El informe sobre salud y glifosato que pocos quieren leer
La Universidad de Córdoba adelanta un extenso estudio para determinar los riesgos para la salud humana que podría tener la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. Aunque aún las avionetas siguen parqueadas, estos son los datos que están informando el debate en salud.
Esta semana podría ser bautizada como la de la coca y el glifosato. En primer lugar, se debatió en el Congreso un proyecto de ley para la regulación de la cocaína, que representa el 2 % del PIB del país, el doble que el café. Por otro lado, y de manera exprés, se publicaron dos documentos claves para el regreso -o no- de la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos.
El primero es el esperado decreto expedido por el Ministerio de Justicia, que pone las reglas de juego para la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato (Pecig), y el segundo -emitido con apenas un día de diferencia- es la modificación del Plan de Manejo Ambiental que presentó la Policía Nacional ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y que promete mayor vigilancia y “precisión” en la erradicación de cultivos. (Le puede interesar: Glifosato: el primer caso por muerte que admite la CIDH)
Pero para que la Comisión Nacional de Estupefacientes (CNE) se siente a decidir si sí o no reanuda las fumigaciones con glifosato se requiere algo más: un concepto previo del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre los riesgos de la aspersión aérea con glifosato en la salud humana. Aunque aún hay litigios por resolver para que despeguen las avionetas, este es el punto que falta en el cúmulo de “evidencia científica” que pidió la Corte en 2017, cuando decidió suspender la fumigación aérea.
El llamado a la “evidencia científica” que hizo la Corte es importante, si tenemos en cuenta que desde 1993, cuando se exigió un plan de manejo ambiental para la fumigación aérea con herbicidas, no se han hecho actualizaciones a estos planes o a los de gestión del riesgo a la salud. O por lo menos no hasta esta semana, a pesar de que en 2015 la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación del glifosato a 2A, “posiblemente cancerígeno”: “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”, dijo la autoridad sanitaria, basándose en evidencia de exposición a este herbicida de granjeros en Estados Unidos, Canadá y Suecia, aunque esto aún está en debate. (Puede leer: ANLA aprobó plan de manejo ambiental para aspersión con glifosato)
La única decisión que ha tomado Colombia en este aspecto fue reemplazar en 2001 el uso del herbicida paraquat y quedarse solo con glifosato (cuyos estudios sobre efectos negativos para la salud nunca han sido concluyentes en humanos, aunque sí en animales). Desde los ochenta se ha mejorado la fórmula, ha cambiado el tamaño de las gotas y el ángulo en que rocían las avionetas para aumentar la precisión de la operación, y así “pegarle” menos a lo que no sea coca como ríos, cultivos de pancoger o gente. Sin embargo, la efectividad de la estrategia aún es compleja de alcanzar: por cada hectárea de coca que el glifosato alcanza, otras 33 en donde no hay coca son rociadas, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed).
Por eso, la producción de evidencia científica y las actualizaciones de estos planes para salvaguardar la salud pública son una rareza. De hecho, como contó El Espectador, el INS identificó en 2012 algunos riesgos asociados al surfactante Cosmo Flux 411-F, uno de los componentes del coctel con que se asperjan los cultivos ilícitos en el país, diez veces más tóxico que el glifosato y que sirve para que la hoja absorba mejor el químico. Para 2013 recomendó reemplazar el Cosmo Flux 411-F por un producto menos tóxico, pero esto nunca se hizo, y el Consejo Nacional de Estupefacientes (que estaba a cargo de la aspersión aérea) no actuó para disminuir los riesgos sobre la salud, aun sabiendo de ellos.
No está claro si el INS volvió a recomendar su reemplazo para este y otros usos después de 2012, sin embargo, en el Plan de Manejo Ambiental que aprobó la ANLA esta semana no está aprobado el Cosmoflux. En vez se usará un aceite parafinado llamado Cosmooil, clasificado como “ligeramente tóxico” en la etiqueta de su envase (igual que el Cosmoflux). (Puede leer: Con decreto sobre tutelas, Gobierno inclinaría a su favor el pulso por la erradicación de coca)
Lo que pide la Corte a las autoridades sanitarias, sin embargo, es una evaluación de riesgos, no una recomendación. Por eso, en 2019, el Ministerio de Salud contrató a la Universidad de Córdoba por $1.012 millones para hacer una evaluación de riesgo en los 15 departamentos (divididos en seis núcleos y 104 municipios) en donde hay coca sembrada.
