El Espectador le explica en qué va el debate de la UPC y el sistema de salud

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Que el sistema de salud necesita una reforma, una actualización, en eso coinciden todos los actores que hacen parte de él, pero el proceso ha transitado un camino lleno de altibajos, con argumentos distanciados y acusaciones de lado y lado que no han permitido llegar a buen puerto. Y el tema que ahora mismo toma las discusiones más técnicas tiene que ver con la Unidad de Pago por Capitación, UPC, tras el aumento que decretó el Gobierno para este 2025 y el por qué muchos analistas advierten que, tras dicha decisión se avecina una crisis financiera que incluso ya tocó las puertas del sistema. Para entender mejor esa conversación y llevarla a todos los usuarios, es decir, todos los colombianos, le pedimos a la redacción de Salud que nos enviaran todos los contenidos que se han publicado al respecto -también asociados a la reforma estructural- y que recopilamos para su lectura a continuación. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Que el sistema de salud necesita una reforma, una actualización, en eso coinciden todos los actores que hacen parte de él, pero el proceso ha transitado un camino lleno de altibajos, con argumentos distanciados y acusaciones de lado y lado que no han permitido llegar a buen puerto. Y el tema que ahora mismo toma las discusiones más técnicas tiene que ver con la Unidad de Pago por Capitación, UPC, tras el aumento que decretó el Gobierno para este 2025 y el por qué muchos analistas advierten que, tras dicha decisión se avecina una crisis financiera que incluso ya tocó las puertas del sistema. Para entender mejor esa conversación y llevarla a todos los usuarios, es decir, todos los colombianos, le pedimos a la redacción de Salud que nos enviaran todos los contenidos que se han publicado al respecto -también asociados a la reforma estructural- y que recopilamos para su lectura a continuación. Comencemos.

Primero, para poder entender mejor de dónde venimos, dejamos en este enlace el primer El Espectador le explica del 15 de febrero de 2023 cuando contamos, detalladamente, el entonces documento de la reforma a la salud que había redactado la administración Petro y que hablaba del papel que jugarían las EPS en el nuevo escenario, del costo financiero estimado de esos cambios, cómo se tocaba el régimen laboral especial para los trabajadores de la salud y, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la administración de los recursos públicos. Para el 22 de ese mismo mes, en otro extenso boletín de El Espectador le explica con más de 100 contenidos periodísticos, ahondamos en el papel de la superintendencia, lo que sucedería con la medicina prepagada, el foco a la atención primaria y el Consejo Nacional de Salud.

El 6 de diciembre de ese mismo 2023, la Cámara de Representantes le daba el aval a una parte de esa propuesta de reforma, entre ello, por ejemplo, que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, ya no serían lo que conocemos hoy; que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, más conocida como el banco de la salud, tendría más poder con nuevas responsabilidades tanto en el giro de recursos como en temas de revisión y auditoría; que se creaba un gran sistema de información digital para que todas las bases de datos estuvieran conectadas, en línea y funcionales disponibles a toda la cadena médica; o que se creaban los Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS. Todos los detalles de esa aprobación quedaron consignados en este documento periodístico de final del 2023.

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Pero seis meses después, a finales de junio de 2024, el asunto era a otro precio. La reforma a la salud no pasaba y se quedaba en el camino, junto con la de Educación (de las grandes propuestas del Ejecutivo, solo pasó la reforma pensional). El ministro de Salud anunciaba ajustes en el documento y que volverían con todos los argumentos y mesas de conversación posibles para la siguiente legislatura. ¿Cómo cerraba el 2024 en esa materia? “El segundo día de sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes concluyó el pasado 18 de diciembre con la aprobación de los primeros 23 artículos del proyecto y un anuncio inesperado: el Gobierno Nacional decidió no convocar el tercer día de sesiones extras. Así, el debate sobre la reforma a la salud se retomará en febrero de 2025″, contaron los colegas que siguen, minuto a minuto, esa discusión. “Es decir, van a segundo debate en la plenaria de la Cámara. Se han aprobado 23 artículos de 62 y se retoma discusión el próximo mes”, nos confirmaron. ¿Y de qué tratan esos textos ya avalados por los congresistas? Aquí va la explicación, paso a paso, y con todo lo que sucedió en el seno del Legislativo:

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Reforma a la salud: dos días para discutir y aprobar los 62 artículos del proyecto

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Debate de la reforma a la salud queda aplazado para el 2025

