En 2025, el invierno se acerca al sistema de salud colombiano

“El invierno se acerca” —la advertencia más célebre de Juego de tronos— resuena con una pertinencia inquietante en el sistema de salud colombiano. Infortunadamente, es imposible ver el 2025 con optimismo. Es innegable que la situación financiera del sector de la salud lleva siendo crítica desde hace más de dos décadas. Pero este ya no será otro año de incertidumbre: los datos sugieren que nos enfrentamos a una crisis sistémica sin precedentes. Con un déficit proyectado de casi $11 billones para el cierre de 2024, el Sistema General de Seguridad Social en Salud seguirá tambaleando mientras se sigue discutiendo una reforma criticada no solo por los partidos de oposición, sino también por múltiples sectores académicos, profesionales y de la sociedad civil. En estos dos años, la discusión de la reforma solo ha generado un clima de inestabilidad e inacción que amenaza con profundizar la crisis.

El tortuoso camino de la prometida transformación del sistema refleja esta realidad. Rechazada inicialmente en el Senado por la falta de solidez en sus proyecciones financieras, el gobierno del presidente Gustavo Petro la volvió a presentar con ajustes menores pero, en palabras de sus impulsores, consensuada con las mismas EPS. Mientras el debate legislativo continúa en 2025, la crisis se profundiza: la Nueva EPS, intervenida por el gobierno Petro en abril de 2024 y con 10,8 millones de afiliados, vio aumentar su deuda de más de 180 días de $89.000 millones en marzo de 2024 a $935.000 millones en octubre (un incremento del 951 % en apenas siete meses). Otro factor que agrava la situación es la deuda del Gobierno con las EPS por concepto de presupuestos máximos y el hueco de $1,2 billones que ha generado el descuento del SOAT, decretado por el Gobierno en diciembre 2022.

La asfixia financiera del sistema en los últimos años, que inevitablemente se prolongará el próximo, está causando estragos para prestadores y pacientes. La Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA) anunció que 37 hospitales públicos suspenderán servicios no urgentes desde este diciembre a los afiliados de la Nueva EPS. Clemencia Mayorga, representante del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, reportó que al menos 960 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) fueron cerradas entre 2023 y 2024, según cifras oficiales. En regiones como el Valle del Cauca, la crisis afecta a 2,4 millones de personas del régimen subsidiado, dependientes de hospitales públicos que luchan contra deudas impagadas de EPS intervenidas. Hospitales emblemáticos como el Santa Sofía, el de Viterbo y el de Riosucio, en Caldas, anunciaron cierres de múltiples servicios en los últimos días. La situación de desabastecimiento de medicamentos no parece tener buen pronóstico: Audifarma, gestor farmacéutico clave en el país, entró en proceso de reorganización ante la Supersociedades debido a deudas superiores a $600.000 millones, poniendo en riesgo el acceso a medicamentos de millones de colombianos.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido tajante: “Si no se aprueba la reforma, el único camino sería la liquidación de estas entidades”, refiriéndose a las EPS intervenidas a la fecha que probablemente puedan ser más en el transcurso del año. Pero es difícil pensar que esta vez la reforma sí logre sobrevivir en el Senado. En abril fue rechazada por nueve de los catorce congresistas que integran la Comisión VII de esa corporación, quienes argumentaron que los cálculos de las proyecciones de ingresos y gastos del sistema producto de la reforma eran insuficientes. El anexo técnico de Minhacienda que acompaña la actual versión de la reforma no es muy diferente a la anterior, e incluso tiene nuevos problemas. El mismo documento admite que no es claro cuál será la fuente de financiación de los servicios complementarios, como gastos de transporte, viáticos y de acompañamiento de pacientes. Y si le sumamos el escenario de desfinanciación del Estado, sería difícil esperar un cambio de opinión de los nueve senadores. Pero, claro, todo puede pasar. El Gobierno necesitará convencer a tres de un grupo del Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U, ASI y de Colombia Justa Libres.

A pesar de todo esto, el Gobierno nacional ha tenido otras prioridades y muy probablemente las mantendrá vigentes con más razón en 2025, cuando arrancará la campaña por la Casa de Nariño. El presidente y los impulsores de su reforma consideran que los recursos asignados a las EPS son suficientes y han decidido enfocarse en la inversión en infraestructura y en equipos básicos de salud en varias regiones. Aunque loable, el “Modelo de Atención Predictiva y Preventiva”, lanzado en noviembre de 2022, permanece sin resultados concretos después de dos años y las obras de 39 de los 44 nuevos hospitales a los que se les invirtió globalmente $1 billón no superan el 12 % de avance. Mientras tanto, las tutelas por falta de medicamentos y atención en salud aumentaron un 42 % en el primer semestre de 2024, con 127.631 acciones legales interpuestas para reclamar tecnologías en salud.

La ironía del Gobierno del Cambio es cruel: mientras el sistema público se deteriora (público porque es al que todos estamos afiliados y se financia con recursos públicos), el sector privado florece. Según Fasecolda, las pólizas de salud crecieron un 22 % en el primer semestre de 2024, y los hogares colombianos destinan ahora más del 5,1 % de su gasto al rubro de salud. La obsesión por una reforma estructural y la polarización política acercan al sistema de salud a un largo y crudo invierno. La diferencia es que aquí no hablamos de ficción: son millones de colombianos, especialmente los más vulnerables, quienes enfrentan un deterioro sin precedentes en su acceso a la salud. Puede que este sea un año incluso más difícil para el sistema que los años en los que enfrentamos la pandemia.