La investigación hace una revisión de estudios sobre exposición a glifosato en los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare, La Macarena, Puerto Rico, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Concordia y Cumaribo, en los departamentos de Guaviare, Meta y Vichada. Además considera reportes de vigilancia epidemiológica, condiciones del suelo, frecuencia de lluvias y velocidad del viento (para entender cómo funciona la mecánica de la aspersión en cada municipio), y datos demográficos para saber de dónde saca la gente el agua que consume, a qué distancia vive de los cultivos, cuánto pesa, y un largo etcétera.
Fue entregado al Ministerio de Salud en marzo de 2020, y por canales informales se conoció que se haría la socialización este 16 de marzo a través de la Secretaría de Salud del Valle y las redes de la universidad, pero una vez compartido el link, el evento se atrasó y los “troles de internet” llenaron la sala de falsos usuarios, memes de perritos y gritos. Mejor dicho, el evento virtual no se pudo hacer ese día y aunque se reprogramó, el link para socializar el estudio fue enviado de manera privada a unos cuantos. Eso sí, el estudio está en la página del Ministerio de Salud.
¿Qué dice?
Comencemos por la conclusión: “Aunque este herbicida puede ser levemente tóxico, dependiendo la exposición, la cantidad, la fórmula, el surfactante, el contacto, entre otros factores a largo plazo, según las características mencionadas, puede llegar a tener alto impacto para la salud”.
Entre las 404 páginas de investigación se rescatan datos interesantes que hasta el momento solo conocían la Policía y la ANLA. Por ejemplo, concluyen que el comportamiento de la mezcla depende de las condiciones ambientales, es decir, que el riesgo varía entre regiones y la mezcla deberá cambiar de acuerdo con la zona geográfica, que el herbicida puede acumularse a 150 metros de donde es rociada la mezcla, que la carga de herbicida que permanece en el suelo es del 95,27 %, mucho más que en el agua (y que, por lo tanto, la exposición por vía dérmica es una ruta potencialmente peligrosa para la salud humana), y que los niños menores de tres años y las personas con delgadez crítica presentan mayores tasas de exposición.
Pero como el resto de estudios sobre glifosato, no es conclusivo acerca de los efectos que la exposición a glifosato puede generar a la salud humana. Aunque algunos estudios han asociado el herbicida con niveles leves de toxicidad, todo depende de otras variables menos estudiadas, como la exposición, el contacto humano, el surfactante, la vía de ingestión y otras. Entre los posibles efectos de la exposición al glifosato están: alteración en el tiempo de gestación y parto prematuro, malformaciones congénitas, anormalidades en el crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco años, enfermedad renal crónica, enfermedades neurológicas como polineuropatía, eczema y dermatitis alérgicas, hipotiroidismo, rinitis y asma, y algunos tipos de cáncer como leucemia, mieloma múltiple y linfoma Hodking y no Hodking.
El problema, según los investigadores, es que no se ha realizado ninguna medición precisa de las concentraciones de estas sustancias y cómo interactúan con la geografía nacional, y que la medición de los efectos en la salud de la exposición al glifosato se ha hecho solo a través de encuestas y cuestionarios. Agregan que los modelos matemáticos con los que hicieron sus simulaciones están basados en información de agencias internacionales de Estados Unidos o Canadá, que no tienen datos sobre glifosato contra cultivos ilícitos, pero que tienen otras características agrícolas y climatológicas. Mejor dicho, un problema local se está resolviendo con datos importados.
Según cuatro investigadores expertos en coca y glifosato consultados para este artículo que prefirieron permanecer en el anonimato, lo complejo de este estudio no es la experiencia que pueda tener la Universidad de Córdoba, o la demora en la socialización, sino el mismo lío de siempre: es muy difícil hacer estudios con población humana. Son costosos y lograr su aprobación puede tardar años. En todo caso, las estimaciones matemáticas de la Universidad de Córdoba concluyeron que en esos municipios de Meta, Guaviare y Vichada las dosis máximas de exposición al glifosato rociado desde el aire por vía oral y dérmica no superaron las dosis consideradas tóxicas: “Esto sugiere que el riesgo en salud, estimado en magnitud, no evidencia un problema de salud pública”.
El Instituto Nacional de Salud se basó en este estudio para emitir un concepto previo enviado al Ministerio de Salud.
