El descuento del SOAT tiene pensando a varios actores del sistema de salud

Este 15 de diciembre las redes sociales se llenaron de pantallazos y quejas de conductores que reclamaban a sus aseguradoras el descuento del 50% del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) prometido por el gobierno nacional. A pesar de que el Ministerio de Transporte había asegurado que en esa fecha entraba en vigor la medida, lo cierto es que el decreto (publicado como borrador hace unos días) sigue sin firmarse y es posible que no se firme hasta la próxima semana.

Este 15 de diciembre las redes sociales se llenaron de pantallazos y quejas de conductores que reclamaban a sus aseguradoras el descuento del 50% del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) prometido por el gobierno nacional. A pesar de que el Ministerio de Transporte había asegurado que en esa fecha entraba en vigor la medida, lo cierto es que el decreto (publicado como borrador hace unos días) sigue sin firmarse y es posible que no se firme hasta la próxima semana.

La medida está siendo consultada en tres ministerios (Salud, Hacienda y Transporte) y paralelamente también es el centro de mesas de trabajo de varios actores del sistema de salud como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) o Fasecolda, el gremio de las compañías de seguros. Ambas mantienen conversaciones con Minsalud sobre lo que implica para el sistema de salud que alrededor de nueve millones de motos accedan al descuento.

Hay que recordar que la siniestralidad en la vía es una epidemia de salud pública reconocida por la OMS. Solo durante este año 6.577 personas han muerto en Colombia en las vías, un dato que es un 14% superior al presentado en 2021. Y esto le cuesta mucho al sistema de salud. La OMS también estima que las colisiones de vehículos de motor cuestan entre el 1% y el 3% del PIB de cada país.

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Entre las preguntas más importantes que han surgido en medio del debate sobre el descuento al SOAT resalta una en especial: ¿desfinanciará al sistema de salud, como lo han alertado algunos desde el Congreso de la República? Para responder esta inquietud, hay que entender rápidamente cómo funciona este seguro, que tiene una cobertura hoy en día de hasta 800 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) en gastos médicos o servicios médico-quirúrgicos. De cada $100 pesos que el conductor paga por el seguro, $54 van a las aseguradoras que cubren los siniestros y los otros $46 se destinan a contribuciones y transferencias, en especial, a la Adres.

La Adres es el llamado “banco de la salud” y esos $46 que recibe son muy importantes porque financian dos cosas: un porcentaje se destina a la cobertura de los vehículos “fantasma” (que no están asegurados) y el otro va a fortalecer la cobertura del sistema general de seguridad social, particularmente financiación del régimen subsidiado y de migrantes. Es decir, casi la mitad de la plata que los conductores pagan va a respaldar el sistema de salud. Si el gobierno plantea una reducción del 50% de ese pago, esas transferencias a la Adres también se reducen. Por eso, a muchos les preocupa los poco más de dos billones de pesos que costaría este descuento.

¿Cuál es la salida?

La ministra de Salud Carolina Corcho aseguró en un debate de control en el Congreso el pasado 22 de noviembre que, para dar tranquilidad sobre el tema, se acordó con el Ministerio de Hacienda una adición presupuestal en 2023 al sector salud, que saldría de los $20 billones que entrarán a las arcas del Estado por la reforma tributaria. Pero esa respuesta no dejó completamente satisfechos a todos.

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“El gobierno dice que va a girar entre $2 y $2.5 billones; no hay claridad hasta ahora sobre esas cifras y tendría que haberla. Pero con esto no está solucionando un hueco preexistente, sino que está generando otro y está tratando de taparlo”, opina Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá y miembro de la Comisión Séptima, que tramita las discusiones sobre la salud. Para Forero, el problema es que estos dos billones que cuesta el descuento del SOAT es un gasto que se suma a otros déficits que ya venían desde antes y que ponen en apuros al sistema de salud colombiano.

Algunos de esos saldos rojos son reconocidos incluso por la propia ministra de Salud, que decía a mediados de septiembre que había recibido el Gobierno con un déficit heredado de Iván Duque de $5,5 billones en 2022 y aún necesitaba otros $2,7 billones para terminar el año. Otras discusiones como cuánto tendrían que aumentar la UPC para 2023 y los presupuestos máximos también están siendo duras por lo que significaría para el presupuesto del sistema de salud en ese año. La lógica de Forero, entonces, es: si hay otros huecos mucho más viejos, ¿por qué crear uno adicional ahora?

En una línea similar a esas dudas, la Procuraduría le envió una carta a la ministra de Salud fechada del 9 de diciembre en la que hace algunas observaciones sobre el borrador del decreto, entre las que incluye algunas especificas a “la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales y como consecuencia de ello, con la garantía de la prestación efectiva de los servicios asistenciales”.

En la carta Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada, le dice a la ministra Corcho que la entidad “conoce que parte de la deuda, que afecta la operatividad de clínicas y hospitales del país, se deriva de la facturación de los servicios de salud prestados por accidentes de tránsito, deuda existente, por una parte, con las compañías aseguradoras del SOAT y por otra, con la subcuenta ECAT administrada por ADRES (reclamaciones)”. Esa deuda en efecto existe y ha ido creciendo.

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Según el informe de seguimiento de cartera hospitalaria realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), las trece entidades autorizadas para ofrecer pólizas tenían una cartera en mora con los hospitales y clínicas de $287.705 millones a junio de 2022, superior en $68.752 millones frente a diciembre de 2021. Al director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, le preocupan, además de estas deudas, dos elementos adicionales en el debate actual sobre el descuento al SOAT.