*Director de Decilion - Consultoría de Salud Global. Profesor de cátedra de la Universidad de los Andes. Colaborador Asociado del Dept. de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

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“El invierno se acerca” —la advertencia más célebre de Juego de tronos— resuena con una pertinencia inquietante en el sistema de salud colombiano. Infortunadamente, es imposible ver el 2025 con optimismo. Es innegable que la situación financiera del sector de la salud lleva siendo crítica desde hace más de dos décadas. Pero este ya no será otro año de incertidumbre: los datos sugieren que nos enfrentamos a una crisis sistémica sin precedentes. Con un déficit proyectado de casi $11 billones para el cierre de 2024, el Sistema General de Seguridad Social en Salud seguirá tambaleando mientras se sigue discutiendo una reforma criticada no solo por los partidos de oposición, sino también por múltiples sectores académicos, profesionales y de la sociedad civil. En estos dos años, la discusión de la reforma solo ha generado un clima de inestabilidad e inacción que amenaza con profundizar la crisis.

El tortuoso camino de la prometida transformación del sistema refleja esta realidad. Rechazada inicialmente en el Senado por la falta de solidez en sus proyecciones financieras, el gobierno del presidente Gustavo Petro la volvió a presentar con ajustes menores pero, en palabras de sus impulsores, consensuada con las mismas EPS. Mientras el debate legislativo continúa en 2025, la crisis se profundiza: la Nueva EPS, intervenida por el gobierno Petro en abril de 2024 y con 10,8 millones de afiliados, vio aumentar su deuda de más de 180 días de $89.000 millones en marzo de 2024 a $935.000 millones en octubre (un incremento del 951 % en apenas siete meses). Otro factor que agrava la situación es la deuda del Gobierno con las EPS por concepto de presupuestos máximos y el hueco de $1,2 billones que ha generado el descuento del SOAT, decretado por el Gobierno en diciembre 2022.

La asfixia financiera del sistema en los últimos años, que inevitablemente se prolongará el próximo, está causando estragos para prestadores y pacientes. La Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA) anunció que 37 hospitales públicos suspenderán servicios no urgentes desde este diciembre a los afiliados de la Nueva EPS. Clemencia Mayorga, representante del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, reportó que al menos 960 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) fueron cerradas entre 2023 y 2024, según cifras oficiales. En regiones como el Valle del Cauca, la crisis afecta a 2,4 millones de personas del régimen subsidiado, dependientes de hospitales públicos que luchan contra deudas impagadas de EPS intervenidas. Hospitales emblemáticos como el Santa Sofía, el de Viterbo y el de Riosucio, en Caldas, anunciaron cierres de múltiples servicios en los últimos días. La situación de desabastecimiento de medicamentos no parece tener buen pronóstico: Audifarma, gestor farmacéutico clave en el país, entró en proceso de reorganización ante la Supersociedades debido a deudas superiores a $600.000 millones, poniendo en riesgo el acceso a medicamentos de millones de colombianos.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido tajante: “Si no se aprueba la reforma, el único camino sería la liquidación de estas entidades”, refiriéndose a las EPS intervenidas a la fecha que probablemente puedan ser más en el transcurso del año. Pero es difícil pensar que esta vez la reforma sí logre sobrevivir en el Senado. En abril fue rechazada por nueve de los catorce congresistas que integran la Comisión VII de esa corporación, quienes argumentaron que los cálculos de las proyecciones de ingresos y gastos del sistema producto de la reforma eran insuficientes. El anexo técnico de Minhacienda que acompaña la actual versión de la reforma no es muy diferente a la anterior, e incluso tiene nuevos problemas. El mismo documento admite que no es claro cuál será la fuente de financiación de los servicios complementarios, como gastos de transporte, viáticos y de acompañamiento de pacientes. Y si le sumamos el escenario de desfinanciación del Estado, sería difícil esperar un cambio de opinión de los nueve senadores. Pero, claro, todo puede pasar. El Gobierno necesitará convencer a tres de un grupo del Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U, ASI y de Colombia Justa Libres.

A pesar de todo esto, el Gobierno nacional ha tenido otras prioridades y muy probablemente las mantendrá vigentes con más razón en 2025, cuando arrancará la campaña por la Casa de Nariño. El presidente y los impulsores de su reforma consideran que los recursos asignados a las EPS son suficientes y han decidido enfocarse en la inversión en infraestructura y en equipos básicos de salud en varias regiones. Aunque loable, el “Modelo de Atención Predictiva y Preventiva”, lanzado en noviembre de 2022, permanece sin resultados concretos después de dos años y las obras de 39 de los 44 nuevos hospitales a los que se les invirtió globalmente $1 billón no superan el 12 % de avance. Mientras tanto, las tutelas por falta de medicamentos y atención en salud aumentaron un 42 % en el primer semestre de 2024, con 127.631 acciones legales interpuestas para reclamar tecnologías en salud.

La ironía del Gobierno del Cambio es cruel: mientras el sistema público se deteriora (público porque es al que todos estamos afiliados y se financia con recursos públicos), el sector privado florece. Según Fasecolda, las pólizas de salud crecieron un 22 % en el primer semestre de 2024, y los hogares colombianos destinan ahora más del 5,1 % de su gasto al rubro de salud. La obsesión por una reforma estructural y la polarización política acercan al sistema de salud a un largo y crudo invierno. La diferencia es que aquí no hablamos de ficción: son millones de colombianos, especialmente los más vulnerables, quienes enfrentan un deterioro sin precedentes en su acceso a la salud. Puede que este sea un año incluso más difícil para el sistema que los años en los que enfrentamos la pandemia.

*Director de Decilion - Consultoría de Salud Global. Profesor de cátedra de la Universidad de los Andes. Colaborador Asociado del Dept. de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

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