“Apoyados por el presidente de la plenaria, Jaime Raúl Salamanca Torres (de Alianza Verde), los ponentes decidieron que la discusión se desarrollaría por bloques, es decir, acumulando varios artículos en una misma votación, con el objetivo de agilizar el trámite, pese al rechazo de la oposición y de algunos congresistas independientes (denunciaban una aprobación sin debate y a pupitrazo). El primer bloque en discutirse y en aprobarse incluyó los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos versan sobre temas como los principios fundamentales que orientan la normativa, como la gobernanza, equidad, sostenibilidad, transparencia y protección de derechos individuales y colectivos. También se abordan los objetivos generales del proyecto. Pero especialmente larga y llena de tensiones fue la discusión del artículo 6, que crea el Consejo Nacional de Salud. Se trata de una instancia de dirección del sistema, adscrito al Ministerio de Salud e integrado por representantes de ministerios, entidades nacionales, gobernadores, alcaldes, trabajadores de la salud, pacientes, academia y otros actores”, detallaron los periodistas de la redacción Salud.

Y es por ahí donde llegamos a una coyuntura más cercana. ¿Por qué? Aquí nos lo explican mejor: “Congresistas de partidos independientes, como Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, defendieron que las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud deberían ser vinculantes (es decir, de obligatorio cumplimiento por el Gobierno) y que esta entidad tendría que ser la encargada de calcular y ordenar el aumento anual de la UPC, la plata que el Estado les gira a las EPS por cada afiliado. Esa tarea es realizada hoy por el Ministerio de Salud. Sin embargo, algunos sectores políticos y académicos han señalado que el cálculo de esa UPC ha sido insuficiente para las necesidades del sistema. Tanto el Gobierno como los ponentes se opusieron a transferir esta facultad del Ministerio de Salud al Consejo”.

Para leer: La influencia de la Bogotá Humana, de la Alcaldía Petro, en las EPS intervenidas

¿Qué dicen los que están a favor y qué los que están en contra? “”Hoy existe en Colombia una Comisión Asesora de Beneficios, Costos, y Tarifas que anualmente, con una metodología estandarizada y criterios internacionales, define el costo de la UPC, y eso no puede cambiar”, defendió Martha Alfonso Jurado, una de las congresistas que más han defendido la reforma a la salud. Lo único que sí lograron los partidos independientes fue incluir entre las funciones del Consejo la recomendación de sugerir ese aumento de la UPC, sin embargo, sin que este sea de obligatorio cumplimiento””.

Entonces en esta, como en todas las grandes discusiones, hay un asunto de plata que atraviesa la conversación. Mientras unos dicen (exministros, representantes de las EPS, académicos y centros de pensamiento) que ese dinero que está girando el Gobierno a las EPS para garantizar el Plan de Beneficios en Salud no alcanza para cubrir los servicios que se prestan y las tecnologías (medicamentos, por ejemplo) que se recetan -a la que todos tenemos derecho-; es el ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advierte que el problema radica en la “eficiencia”, es decir, que plata sí hay, pero que se está usando de manera ineficiente. Mal:

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El debate por la plata del sistema de salud: ¿hace falta o no se está usando bien?

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“El actual proyecto de reforma a la salud es mejor que el anterior, pero es mejorable”

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Los números rojos del sistema de salud, en medio de la reforma

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En uno de esos contenidos escritos por los periodistas que se encargan de cubrir la información de salud, citaron a Julio Alberto Rincón, el interventor de Nueva EPS. Y con lo que él decía y sus ejemplos, se entiende mejor el por qué esta disputa de argumentos no es de blancos y negros sino más bien de grises, lo que la hace aún más complicada. Por ejemplo, la forma en la que se hacen y se cumplen los contratos entre las EPS y las clínicas y los hospitales: “La incertidumbre de si la EPS va a pagar o no, hace que los costos de los servicios de salud aumenten. Y no es lo mismo comprar un carro de contado que a crédito. Nosotros estamos comprando el carro a crédito; crédito incierto. Como Nueva EPS ha sido mala paga y ha sido de las que más debe, con seguridad está pagando más que otras EPS sobre los servicios. Ahí tengo un sobrecosto financiero que podría evitar”, explicaba. “Diagnosticar temprano un cáncer de cérvix (por mencionar un caso), no solo le puede salvar la vida al paciente, sino que también le sale más barato al sistema de salud, pues el tratamiento es menos complejo”.

Si se tienen en cuenta estos dos ejemplos en medio de la discusión, se entiende por qué a unas EPS les sale más caro contratar servicios con las clínicas y hospitales, pero también el por qué tratar a dos pacientes con el mismo cáncer tiene costos distintos y no se debería comparar, pues si uno de los pacientes llega al servicio médico cuando la enfermedad está comenzando, será más barato tratarlo frente al otro, quien llega en un estado posiblemente terminal que sale más costoso para el sistema.

