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Antes de que termine el año, el Ministerio de Salud debe tomar una decisión clave: definir el aumento que tendrá la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para el próximo año, 2025. Se trata de los recursos que el Estado gira por cada afiliado para garantizar el Plan de Beneficios en Salud.
El proceso de definición de ese aumento se desarrolla durante el segundo semestre de cada año y, se supone, toma en cuenta indicadores de frecuencia, gastos en salud, evolución de la inflación, costos de medicamentos y tecnología, entre otros. Se trata de decenas de cifras que tienen que presentar las EPS, a partir de lo que a ellas les reporta el sector prestador (es decir, hospitales y clínicas). El Ministerio de Salud valida la calidad de esos indicadores y, con base en ellos, define el aumento.
El Minsalud tiene hasta el 31 de diciembre para tomar esta decisión. Si no se pronuncia, la UPC crecería solo la inflación. Son muchos los actores que creen que este aumento definirá en buena medida la capacidad financiera del sistema de salud en 2025. Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 asociaciones de pacientes a nivel nacional, expresó en las últimas horas “su profunda preocupación por los graves riesgos que enfrentaría el sistema de salud colombiano y la vida de millones de colombianos de no hacerse el cálculo adecuado para la UPC correspondiente al 2025″.
Pacientes se refiere en su pronunciamiento al déficit financiero del sistema de salud. Como hemos explicado en notas como esta, entidades como Sectorial, una firma que analiza periódicamente el estado financiero del sistema de salud, estiman que el sistema cerrará este año con un hueco de más de $9 billones. “El origen de eso es la estimación del valor de la UPC que se hizo para este año, que no costeó con suficiencia los gastos”, explicaba la entidad. El aumento que realizó el Minsalud para este año fue de 12,1 %. En términos menos técnicos, la situación no es tan difícil de entender: según Sectorial, el Gobierno proyectó que se necesitarían alrededor de $90,1 billones para financiar la atención en salud de los colombianos, pero los costos serán realmente de $99,6 billones.
Pero esos $9 billones de déficits surgen solo de mirar el 2024. Si se considera lo que el sistema debe de años anteriores, el hueco financiero podría estar entre los $11 y los $25 billones.
Según el pronunciamiento de Pacientes, una UPC insuficiente empeoraría la situación. “Un ajuste inadecuado significa que los pacientes seguirán muriendo por la falta de acceso a medicamentos y tratamientos vitales, que las IPS continuarán cerrando, y que las condiciones laborales de los médicos y equipos de salud seguirán deteriorándose, afectando la calidad de atención y poniendo de esta manera en riesgo la vida de los pacientes”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
Hace unos días, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en colaboración con el centro de estudios económicos ANIF, calculó que la UPC para 2025 debería subir un 16,4 %. Sectorial estima que debería ajustarse en un 18 %. El último en hacer su apuesta fue la ANDI. El gremio que reúne a los empresarios señala que la UPC debe subir un 16,9% en 2025.
Considerando que el Ministerio de Hacienda calcula que la inflación de este año será de 5,3 % y que en 2025 seguirá bajando, incluso ubicándose entre un 3% y un 4%, las cifras propuestas por estos gremios y empresas son considerablemente altas. Durante los últimos 16 años, la UPC ha incrementado más que la inflación, salvo en 2021, cuando fue de 5,62 % y el crecimiento de la UPC fue de 5,18 %. Sin embargo, en ninguno de esos años la diferencia entre el aumento de la UPC y la inflación ha superado los seis puntos, como plantea la estimación de Sectorial.
“Es importante reiterar que es responsabilidad del Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Salud y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, definir el incremento de la UPC que garantice la operatividad del sistema de salud”, señaló la ANDI en un comunicado de prensa.
¿Qué ha dicho el Gobierno?
El Ministerio de Salud se ha pronunciado poco sobre cómo va el proceso de ajuste de la UPC para 2025. Se sabe que el Gobierno ha tenido dificultades en recolectar los datos que necesita para definir ese aumento. Como ya dijimos, esos datos deben ser entregados por las EPS y pasar filtros de calidad. “A raíz de que algunas no entregaron la información, hemos reabierto las ventanas para que lo hagan”, dijo el ministro a mediados de septiembre. “Tenemos hasta el 31 de diciembre para definirlo, y la ley dice que si no hay decreto, sube lo que indique la inflación”.
Respecto a esos datos y a su validación de calidad por parte de Minsalud, vale la pena mencionar el pronunciamiento de hace unos días de ACEMI, el principal gremio de las EPS del régimen contributivo. El gremio defendió el accionar de sus 8 EPS afiliadas, que representan el 65,3 % del Régimen Contributivo y el 27,7 % del Régimen Subsidiado. Estas EPS entregaron al Ministerio de Salud datos equivalentes a 532,5 millones de registros por un valor de 35,8 billones de pesos. El 95,9 % de los registros resultaron válidos, así como el 91 % del costo reportado, lo que implica que 8 EPS validaron costos por 31,7 billones de pesos. Sin embargo, el análisis no incluye información de la Nueva EPS, la entidad más grande del país, cuyo reporte, según Acemi, “no se conoce”.
“Este resultado, contrastado con el ejercicio que sirvió de base para el cálculo de la UPC de 2024, que solo consideró un universo de 13,1 millones de afiliados y 16,8 billones de pesos, evidencia una mejora en el proceso de reporte y calidad de la información (...) para realizar el cálculo para 2025″, señaló Acemi. El gremio advirtió finalmente que una tarifación inadecuada podría agravar los problemas de insuficiencia financiera en el sector, en consonancia con otras voces del sector.
En los últimos días, el presidente Gustavo Petro se refirió en X al estimativo de la ANDI sobre la UPC. “El incremento de la UPC debe tener como referente el índice de la inflación. Como no se permite la financiación de la atención preventiva y primaria a través de la UPC, por decisión judicial; esta debe tener un sistema de transferencia diferente y destinarse exclusivamente a este fin. Las EPS que quieran convertirse en gestoras, si la ley de reforma a la salud se aprueba, buscarán financiar con estos recursos su propia red de prevención y atención primaria”, escribió el mandatario.
Analistas del sistema como Andrés Vecino han defendido que un ajuste de la UPC para 2025 que se ajuste solo al aumento de la inflación, no sería suficiente para responder a los retos del sistema.
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