿Es eso prudente? ¿Ha funcionado bien?”, se preguntó Velasco en su intervención.
Puede ver: Uno de cada 12 hospitales podría cerrar por fenómenos extremos del clima
“Eso no ha funcionado bien”, respondió Velasco. “Yo los quiero invitar a que hagan un examen de los cursos vendidos que han existido en este país. Hay universidades muy buenas, pero hay otras que en el marco de esos concursos han hecho desastres. ¿Es bueno ante la opinión que un alcalde o gobernador escoja al que quiera? No creo. Creo que quien esté en la dirección de un hospital nivel cuatro, tres, dos o uno, tenga unos mínimos. Si el Congreso no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión de gobernadores y alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando al Congreso con buena parte de la opinión de este país. Si ustedes llegan a meter la palabra concurso, no hay nada que hacer”.
“Ustedes podrían buscar un mecanismo que logre cualificar las personas que sean elegibles, con la capacidad constitucional del gobernador de elegir dentro de esas personas elegibles, para que no sea cualquier persona. Búsquenlo. El día que un gobernador o alcalde no defina quién es el director del hospital de su municipio, ese día el gerente no le vuelve a pasar al teléfono al alcalde. No hay ejercicio de prevención, se daña una cantidad de cosas. Pero el día en el que un gobernador o alcalde quiera elegir al amigo que le financió la campaña para dirigir un hospital, le hace un mal a la comunidad. Este es el típico caso en el que todos ustedes tienen la razón, y deben buscar una buena redacción. No le quiten la función a gobernadores y alcaldes, pero métanle un criterio de mérito para que ellos puedan escoger dentro de esos criterios”.
La reacción a las declaraciones del ministro del Gobierno no se hizo esperar. “¿Cómo es posible, señor ministro, que (...) usted este ´patraseándose´ y diciendo que ya el artículo como viene en la ponencia, que fue como pidió el presidente Petro votarlo, ya necesita otra fórmula? ¿Quién dijo que el artículo como está en la ponencia le quita la facultad a los alcaldes y gobernadores de nombrar a los gerentes? Se les está dejando esa facultad, lo único que se les está pidiendo es que haya unos mínimos criterios meritocráticos que involucren unas pruebas y listas de elegibles a nivel nacional. No saquen excusas. Si lo que se están inventando es otra nueva jugadita para quitar la meritocracia, díganselo al país”, señaló Juvinao.
“He pedido a nombre del Gobierno que se mantenga un criterio de mérito y que ese criterio no le quite la facultad de gobernadores y alcaldes para poder decidir”, respondió el ministro del Gobierno.
Al final, y consultado por medios, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la redacción del artículo original, aunque aceptó que se discutirá una nueva versión. “Lo que estábamos proponiendo no es un concurso, sino unos exámenes. Que las personas que pudieran pasar esos exámenes pudieran ser elegibles por los gobernadores y alcaldes. Hablábamos incluso de un examen nacional y de ahí de un banco de personas que cumplen los requisitos mínimos. A mí personalmente me gustan los concursos de méritos, pero no es lo que yo quiera, es lo que decida el Congreso. Seguramente habrá un punto medio”, dijo.
Lo cierto, como explicaba el profesor Giovanni Jiménez, investigador de salud pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en un hilo en X (antes Twitter) de hace unos días, es que detrás de esta discusión está, en realidad, “el manejo del millonario presupuesto y de la burocracia de contratación que tienen los gerentes al tener las ESE autonomía presupuestal y administrativa. Lo que las convierte en un botín deseable”.
Puede ver: Corte llamó la atención de las EPS y el Gobierno por su manejo de la obesidad
De hecho, la discusión sobre cómo se eligen a estos directivos es vieja: de acuerdo con lo definido en el artículo 192 de la ley 100 de 1993, esta elección era a discreción de alcaldes y gobernadores. “Esto fue modificado por el artículo 28 de la ley 1122 de 2007, en el que se definió el concurso de méritos y la selección del gerente dentro de una terna definida como resultado de este proceso”, dice Jiménez, pero este cambio fue eliminado posteriormente por el artículo 20 de la ley 1797 de 2016, el cual volvió a dejar la designación a criterio de selección de los políticos de turno.