Por eso, antes de seguir, es preciso dejar en este texto algunos de los argumentos que escribió Johnattan García Ruiz, director de Decilion - Consultoría de Salud Global, profesor de cátedra de la Universidad de los Andes y colaborador Asociado del Departamento de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en su balance del 2025 y proyección del sistema para 2025. En el resumen ejecutivo, lo describía así: “El sistema de salud pasa por un momento desafiante. Puede cerrar el 2024 con un déficit de $11 billones, varios centros de salud han cerrado y un gestor farmacéutico clave entró a un proceso de reorganización. Mientras tanto, una reforma se cocina en el Congreso”.

Aquí va un apartado de ese texto, que aparece completo en este enlace: “Mientras el debate legislativo continúa en 2025, la crisis se profundiza: la Nueva EPS, intervenida por el gobierno Petro en abril de 2024 y con 10,8 millones de afiliados, vio aumentar su deuda de más de 180 días de $89.000 millones en marzo de 2024 a $935.000 millones en octubre (un incremento del 951 % en apenas siete meses). Otro factor que agrava la situación es la deuda del Gobierno con las EPS por concepto de presupuestos máximos y el hueco de $1,2 billones que ha generado el descuento del SOAT, decretado por el Gobierno en diciembre 2022″.

Y este otro apartado también ofrece datos necesarios en todo el debate: “La asfixia financiera del sistema en los últimos años, que inevitablemente se prolongará el próximo, está causando estragos para prestadores y pacientes. La Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA) anunció que 37 hospitales públicos suspenderán servicios no urgentes desde este diciembre (de 2024) a los afiliados de la Nueva EPS. Clemencia Mayorga, representante del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, reportó que al menos 960 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) fueron cerradas entre 2023 y 2024, según cifras oficiales. En regiones como el Valle del Cauca, la crisis afecta a 2,4 millones de personas del régimen subsidiado, dependientes de hospitales públicos que luchan contra deudas impagadas de EPS intervenidas. Hospitales emblemáticos como el Santa Sofía, el de Viterbo y el de Riosucio, en Caldas, anunciaron cierres de múltiples servicios en los últimos días. La situación de desabastecimiento de medicamentos no parece tener buen pronóstico: Audifarma, gestor farmacéutico clave en el país, entró en proceso de reorganización ante la Supersociedades debido a deudas superiores a $600.000 millones, poniendo en riesgo el acceso a medicamentos de millones de colombianos”.

Y es que el asunto financiero, sin ir más allá, resulta siendo el centro de todo, también con la realidad de las EPS intervenidas, de cara a lo que se venía con el aumento de la UPC, que finalmente fue noticia el 31 de diciembre de 2024 en la mañana:

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Una vez más, y de acuerdo con el mismo ministerio de Salud, “la Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado”. El aumento decretado por el Gobierno, que fue de 5,36 %, implica que las EPS del régimen contributivo pasan de recibir $1.444.086 por cada afiliado a recibir $1,521,489. Las EPS del régimen subsidiado, por otro lado, pasan de $1.256.076 a $1,323,401.

¿Por qué un 5,36 % y no un 16,4 % como lo proponía la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en colaboración con el Centro de Estudios Económicos de la ANIF, de acuerdo con sus cálculos? ¿O un 18 %, como lo estimaba Sectorial, una firma de análisis financiero que estudia al sistema de salud? La defensa del Gobierno, en un comunicado de prensa donde explicaba su decisión, fue: “Esta decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ante la imposibilidad de efectuar un cálculo, debido a la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”.

Según el ministerio, las EPS no reportaron información “confiable, oportuna y clara”, lo que llevó a que se desestimara precisamente esa data y se tomara la decisión que estipula la ley, es decir que, al no poder realizar la estimación del aumento con base en la información presentada por las EPS, el ajuste se hará automáticamente según la inflación. El asunto es que el aumento ni siquiera llega al incremento del salario mínimo, que fue del 9,5 %, también decretado por el Ejecutivo. Mejor dicho, no alcanza ni para pagar el aumento de los salarios de los trabajadores de la salud que devengan el básico.

Vamos con más datos para entender el tamaño de la decisión: A través de la UPC se financia el 97 % de los procedimientos médicos y el 97,12 % de los medicamentos autorizados en el país. Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo había hecho distintas proyecciones de cálculos entre varios porcentajes posibles. Ana María Vesga, directora de ese gremio, aseguró que dentro de la entidad se consideraron escenarios, “en uno de ellos subía lo que indica el IPC (que estará alrededor del 5% y seguirá bajando en 2025). Y en ese caso estimamos que habría un déficit de $10 billones”, señaló.

