En busca de remedio para las droguerías de barrio

La mayoría de droguerías de barrio están reunidas en una asociación llamada Asocoldro.

-¿Qué tan fácil es abrir una droguería en Colombia?

-¿Cuánto tiene para abrirla? ¿Más de $50 millones? Si los tiene, ábrala ya.

Luis Carlos Garzón lleva 46 años en el mundo de las droguerías. Su respuesta va precedida por un par de carcajadas que debe interrumpir para responder el saludo del dueño de alguna farmacia. Hoy goza de una posición que añorarían muchos de ellos: es el presidente de Asocoldro, la asociación que desde hace más de 30 años defiende sus intereses. No tiene la cifra exacta en su cabeza, pero cree que ya agrupa cerca de diez mil locales. A excepción de Vaupés, no hay ningún departamento en Colombia en el que no haya un negocio cobijado por ese nombre.

Aunque las primeras semanas de 2020 no han sido fáciles para quienes venden medicamentos, Garzón prefiere decirles en sus discursos que, en realidad, se trata de “una gran oportunidad”. Los graves errores en la entrega de medicamentos que se han registrado son, para él, una “coyuntura que les permitirá recuperar un mercado” en el que desde hace unos años empezaron a jugar competidores más fuertes que sus afiliados. (Le puede interesar: Errores en la entrega de medicamentos, ¿un eterno problema?)

Cruz Verde o Farmatodo son algunos de los nombres que han entrado a pelear por un jugoso mercado: entre 2008 y 2018 las ventas de medicamentos en el canal comercial (es decir, en el de las droguerías) pasaron de $4,08 billones a $7,81 billones (en precios corrientes). De acuerdo con la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, eso representa más de mil millones de unidades de medicinas vendidas en el último año (ver infografía).

“Pero nosotros no solemos cometer esos errores”, dice Garzón, para referirse al episodio de hace unas semanas que terminó en la muerte de dos menores tras ingerir tramadol. “Nosotros nos formamos de manera constante. Tenemos asesoría permanente de químicos farmacéuticos y de abogados. Estamos muy capacitados y las secretarías de Salud nos visitan con frecuencia. Por el contrario, nos están empapelando mucho”.

Esa última frase la suelen repetir los dueños de droguerías cada vez que asisten a encuentros de Asocoldro. “Nos sentimos perseguidos”, “la regulación es excesiva”, “las secretarías de Salud se meten donde no deberían hacerlo”, son algunas de las expresiones en las que todos coinciden. Garzón, que también es dueño de uno de esos locales y vive en Pasto, resume las quejas con una exageración: “Quieren que pesemos hasta el polvo; que barramos y que contratemos una empresa para que se lo lleve”. (Puede leer: "Colombia, uno de los pocos países donde alguien que no es profesional en farmacia entrega medicamentos": Javier Guzmán)

Aunque Garzón y Alba Rocío Rueda, directora nacional de Asocoldro y exfuncionaria del Ministerio de Salud, insistan en que están reguladas de mera excesiva y en que muy poco tienen que ver con las equivocaciones del mundo farmacéutico, la realidad parece ser muy diferente. “Son una rueda suelta del sistema de salud”, dice José Julián López, director del Centro de Información de Medicamentos de la U. Nacional. “Hay un rezago histórico muy grande en la regulación del talento humano en salud en el área relacionada con la dispensación de los medicamentos”, advierte Javier Guzmán, exdirector del Invima. “Es un problema que muestra un vacío histórico que requiere una verdadera solución estructural”, señala Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana.
 

Un problema histórico

Mauricio Ceballos y Pedro Amariles también creen lo mismo. Son profesores de la U. de Antioquia y hace unos cinco años empezaron un proyecto para realizar una descripción de droguerías del Área Metropolitana de Medellín y encontrar un camino para resolver los inconvenientes que identificaran. Sus resultados los han presentado, poco a poco, en algunas revistas académicas. En uno de sus artículos, publicado en 2018 en la revista Salud, de la Universidad Industrial de Santander, mostraban sus hallazgos preliminares.

Tras visitar 700 droguerías y farmacias y encuestar a quienes atendían, encontraron que hay grandes dificultades por resolver. El 82 % de las dispensaciones que se hacían de los llamados “medicamentos fiscalizados” (como el tramadol u otros opioides) se hicieron sin pedir fórmula médica. También advirtieron que solo el 4,4 % de quienes los entregaron habían recibido algún tipo de educación sobre ese grupo de fármacos.