Allí concluye que es improbable que una persona se exponga al glifosato más de una vez y que bajo las condiciones que propone la Policía en su Plan de Manejo Ambiental, los riesgos en salud de la aspersión aérea son bajos. Sin embargo, dada la exposición al herbicida en cultivos de pancoger, y la persistencia del herbicida en el suelo, se puede incrementar la dosis recibida y el riesgo a largo plazo de desarrollar eventos en salud no asociados directamente al PECIG”.
También se tuvo en cuenta por primera vez el factor de salud mental, y se menciona la ansiedad causada en los cultivadores (de coca o no) por la posible pérdida de cultivos y el pasar de las avionetas, o la sensación de criminalización por el uso ancestral de la planta de coca por parte de comunidades indígenas, o los daños en salud mental por la alteración de la seguridad económica de comunidades campesinas, indígenas y afros al verse fuera de sus tierras. Un abogado que lidera uno de los litigios contra el PECIG pero que prefiere guardar su nombre dice que la preocupación olvidada es cómo garantizar la participación de las comunidades. La participación que propone la Corte no implica una consulta a campesinos, sino más bien una socialización, pero como sucedió con las audiencias públicas que lideró la Policía Nacional en diciembre del año pasado para socializar su Plan de Manejo Ambiental, la participación está en entredicho. A pesar de haber acudido a canales como la radio de la Policía, las redes sociales y de haber instalado pantallas en algunos de los 104 municipios listados en el PECIG, no todos los involucrados pudieron ser parte de la socialización.
“Las comunidades deben hacer parte del proceso de evaluación de con el fin de determinar la mejor manera de controlar los riesgos para la salud”, dijo la Corte en 2017, y aunque el decreto habla de “participación efectiva”, solo menciona que el INS enviará informes de seguimiento a las Secretarías de Salud departamentales, y que se deberá socializar el programa con las comunidades involucradas, que será específico dependiendo de la zona. “La T-236 exige participación reforzada de las comunidades posiblemente afectadas en todo el proceso decisorio de reanudación. En el componente ambiental, y con muchas falencias, esto se hizo a través de la audiencia pública ambiental. Pero aun no es claro ni el Minsalud ha dado información sobre cómo será esto para el componente de salud”, dice Isabel Pereira, experta en drogas de Dejusticia.
El estudio sobre los 11 departamentos restantes debió haber sido entregado en septiembre del año pasado, pero aún no se ha hecho público. Por ahora, las avionetas seguirán parqueadas.
Esta semana podría ser bautizada como la de la coca y el glifosato. En primer lugar, se debatió en el Congreso un proyecto de ley para la regulación de la cocaína, que representa el 2 % del PIB del país, el doble que el café. Por otro lado, y de manera exprés, se publicaron dos documentos claves para el regreso -o no- de la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos.
El primero es el esperado decreto expedido por el Ministerio de Justicia, que pone las reglas de juego para la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato (Pecig), y el segundo -emitido con apenas un día de diferencia- es la modificación del Plan de Manejo Ambiental que presentó la Policía Nacional ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y que promete mayor vigilancia y “precisión” en la erradicación de cultivos. (Le puede interesar: Glifosato: el primer caso por muerte que admite la CIDH)
Pero para que la Comisión Nacional de Estupefacientes (CNE) se siente a decidir si sí o no reanuda las fumigaciones con glifosato se requiere algo más: un concepto previo del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre los riesgos de la aspersión aérea con glifosato en la salud humana. Aunque aún hay litigios por resolver para que despeguen las avionetas, este es el punto que falta en el cúmulo de “evidencia científica” que pidió la Corte en 2017, cuando decidió suspender la fumigación aérea.
El llamado a la “evidencia científica” que hizo la Corte es importante, si tenemos en cuenta que desde 1993, cuando se exigió un plan de manejo ambiental para la fumigación aérea con herbicidas, no se han hecho actualizaciones a estos planes o a los de gestión del riesgo a la salud. O por lo menos no hasta esta semana, a pesar de que en 2015 la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación del glifosato a 2A, “posiblemente cancerígeno”: “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”, dijo la autoridad sanitaria, basándose en evidencia de exposición a este herbicida de granjeros en Estados Unidos, Canadá y Suecia, aunque esto aún está en debate. (Puede leer: ANLA aprobó plan de manejo ambiental para aspersión con glifosato)
La única decisión que ha tomado Colombia en este aspecto fue reemplazar en 2001 el uso del herbicida paraquat y quedarse solo con glifosato (cuyos estudios sobre efectos negativos para la salud nunca han sido concluyentes en humanos, aunque sí en animales). Desde los ochenta se ha mejorado la fórmula, ha cambiado el tamaño de las gotas y el ángulo en que rocían las avionetas para aumentar la precisión de la operación, y así “pegarle” menos a lo que no sea coca como ríos, cultivos de pancoger o gente. Sin embargo, la efectividad de la estrategia aún es compleja de alcanzar: por cada hectárea de coca que el glifosato alcanza, otras 33 en donde no hay coca son rociadas, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed).