Así que el dato no cayó bien en el país. Y desde muchos frentes le llegaron críticas al Ejecutivo: “Es una burla: es como ofrecer migajas a un sistema moribundo y esperar que sobreviva. Esta decisión del Gobierno nacional es el golpe final a clínicas, hospitales y pacientes que ya agonizan. Hasta que lograron nacionalizar el sistema”, dijo la senadora Norma Hurtado, de La U. “El Gobierno está prácticamente congelando la UPC, es decir, la plata de salud, mientras todo se encarece. Por lo menos debería aumentar con el salario mínimo, si no cómo pagarle a los trabajadores? Traducción: más negación de servicios, precarización laboral, menos medicamentos, es jugar con la vida de la gente”, opinó la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso. “Ni siquiera con el salario mínimo subió la UPC. Sectarismo puro en contra de los pacientes y de los más necesitados. Qué indolencia”, escribió en sus redes sociales Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde.

Y los directos implicados, todos los actores del sector salud, ¿qué decían? “En 2025, la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema. Esto significa que, en medio de una crisis cada vez más profunda, los pacientes tendrán que comprar los medicamentos o pagar el total de los procedimientos, a los que hoy acceden pagando solo una cuota moderadora”, dijo la organización Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 200 asociaciones de usuarios. “Empezamos con un desfase, porque en las bases de nuestras instituciones se aplica el incremento del salario mínimo y eso va a generar un desbalance, sumado a la difícil situación financiera que tienen las instituciones públicas”, aseguró a El Espectador, Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi).

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, también se refirió: se “completan tres años con un incremento de la UPC que no reconoce la demanda de servicios, el envejecimiento poblacional, inclusión de tecnologías y el comportamiento de precios. Tres años sin estudios serios. Esta decisión de hoy del 5.3% afecta a la población más vulnerable”. “Nosotros le proponemos al gobierno Nacional utilizar como indicador el incremento del salario minino para el ajuste de la UPC, pues de este está ligado el costo del personal de salud, que representa entre el 60 y 70 % de los gastos de los prestadores de los servicios. Este desface de los indicadores puede causar serias afectaciones a un sector que ya viene acusando el problemas crónico de liquidez y otras dificultades en la operación de salud”, explicó Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC.

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El sistema de salud de Colombia se financia de tres fuentes: las cotizaciones de los empleados y empleadores, el aporte del Presupuesto General de la Nación, y los esfuerzos de las entidades territoriales a partir de, por ejemplo, impuestos locales.

El Gobierno defiende su postura y asegura que la información de las EPS no es confiable. Las EPS dicen que el Ejecutivo está haciendo mal los cálculos. Una vez más queda en evidencia el enfrentamiento entre el Ejecutivo y las Entidades Promotoras de Salud. “Carece de razón técnica, es incoherente con el incremento del salario mínimo y es contradictoria por cuanto más de la mitad de la información que se requiere para su cálculo debía ser proporcionada por EPS bajo intervención estatal. Simplemente no alcanzará el dinero para cubrir la atención de los colombianos”, dijo Ana María Vesga, presidenta de Acemi. El ministerio, por su parte, asegura tiene información de 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos. Además de esto, encontraron que el 3 % de los medicamentos reportados por el sistema no contaban con registro sanitario válido y que el 23 % no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los $119 mil millones.

¿En qué vamos? En que esto es lo más parecido a un tira y afloje con los pacientes en la mitad de la soga. En una extensa publicación en la red social X, el presidente Petro dijo que una forma de aumentar los recursos para la salud podría ser la de establecer impuestos a los juegos de suerte y azar “ilícitos, para que sean lícitos”. Asegura que también se podrían reunir recursos con la sobretasa de renta a las extracciones fósiles. Y que “estas nueva fuentes de financiación podrían ir al sistema preventivo y público a nivel nacional y podrían, como quiso la Corte Constitucional en reciente sentencia, dedicarse a la UPC exclusivamente para asistencia a enfermos, es decir, para el sistema de referencia y contrareferencia que debe ser de carácter mixto, público y privado”. Lo que indica esto, entonces, es que el mismo mandatario sabe de la necesidad de más recursos para la salud y de destinación clara que deben tener. Una vez más, todo esto es un asunto de plata. Y también, de la reforma a la salud que transita en un camino sin pavimentar en el Congreso. Seguiremos atentos a todas las noticias y se las contaremos, minuto a minuto, en este enlace.

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