El partido de oposición Centro Democrático presentó esta semana oficialmente un proyecto con el que pretende reformar el sistema de salud en Colombia. La iniciativa está firmada por los congresistas Paloma Valencia, Paola Holguín, Yenica Sugein Acosta, Olmes Echeverría de La Rosa, Juan Espina, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Miguel Uribe, Maria Fernanda Cabal y en general toda la bancada legislativa del partido. Consta de 9 artículos que, dice el proyecto, buscan “fortalecer” el sistema de salud actual.
El artículo 2 del proyecto define el sistema de salud como un conjunto articulado de principios, normas, políticas públicas y entidades públicas, privadas y mixtas que permiten garantizar y materializar el derecho fundamental de la salud. En ese sistema, el Estado es responsable de garantizar el goce efectivo de ese derecho, teniendo bajo sus obligaciones garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente entre las diferentes entidades encargadas del aseguramiento, que pueden ser públicas, privadas o mixtas.
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Además, el Estado deberá ajustar el valor de la UPC (el dinero que le gira a las EPS para la atención de los afiliados), “para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, para lo cual deberá tener en cuenta, como factores de riesgo, las condiciones en salud de los individuos, los factores socio-demográficos y de zona geográfica”. En este punto, la senadora Valencia explica que lo que el proyecto pretende es que haya una UPC diferencial. “No se puede seguir pagando muchísimo por un paciente joven que no tiene enfermedad y lo mismo por un paciente que está muy enfermo. La plata tiene que distribuirse de acuerdo a la necesidad de cada persona”, dijo Valencia en una publicación en X (antes llamada Twitter).
El proyecto señala que el Ministerio de Salud actualizará mínimo una vez al año la UPC (como ocurre hoy). Y si al 31 de diciembre esa cartera no ha aprobado un incremento para el siguiente año, dicho valor se incrementará automáticamente en la inflación causada. “La Unidad de Pago por Capitación contemplará la financiación de todos los servicios y tecnologías en salud que se utilicen y prescriban en el país, a excepción de los relacionados directamente con la atención de las enfermedades huérfanas y los servicios sociales complementarios, para lo cual el Ministerio de Salud deberá establecer las fuentes y los mecanismos de financiación”, dice el proyecto. Esto es algo similar a lo que ocurre que hoy: la UPC financia todo lo que está en el Plan de Beneficios en Salud. Todo lo demás se financia a través de Presupuestos Máximos.
Esos recursos de UPC seguirán siendo manejados, según plantea el proyecto, por las EPS, que se mantienen con las mismas responsabilidades, funciones y deberes que tienen actualmente, como la organización de las redes de servicio, es decir, la serie de clínicas y hospitales que atienden a los afiliados. El artículo 7 del proyecto versa alrededor del flujo de esos recursos a través del giro directo. Se trata de un proceso por el cual los recursos financieros destinados a la atención de salud son transferidos directamente desde la Adres (el llamado banco de la salud), a los prestadores de servicios de salud (como hospitales, clínicas y médicos), sin pasar por las EPS. El Gobierno Nacional expidió un decreto hace poco que busca ampliar esta medida (que ya es bastante común en el régimen subsidiado), abarcando también al régimen contributivo.
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Ese decreto (que explicamos aquí), señala que el giro directo se aplicará a las EPS del régimen contributivo, excepto cuando estas cumplan con el indicador financiero de patrimonio adecuado (lo que en la práctica las incluye a todas, pues actualmente solo unas cinco EPS cumplen con este indicador). En el proyecto del Centro Democrático, se estipula que este mecanismo se aplicará a las EPS que no cumplan con las normas de habilitación financiera que defina el Estado, y también para aquellas que se encuentren en medida de vigilancia especial, intervenidas o en liquidación, que no es nada muy distinto a lo que ocurre hoy.
El artículo 5 del proyecto del Centro Democrático es el que, quizá, plantea los cambios más profundos al sistema, respecto a lo que existe hoy. Allí se propone la creación de un régimen especial (como lo definió la senadora Valencia) para las zonas marginadas o de baja densidad poblacional en Colombia. “En zonas dispersas, el Estado deberá adoptar medidas razonables y eficaces, progresivas y continuas, para garantizar opciones con el fin de que sus habitantes accedan oportunamente a los servicios de salud que requieran con necesidad”, se puede leer en el documento. Esto implica que el Gobierno Nacional determinará un modelo de aseguramiento y prestación distinto al del resto del país, teniendo en cuenta algunos principios.
Entre esos principios está, por ejemplo, el reconocimiento de las condiciones geográficas, de acceso y capacidad de oferta, además de la interculturalidad, prácticas tradicionales, alternativas y complementarias. El modelo de atención deberá ser implementado por las Entidades Territoriales y podrá hacer uso del mecanismo de Asociaciones Público-Privadas. “La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. En zonas dispersas, el Estado deberá adoptar medidas razonables y eficaces, progresivas y continuas, para garantizar opciones con el fin de que sus habitantes accedan oportunamente a los servicios de salud que requieran con necesidad”, se lee en el documento.
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Para este modelo, el Gobierno también deberá reconocer una UPC especial y establecer incentivos dirigidos al talento humano en salud y a las IPS. Justamente, el artículo 8 trata sobre los salarios del personal en salud. Allí se establece que “el Gobierno Nacional establecerá un piso mínimo de salarios para el personal médico en salud, que tendrá un escalafón por grado de especialización. Cada año el piso aumentará como mínimo la inflación de final de año, y será costeado con una parte de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
El proyecto fue presentado como ley estatutaria, lo que implica que tiene que surtir un proceso de revisión y aprobación más riguroso, incluyendo el examen por parte de la Corte Constitucional.
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