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El viernes pasado, y en medio de todas las noticias que han venido sacudiendo al sistema de salud, hizo mucho ruido que supuestamente el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que había que revisar el cálculo de la UPC (la plata que gira el Estado a las EPS para garantizar el Plan de Beneficios en Salud). El pronunciamiento de Jaramillo se dio en una audiencia pública que convocó la Corte Constitucional para revisar el cálculo de esa “prima”, que ha sido objeto de una gran discusión en el sistema: mientras las EPS dicen que no alcanza, el gobierno defiende que sí. (Puede ver: ¿Qué está pasando en el sistema?)
“Yo estoy totalmente de acuerdo en que se revise la UPC”, dijo Jaramillo. Pero hay que hacer un par de precisiones. En primer lugar, no es la primera vez que el ministro de salud se muestra favorable a revisar el cálculo de la UPC. Ya el pasado 24 de agosto de 2023, y en rueda de prensa, Jaramillo dejó esa puerta abierta: “Si llegamos a concluir que todo este dinero no alcanza (después de revisar el cálculo de la UPC), si eso no alcanza, tiene que haber un compromiso de todos los colombianos de decir que tenemos que buscar nuevos recursos. Y esos recursos están sobre la base de nuevos impuestos, no hay más”, dijo entonces.
De hecho, ese día el Ministerio de Salud anunció una serie de mesas técnicas con las EPS y otros actores para hablar del tema. “Mientras a nosotros nos dan las cuentas, a ellos no. Nos vamos a sentar a hablar”.
El ministro ha señalado en muchas otras ocasiones que no está cerrado a hablar de ese, y de cualquier otro tema. Pero la conclusión de esos diálogos, que ya se han dado, no acercan a los actores. “Después de 18 mesas técnicas, no encontramos esa supuesta insuficiencia por ningún lado”, concluía, por ejemplo, el ministro en su intervención en la Comisión Séptima del Senado, cuando la reforma se hundió.
Desde los gremios de las EPS le han dicho a El Espectador en anteriores ocasiones que los diálogos sobre la insuficiencia o no de la UPC se han vuelto conversaciones de “sordos”: “Cada uno llega, muestras sus cifras y se va”, nos decía una persona que participó de esas mesas hace unos meses. Por eso, no es tan peculiar que Jaramillo haya dicho que sí quiere hablar. La segunda precisión que hay que hacer, es que el ministro estaba en la Corte Constitucional defendiendo justamente el cálculo que su ministerio había hecho para aumentar la UPC en 2024, que fue del 12,1% (cuando las EPS pedían que fuera mínimo del 16%).
Hay que recordar que ese ajuste estuvo rodeado de varias polémicas, como contamos en esta nota. El Ministerio de Salud señaló en su momento que lo había tenido que hacer contando con la información de solo cuatro de todas las EPS que cumplieron con la consistencia en los datos que debían presentar para la toma de esa decisión. Para entender esto, hay que saber que el cálculo para saber cuánto tiene que aumentar la UPC año tras año es uno largo y técnico, que incluye datos como la inflación, el aumento del salario mínimo, la frecuencia de servicios (qué están usando los ciudadanos en el sistema y cada cuánto lo hacen) y el costo de esas atenciones. Estos últimos datos son consolidados y presentados por las EPS.
Cuando las EPS entregan los datos al Ministerio de Salud, el Ministerio revisa su calidad. “Básicamente, son unas validaciones. Por ejemplo, una paciente mujer no puede aparecer con un procedimiento de prostatectomía (una operación quirúrgica que se realiza exclusivamente en hombres)”, nos ejemplificaba una persona que conoce de cerca ese proceso, hace unos meses. Es en este punto de calidad en el que, según el Ministerio de Salud, solo cuatro de todas las EPS en el país “cumplieron con la consistencia en los datos que debían presentar para el cálculo de la UPC”.
La Corte Constitucional ha criticado que el cálculo sobre el que se ha hecho la UPC haya contado solo con esa información. Y, de hecho, los problemas en ese campo han sido usuales en el sistema de salud, mucho más en el régimen subsidiado que en el contributivo. En todo caso, la Corte citó el viernes pasado a los actores de la salud justo para hablar de este tema. Ya en anteriores oportunidades había señalado que la información recolectada y que el Gobierno usó para establecer el aumento del valor de esta UPC “no era del todo confiable”. (Puede ver: Los caminos por los que podría echarse para atrás la intervención a Sanitas)
Pese a que el Ministerio de Salud lo ha defendido, para la Corte “no ha demostrado que el valor de la UPC sea suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías en salud PBS-UPC a la población afiliada al régimen subsidiado, y tampoco que la información requerida para efectuar el cálculo de esta prima se entregue de manera oportuna, completa y con la calidad requerida”, se puede leer en el auto 006 de 2024 donde hacía la citación. En la audiencia, el ministro respondió a esas críticas. “Esas EPS fueron suficientes. Así hayan sido cuatro, son representativas, representan cerca de 16 millones de personas distribuidas en todo el territorio, por lo tanto, estadísticamente son significativas y representan a todo el sistema”, insistió.
Es decir, el ministro de salud no aceptó en la Corte Constitucional que el Gobierno se haya equivocado calculando el aumento de la UPC, como han querido mostrarlo varias personas y medios. Todo lo contrario, defendió el cálculo que hizo a partir de la información que recibió de las EPS sobre frecuencias, costos y servicios, entre otros datos, como ha venido haciéndolo durante toda esta discusión.
Para el Gobierno, más allá de una insuficiencia de los recursos, hay que debatir sobre una eficiencia en el manejo de esos recursos. Al final de la audiencia el viernes, Jaramillo insistió: “¿Qué está pasando con los recursos? Este año va a ser cerca de $94 billones, el año pasado fueron $84 billones”, afirmó, refiriéndose al presupuesto de todo el sector salud. A Jaramillo le dio la razón la Contraloría en un informe que se convirtió en uno de los soportes que han justificado la decisión de la Supersalud para intervenir a Sanitas y a Nueva EPS. (Puede ver: Un recuento para entender lo que pasó en el sistema de salud esta semana)
Ese informe fue publicado en febrero de 2024 y en él la Contraloría señala que la deuda total de las EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnologías alcanza la suma de $11.3 billones. A los ojos del contralor, algunas EPS no estaban haciendo un gasto eficiente de la UPC. También dijo que no había “un control real de qué pasa con la facturación de las IPS”. (Puede ver: ¿Qué está pasando en Nueva EPS?)
La discusión de si la UPC es suficiente o no, es el centro del debate en este momento que atraviesa el sistema de salud colombiano. Para Jairo Humberto Restrepo, un académico de la U. de Antioquia que ha estudiado este tema, el asunto no “se ha resuelto de manera técnica. Necesitamos un mecanismo, un escenario técnico que nos permita reconocer, validar, auditar las cifras que nos permitan saber cuál es el gasto y saber si la UPC es suficiente o no. Todos los indicios que tenemos hoy, dan a entender que no”.
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