Otra de sus conclusiones tenía que ver con la educación de quienes atienden las droguerías. “La mayoría de los establecimientos farmacéuticos ambulatorios se encuentran dirigidos por personal sin formación universitaria o técnica. En su gran mayoría es personal empírico autorizado para el ejercicio de la farmacia”, anotaron. Solo el 30 % del personal tenía formación universitaria (químicos farmacéuticos) o tecnológica (tecnólogos en regencia de farmacia).

Eso ratifica, dice ahora Amariles, que se trata de un problema histórico y de dimensiones muy grandes, donde hay intereses políticos y económicos. “Si sucede así en Medellín, ¿cuál será la situación en otras áreas del país?”, se pregunta. Encontrar la respuesta es imposible, pero tanto para él como para Ceballos hay una realidad que da muchas pistas: “Abrir una droguería es un asunto netamente económico. Cualquier persona con recursos puede montarla”, dicen.

En palabras más precisas, para abrir uno de estos locales basta con cumplir unos requerimientos básicos de las secretarías de Salud y contratar un “adecuado” personal que la atienda. Puede ser alguien con formación farmacéutica (profesional, tecnológico o técnico) o que haya trabajado 10 años en droguerías. “Director de droguerías”, es como los califican. “Colombia es uno de los pocos países donde la dispensación la puede hacer alguien que no es profesional en farmacia”, dice Guzmán desde Washington, EE.UU.

¿Ha significado esto un problema en la entrega y uso de medicamentos? Establecer asociaciones sin existencia de buenos datos no es una buena manera de resolver ese interrogante. Los representantes de Asocoldro aseguran que todos los afiliados, al menos, cumplen con su tarea de hacer farmacoviligancia y reportar los errores ante las secretarías de Salud.

“Por supuesto que no todos lo hacemos”, replica un estudiante de química farmacéutica que trabaja en una droguería y prefiere no ser nombrado. “Incluso, es muy poco frecuente que le pregunten a un paciente sobre si está tomando otro medicamento o le cuenten de los efectos adversos de lo que le venden. A ver: se trata de vender. Es más: si pasa por una droguería es usual que vea personal que no cumple con los requisitos exigidos. Hay muchos bachilleres. Lo que sucede es que siempre sabemos cuándo nos va a visitar la Secretaría de Salud. Y si llega a haber alguna visita sorpresa, que sería muy raro, o si encontraran que algo no está acorde con la norma, hay otro camino para arreglarlo y todos sabemos cuál es”.

Sus cálculos son ligeros pero cree, luego de estar 15 años atendiendo de droguerías, que tener una farmacia pequeña puede lograr ventas por $30 millones mensuales. “El margen de ganancia puede estar entre el 20% y 30%”.

Una solución difícil de encontrar

Mejía también sabe que hay mucha incertidumbre sobre la formación de quienes suelen entregar las medicinas, pero prefiere encontrar una solución concertada. No tiene claro cuál sería el camino, pero cree que ordenar que las farmacias sean atendidas únicamente por químicos farmacéuticos no es una buena salida. Tiene un buen argumento: por un lado, no hay suficientes profesionales en esa área y, por el otro, es imposible obligar a una droguería en un municipio apartado, por ejemplo, a cumplir con ese requisito. “Hay que crear estrategias entre todos para formar mejor a esas personas. Debe ser un trabajo conjunto entre las asociaciones y el sector público”.

Con él coinciden tanto Andia como Ceballos y Pedro Amariles. “Hay que buscar una manera concertada de resolver este problema”, dice este último. Ellos, desde la U. de Antioquia, aseguran que una buena manera es involucrar más a la academia. Tras realizar su encuesta a los droguistas de Medellín y percatarse de que había graves falencias, iniciaron un proyecto para capacitarlos. Abrieron un diplomado virtual en el que enseñan, entre otras cosas, legislación, farmacología,farmacovigilancia y buenas prácticas de dispensación. Aún no han consolidado los resultados, pero Ceballos dice que son muy contundentes.

“Puede ser un buen ejemplo de cómo superar la quietud y avanzar en una solución conjunta”, señala. “Pero hay que empezar a hacer algo porque no podemos esperar a que ocurran casos graves para que todo el país empiece a hablar de este tema y de lo grave que es que haya errores en la cadena de los medicamentos”.

A las preocupaciones por la fragilidad de esos eslabones del mercado farmacéutico hay que sumar otra que cada vez inquieta más a Mejía: la compra de medicamentos a través de aplicaciones digitales como Rappi. Es un nuevo camino en el que está desapareciendo por completo el poco el contacto entre el paciente y quien entrega las medicinas.