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Desde diciembre de 2024, la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Departamento del Valle del Cauca (Asohosval) viene alertando la compleja situación por la que está atravesando la red de salud del departamento. En un comunicado, señalaron que el Valle se encuentra “al borde del colapso financiero” y que la principal razón de que la situación financiera se agudice cada vez más se debe a la falta de pago de los servicios prestados a los afiliados de las EPS intervenidas.
Esta deuda generada por las EPS, explicó en enero María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, supera los $ 1,2 billones y, si bien en diciembre recibieron algunos pagos correspondientes a octubre y noviembre, este monto no fue suficiente para cubrir las necesidades del sistema. Un ejemplo que puso en ese entonces Lesmes fue el del Hospital Mario Correa Rengifo de Cali, que tiene una deuda total de un poco más de $ 46.000 millones. Solo en 2024, la deuda fue de $ 19.000 millones, siendo la EPS Emssanar responsable de la mitad de este valor.
En la actualidad, como explicamos en esta nota, ocho de las 11 EPS de la región están intervenidas, entre ellas Emssanar, Nueva EPS, Coosalud o Asmet Salud. Esto quiere decir que la salud del 70% de los vallecaucanos está en manos de EPS intervenidas y se traduce en que la red depende económicamente, en gran mayoría, de estas entidades.
“Hoy el flujo de recursos, en particular el giro directo, se ve afectado por el retraso en los trámites de cambios que adelanta la Superintendencia, situación que no es posible resistir, puesto que se requiere el pago de obligaciones, en especial el pago del personal de salud tanto de planta, como de apoyo, y el pago a los proveedores de bienes y servicios”, indicó la asociación.
Frente al complejo panorama, la asociación solicitó adoptar medidas de manera inmediata. Como respuesta, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que se debe consolidar con urgencia la Red Integrada Integral de Servicios propuesta desde el departamento. Durante el encuentro, organizado por la Superintendencia Nacional de Salud con los gerentes interventores de las EPS, Toro señaló que si se implementaba la red “podríamos regularizar los pagos. Con este modelo, sería posible establecer un mecanismo acordado que garantice el flujo de recursos en los hospitales públicos y evite interrupciones en la atención”.
A los ojos de Toro, otro de los factores que ha llevado a que la crisis se agudice podría deberse a la modificación en la metodología de pago, que ahora se realiza mediante giros bimensuales, lo que, en su opinión, dificultaría la sostenibilidad financiera de los hospitales. “Ahora hacen dos giros, y así los hospitales no pueden sostenerse. Es muy difícil prestar un servicio de calidad en estas condiciones. En promedio, en el Valle solo se recibe el 60% o menos de los recursos esperados, y en algunos casos, como en el hospital de Tuluá, apenas el 43% del corriente. Si se les pagará el 80% por lo menos ese 20% quedaba allí, aunque son unas deudas, el flujo sería mejor”, anotó.
Entre las estrategias que ha adelantado el gobierno departamental está la descentralización de servicios médicos especializados para reducir brechas en la atención y la asignación de recursos para garantizar el pago de nómina. “El año pasado, nos tocó darles a los hospitales $ 24.000 millones, porque no tenían con qué pagar. Pagan la nómina muchas veces, pero no pagan proveedores”, dijo la gobernadora.
Al igual que la red pública, la privada también está atravesando una compleja situación, que ha llevado al cierre de servicios de pediatría o ginecobstetricia. Por ejemplo, la clínica Farallones cerró la unidad de recién nacidos y de alto riesgo obstétrico. Una situación similar se vivió en la clínica Palmira, donde cerraron el área de recién nacidos.
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