El incremento de la UPC para 2025 es insuficiente: Asociación de Usuarios en Salud

A través de un comunicado, la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud del país le hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre el aumento del 5,3 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este 2025, el monto que el Estado asigna a las EPS anualmente para cubrir los servicios de salud de los afiliados.

Cada año, el gobierno debe ajustar la UPC teniendo en cuenta varios factores, como la inflación y el aumento del salario mínimo, entre otros, ya que este último tiene un impacto indirecto en los costos laborales y administrativos del sector salud.

En su comunicado, la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud le solicitó al presidente, Gustavo Petro, estudiar la posibilidad de convocar una mesa técnica en la que “tengamos participación todos los actores del sistema, para presentar los argumentos que se tienen por los cuales consideramos que decisiones como la del incremento de la UPC para el año 2025 es insuficiente y pone en riesgo la salud y la vida de los colombianos”, afirmó el gremio en un comunicado emitido este 2 de enero de 2025.

Entre los argumentos de la Mesa está el hecho de que, al finalizar el 2023, el Gobierno Nacional tenía procesos de intervención de cuatro EPS del país: EPS Emsanar, Asmet Salud, Savia Salud y Famisanar, cuya información, según el gremio, “tampoco era creíble”.

Teniendo esto como contexto, el gremio de usuarios afirmó que, aunque el Gobierno tenía conocimiento de esta información durante 2024 a través de reportes periódicos, “no advirtió esta situación para subsanarla y, por el contrario, la dejó pasar para generar este escenario y tomar está desacertada decisión”.

Por la misma línea, se afirmó que, aunque el sector salud ha tenido múltiples alertas por corrupción, no se puede utilizar ese argumento para “tomar decisiones que ponen en riesgo la vida de los colombianos”.

Además, en el comunicado se señala que, si bien el problema de desfinanciamiento del sistema de salud no es exclusivamente de este Gobierno, “si se ha agudizado mucho más (...) Es a este al que responsablemente le toca buscar la solución técnica y realista adecuada, lo cual desafortunadamente no se ha logrado”.

Como lo mencionamos en este artículo, Protección Social, encabezada por Luis Alberto Martínez, explicó en un comunicado que el motivo por el que habían decidido ese aumento se debía a que encontraron inconsistencias en los datos que les enviaron las EPS. Entre ellas, incrementos abruptos en la frecuencia de servicios de salud y elevados gastos médicos sin justificación. Por esa razón, el incremento fue de la inflación causada hasta noviembre. Además, no se tuvo en cuenta la información de la Nueva EPS, la más grande del país, con 11,4 millons de afiliados.

Además de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, otros sectores de la salud también han visto con malos ojos el incremento de la UPC. La organización Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 200 asociaciones de usuarios del sistema de salud en Colombia, fue una de las primeras en pronunciarse. “De múltiples formas y a través de amplias voces en el sector, se hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que la UPC tuviera un incremento mínimo del 16 %”, señalaron a través de un comunicado.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, reaccionó por medio de su cuenta de X señalando que “la UPC no alcanza para pagar las necesidades de salud de los colombianos, no alcanza para ajustar salarios, no corrige la insuficiencia de la UPC que el Ministerio de Salud reconoció en la Corte Constitucional”.

Para Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), en el sector se esperaba que el aumento fuera, al menos, el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo. “Empezamos con un desfase, porque en las bases de nuestras instituciones se aplica el incremento del salario mínimo y eso va a generar un desbalance, sumado a la difícil situación financiera que tienen las instituciones públicas”, aseguró a El Espectador.

“¿Cómo van a hacer los hospitales para pagarle a su personal? ¿Cómo van a hacer para cubrir los déficits que hay en este momento en el sector, en términos de medicamentos y procedimientos?”, se preguntó, por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

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A través de un comunicado, la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud del país le hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre el aumento del 5,3 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este 2025, el monto que el Estado asigna a las EPS anualmente para cubrir los servicios de salud de los afiliados.

Cada año, el gobierno debe ajustar la UPC teniendo en cuenta varios factores, como la inflación y el aumento del salario mínimo, entre otros, ya que este último tiene un impacto indirecto en los costos laborales y administrativos del sector salud.

En su comunicado, la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud le solicitó al presidente, Gustavo Petro, estudiar la posibilidad de convocar una mesa técnica en la que “tengamos participación todos los actores del sistema, para presentar los argumentos que se tienen por los cuales consideramos que decisiones como la del incremento de la UPC para el año 2025 es insuficiente y pone en riesgo la salud y la vida de los colombianos”, afirmó el gremio en un comunicado emitido este 2 de enero de 2025.

Entre los argumentos de la Mesa está el hecho de que, al finalizar el 2023, el Gobierno Nacional tenía procesos de intervención de cuatro EPS del país: EPS Emsanar, Asmet Salud, Savia Salud y Famisanar, cuya información, según el gremio, “tampoco era creíble”.

Teniendo esto como contexto, el gremio de usuarios afirmó que, aunque el Gobierno tenía conocimiento de esta información durante 2024 a través de reportes periódicos, “no advirtió esta situación para subsanarla y, por el contrario, la dejó pasar para generar este escenario y tomar está desacertada decisión”.

Por la misma línea, se afirmó que, aunque el sector salud ha tenido múltiples alertas por corrupción, no se puede utilizar ese argumento para “tomar decisiones que ponen en riesgo la vida de los colombianos”.

Además, en el comunicado se señala que, si bien el problema de desfinanciamiento del sistema de salud no es exclusivamente de este Gobierno, “si se ha agudizado mucho más (...) Es a este al que responsablemente le toca buscar la solución técnica y realista adecuada, lo cual desafortunadamente no se ha logrado”.

Como lo mencionamos en este artículo, Protección Social, encabezada por Luis Alberto Martínez, explicó en un comunicado que el motivo por el que habían decidido ese aumento se debía a que encontraron inconsistencias en los datos que les enviaron las EPS. Entre ellas, incrementos abruptos en la frecuencia de servicios de salud y elevados gastos médicos sin justificación. Por esa razón, el incremento fue de la inflación causada hasta noviembre. Además, no se tuvo en cuenta la información de la Nueva EPS, la más grande del país, con 11,4 millons de afiliados.

Además de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, otros sectores de la salud también han visto con malos ojos el incremento de la UPC. La organización Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 200 asociaciones de usuarios del sistema de salud en Colombia, fue una de las primeras en pronunciarse. “De múltiples formas y a través de amplias voces en el sector, se hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que la UPC tuviera un incremento mínimo del 16 %”, señalaron a través de un comunicado.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, reaccionó por medio de su cuenta de X señalando que “la UPC no alcanza para pagar las necesidades de salud de los colombianos, no alcanza para ajustar salarios, no corrige la insuficiencia de la UPC que el Ministerio de Salud reconoció en la Corte Constitucional”.

Para Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), en el sector se esperaba que el aumento fuera, al menos, el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo. “Empezamos con un desfase, porque en las bases de nuestras instituciones se aplica el incremento del salario mínimo y eso va a generar un desbalance, sumado a la difícil situación financiera que tienen las instituciones públicas”, aseguró a El Espectador.

“¿Cómo van a hacer los hospitales para pagarle a su personal? ¿Cómo van a hacer para cubrir los déficits que hay en este momento en el sector, en términos de medicamentos y procedimientos?”, se preguntó, por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

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