“Me inquieta el cambio en la cobertura y quien va a quedar a cargo de esa auditoria”, dice Giraldo. El SOAT tiene una cobertura actual de 800 SMLDV en gastos médicos o servicios médico-quirúrgicos, pero eso cambia en el borrador del decreto. Los vehículos que pueden acceder al descuento del 50% también verán reducida esa cobertura de 800 a 300 SMLDV.

“Le pedimos al gobierno claridad sobre de que se trata el tema de la cobertura, porque hay mucha gente que está pensando que se le acabó, que no le van a atender ciertas lesiones, que lo van a sacar en x minutos de los centros hospitalarios”, agrega el presidente de la ACHC. Pero, ¿qué tan cierto son esos temores de las personas? ¿El SOAT cubrirá entonces solo hasta los 300 SMLDV?

¿Menos plata para atención de siniestros?

Para entender la discusión sobre la cobertura, hay que volver a la cifra de 800 SMLDV que hoy reconoce el SOAT como tope. El seguro cubre todo ese dinero de las atenciones medicas necesarias tras un siniestro, pero cuando por alguna razón lo que el paciente necesita rebosa ese límite y cuesta más, ¿qué pasa?

La salud en Colombia es un derecho fundamental y a ese paciente no se le puede dejar de atender por que el SOAT ya llegó a su limite. Lo que pasa, entonces, es que después de superar 800 SMLDV la plata que se necesite para las atenciones médicas las sigue cubriendo las EPS y posteriormente la Adres.

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Lo que plantea el borrador del decreto es que ahora, y para los mismos tipos de vehículo que pueden acceder al descuento, las aseguradoras responderán por las atenciones médicas que cuesten entre cero y 300 SMLDV. Si la atención a un paciente rebosa ese límite, los costos serás asumidos por el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT), una entidad que hace parte de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), que es a su vez administrada por Adres.

En principio, entonces, a los conductores no se les reduciría el cubrimiento de su cobertura, pues aún cuando el SOAT ya solo cubra hasta los 300 SMLDV, el resto de dinero lo seguirá pagando otra entidad. Es casi que un cambio administrativo de pagador. Pero hay otros problemas asociados a ese cambio y a que la Adres termine pagando ese rango, pues para girar el dinero a las IPS, el “banco de la salud” tiene que hacer una auditoria de lo que cada hospital o clínica se gastó atendiendo ese incidente. Y eso puede ser demorado.

“La red prestadora de servicios de salud, públicas y privadas, han reportado deficiencias técnicas y operativas históricas de la ADRES en sus procesos de auditoría y pagos de reclamaciones ECAT, así como en los canales de interacción con la red prestadora de servicios de salud de todo el país”, señaló la Procuraduría en la carta, agregando que el decreto no es claro, entonces, en el proceso de presentación, cobro y pago de las facturas generadas dentro del rango de cobertura que supera los 300 SMLMV de la “nueva” cobertura.

Esta es una opinión que comparte, en cierto sentido, Juan Carlos Giraldo, presidente de la ACHC. “Yo creo que la Adres tiene que ser cuidada para saber cuáles procesos puede hacer y cuáles no. Ese proceso detallista, del uno a uno, de la auditoria de cada accidente de tránsito, no puede quedar en cabeza de Adres, entonces todo ese tema del cambio de la cobertura se tiene que repensar. Adres no es para hacer eso porque se perdería parte de su misión institucional”. Por último, a Giraldo le preocupan las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre un supuesto cartel del SOAT.

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Reyes señaló a mediados de octubre que cinco IPS del país estarían detrás de un fraude cercano al billón de pesos con el cobro por SOAT. No dejó claro a qué entidades se refiere y cómo fue que hicieron el supuesto fraude. “Le exigimos a esa parte del gobierno que sea específico y presente todas las denuncias que corresponda, pero que no estigmatice a todo un sector”, finaliza el presidente de la ACHC. Para terminar, y tras un debate que está incluyendo a varios eslabones del sector salud, una pregunta final queda en el aire: ¿cuáles son los objetivos de este descuento?

El primer propósito del descuento al SOAT, han señalado tanto los ministerios de Salud como Transporte, es reducir la evasión del pago que están haciendo los conductores. Y es que de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), de los 17,3 millones de vehículos que hay en el país, 8,17 millones no tiene vigente el seguro. “Con esta reducción del 50% buscamos que muchos de ellos puedan acceder a las pólizas, y con esa disminución de la evasión que se incluyan en programas pedagógicos sobre la accidentalidad y prevenir las mortalidades”, dijo Corcho.

Pero alcanzar ese objetivo con esta medida no convence del todo a muchos conocedores del tema, entre ellos a Darío Hidalgo, investigador sobre movilidad y director de iniciativas como “Carros más seguros”: “Para el que hoy no paga SOAT, que le digan que ahora cuesta el 50% como incentivo para que lo adquiera no parece tan atractivo. Hoy estoy pagando cero y el incentivo es que en vez de pagar $300.000 pago $150.000. La única manera de que la gente deje de evadirlo es elevar el control, hacerlo tan efectivo que las personas prefieran comprarlo que someterse a las multas”.

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Lo otro que menciona la ministra Corcho sobre los eventuales programas pedagógicos para reducir la mortalidad en las vías tampoco tiene mucha evidencia a su favor. El investigador y salubrista colombiano Andrés Vecino publicó un estudio a mediados de este año en la National Library of Medicine en el que concluye, después de una amplia revisión de intervenciones preventivas para la reducción de la mortalidad, que la fiscalización en conductas como la velocidad (uno de los principales factores de riesgo en la conducción) es mucho más efectiva que la pedagogía sin control.