Por eso, la producción de evidencia científica y las actualizaciones de estos planes para salvaguardar la salud pública son una rareza. De hecho, como contó El Espectador, el INS identificó en 2012 algunos riesgos asociados al surfactante Cosmo Flux 411-F, uno de los componentes del coctel con que se asperjan los cultivos ilícitos en el país, diez veces más tóxico que el glifosato y que sirve para que la hoja absorba mejor el químico. Para 2013 recomendó reemplazar el Cosmo Flux 411-F por un producto menos tóxico, pero esto nunca se hizo, y el Consejo Nacional de Estupefacientes (que estaba a cargo de la aspersión aérea) no actuó para disminuir los riesgos sobre la salud, aun sabiendo de ellos.
No está claro si el INS volvió a recomendar su reemplazo para este y otros usos después de 2012, sin embargo, en el Plan de Manejo Ambiental que aprobó la ANLA esta semana no está aprobado el Cosmoflux. En vez se usará un aceite parafinado llamado Cosmooil, clasificado como “ligeramente tóxico” en la etiqueta de su envase (igual que el Cosmoflux). (Puede leer: Con decreto sobre tutelas, Gobierno inclinaría a su favor el pulso por la erradicación de coca)
Lo que pide la Corte a las autoridades sanitarias, sin embargo, es una evaluación de riesgos, no una recomendación. Por eso, en 2019, el Ministerio de Salud contrató a la Universidad de Córdoba por $1.012 millones para hacer una evaluación de riesgo en los 15 departamentos (divididos en seis núcleos y 104 municipios) en donde hay coca sembrada.
La investigación hace una revisión de estudios sobre exposición a glifosato en los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare, La Macarena, Puerto Rico, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Concordia y Cumaribo, en los departamentos de Guaviare, Meta y Vichada. Además considera reportes de vigilancia epidemiológica, condiciones del suelo, frecuencia de lluvias y velocidad del viento (para entender cómo funciona la mecánica de la aspersión en cada municipio), y datos demográficos para saber de dónde saca la gente el agua que consume, a qué distancia vive de los cultivos, cuánto pesa, y un largo etcétera.
Fue entregado al Ministerio de Salud en marzo de 2020, y por canales informales se conoció que se haría la socialización este 16 de marzo a través de la Secretaría de Salud del Valle y las redes de la universidad, pero una vez compartido el link, el evento se atrasó y los “troles de internet” llenaron la sala de falsos usuarios, memes de perritos y gritos. Mejor dicho, el evento virtual no se pudo hacer ese día y aunque se reprogramó, el link para socializar el estudio fue enviado de manera privada a unos cuantos. Eso sí, el estudio está en la página del Ministerio de Salud.
¿Qué dice?
Comencemos por la conclusión: “Aunque este herbicida puede ser levemente tóxico, dependiendo la exposición, la cantidad, la fórmula, el surfactante, el contacto, entre otros factores a largo plazo, según las características mencionadas, puede llegar a tener alto impacto para la salud”.
Entre las 404 páginas de investigación se rescatan datos interesantes que hasta el momento solo conocían la Policía y la ANLA. Por ejemplo, concluyen que el comportamiento de la mezcla depende de las condiciones ambientales, es decir, que el riesgo varía entre regiones y la mezcla deberá cambiar de acuerdo con la zona geográfica, que el herbicida puede acumularse a 150 metros de donde es rociada la mezcla, que la carga de herbicida que permanece en el suelo es del 95,27 %, mucho más que en el agua (y que, por lo tanto, la exposición por vía dérmica es una ruta potencialmente peligrosa para la salud humana), y que los niños menores de tres años y las personas con delgadez crítica presentan mayores tasas de exposición.
Pero como el resto de estudios sobre glifosato, no es conclusivo acerca de los efectos que la exposición a glifosato puede generar a la salud humana. Aunque algunos estudios han asociado el herbicida con niveles leves de toxicidad, todo depende de otras variables menos estudiadas, como la exposición, el contacto humano, el surfactante, la vía de ingestión y otras. Entre los posibles efectos de la exposición al glifosato están: alteración en el tiempo de gestación y parto prematuro, malformaciones congénitas, anormalidades en el crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco años, enfermedad renal crónica, enfermedades neurológicas como polineuropatía, eczema y dermatitis alérgicas, hipotiroidismo, rinitis y asma, y algunos tipos de cáncer como leucemia, mieloma múltiple y linfoma Hodking y no Hodking.
El problema, según los investigadores, es que no se ha realizado ninguna medición precisa de las concentraciones de estas sustancias y cómo interactúan con la geografía nacional, y que la medición de los efectos en la salud de la exposición al glifosato se ha hecho solo a través de encuestas y cuestionarios. Agregan que los modelos matemáticos con los que hicieron sus simulaciones están basados en información de agencias internacionales de Estados Unidos o Canadá, que no tienen datos sobre glifosato contra cultivos ilícitos, pero que tienen otras características agrícolas y climatológicas. Mejor dicho, un problema local se está resolviendo con datos importados.
Según cuatro investigadores expertos en coca y glifosato consultados para este artículo que prefirieron permanecer en el anonimato, lo complejo de este estudio no es la experiencia que pueda tener la Universidad de Córdoba, o la demora en la socialización, sino el mismo lío de siempre: es muy difícil hacer estudios con población humana. Son costosos y lograr su aprobación puede tardar años. En todo caso, las estimaciones matemáticas de la Universidad de Córdoba concluyeron que en esos municipios de Meta, Guaviare y Vichada las dosis máximas de exposición al glifosato rociado desde el aire por vía oral y dérmica no superaron las dosis consideradas tóxicas: “Esto sugiere que el riesgo en salud, estimado en magnitud, no evidencia un problema de salud pública”.
El Instituto Nacional de Salud se basó en este estudio para emitir un concepto previo enviado al Ministerio de Salud.
Allí concluye que es improbable que una persona se exponga al glifosato más de una vez y que bajo las condiciones que propone la Policía en su Plan de Manejo Ambiental, los riesgos en salud de la aspersión aérea son bajos. Sin embargo, dada la exposición al herbicida en cultivos de pancoger, y la persistencia del herbicida en el suelo, se puede incrementar la dosis recibida y el riesgo a largo plazo de desarrollar eventos en salud no asociados directamente al PECIG”.
También se tuvo en cuenta por primera vez el factor de salud mental, y se menciona la ansiedad causada en los cultivadores (de coca o no) por la posible pérdida de cultivos y el pasar de las avionetas, o la sensación de criminalización por el uso ancestral de la planta de coca por parte de comunidades indígenas, o los daños en salud mental por la alteración de la seguridad económica de comunidades campesinas, indígenas y afros al verse fuera de sus tierras. Un abogado que lidera uno de los litigios contra el PECIG pero que prefiere guardar su nombre dice que la preocupación olvidada es cómo garantizar la participación de las comunidades. La participación que propone la Corte no implica una consulta a campesinos, sino más bien una socialización, pero como sucedió con las audiencias públicas que lideró la Policía Nacional en diciembre del año pasado para socializar su Plan de Manejo Ambiental, la participación está en entredicho. A pesar de haber acudido a canales como la radio de la Policía, las redes sociales y de haber instalado pantallas en algunos de los 104 municipios listados en el PECIG, no todos los involucrados pudieron ser parte de la socialización.
“Las comunidades deben hacer parte del proceso de evaluación de con el fin de determinar la mejor manera de controlar los riesgos para la salud”, dijo la Corte en 2017, y aunque el decreto habla de “participación efectiva”, solo menciona que el INS enviará informes de seguimiento a las Secretarías de Salud departamentales, y que se deberá socializar el programa con las comunidades involucradas, que será específico dependiendo de la zona. “La T-236 exige participación reforzada de las comunidades posiblemente afectadas en todo el proceso decisorio de reanudación. En el componente ambiental, y con muchas falencias, esto se hizo a través de la audiencia pública ambiental. Pero aun no es claro ni el Minsalud ha dado información sobre cómo será esto para el componente de salud”, dice Isabel Pereira, experta en drogas de Dejusticia.
El estudio sobre los 11 departamentos restantes debió haber sido entregado en septiembre del año pasado, pero aún no se ha hecho público. Por ahora, las avionetas seguirán parqueadas.