En Colombia también hay inequidad en el abastecimiento de medicamentos

La pandemia por COVID-19, además de los efectos devastadores para la salud, la economía y la sociedad en general, ha desnudado las limitaciones de los países, en especial los de ingresos económicos bajos-medios, para garantizar la disponibilidad y acceso a productos farmacéuticos esenciales, en los procesos de prevención y atención en salud de personas con COVID-19. Esta situación, aunque se pueden reconocer otras causas, se atribuye principalmente a la dependencia de estos países de importaciones de productos como equipos y dispositivos médicos, medicamentos, y principios activos y excipientes requeridos para la manufactura de productos farmacéuticos. (Lea En Vichada aprueban vacunación completa de todo el departamento)

En el escenario global, esta situación ha sido mediática por el caso de las vacunas contra la COVID-19, debido a la clara inequidad, en la disponibilidad y acceso a este tipo de productos, acorde con los ingresos económicos de los países. Sin embargo, en el caso de Colombia, también se ha sentido y sufrido el desabastecimiento de otros medicamentos cuya manufactura es relativamente más sencilla. De forma específica, desde hace ya unos 10-12 meses, se ha evidenciado con medicamentos sedantes, analgésicos y relajantes musculares, fundamentales para la adecuada atención de los pacientes con COVID-19 (u otros problemas de salud) ingresados a unidades de cuidados intensivos (UCIs).

Hasta acá, es probable que, soportado en la situación asociada a la pandemia COVID-19, la inequidad entre países, aunque “preocupante”, se acepte y facilite la identificación de la necesidad existente de adelantar acciones orientadas a mejorar la soberanía/autonomía con los productos farmacéuticos. Sin embargo, el agravamiento de esta inequidad al interior del país, por condiciones geográficas y sociales, podría ser menos aceptable y demandar soluciones inmediatas y efectivas, las cuales, por su complejidad, deben ser intersectoriales e interinstitucionales.

Inequidad agravada territorios marginales del país

Aunque la situación descrita para los medicamentos requeridos en las UCI es “preocupante” para el país y demanda acciones concretas orientadas a solucionarla, la misma tiende a ser más notoria en ciertos territorios de Colombia. En este sentido, la situación es más sentida y sufrida en los departamentos marginales y periféricos (territorios nacionales, hasta la Constitución de 1991), caso del departamento del Caquetá. En este contexto, la situación de las Instituciones de Salud que atienden pacientes en UCI (Clínica Medilaser S.A y Hospital Departamental María Inmaculada) en este territorio podría servir de ejemplo de esta inequidad agravada y menos aceptada. En esencia, directivos de estas dos instituciones han manifestado, por escrito y por redes sociales, la imposibilidad que tienen para adquirir sedantes, analgésicos, bloqueadores neuromusculares y algunos antibióticos (de elección y alternativos), en las cantidades necesarias para el tratamiento de pacientes en UCI, al menos por 20 días promedio requeridos; lo que los obliga a orientar la remisión de pacientes, desde sus respectivas instituciones, debido a que, por el desabastecimiento de estos productos, no pueden ser atendidos adecuadamente.

Esta problemática ha sido comunicada al INVIMA, entidad que, como solución, ha proporcionado el listado con los contactos de los titulares e importadores de medicamentos declarados como vitales no disponibles autorizados en el país. Esta orientación, que puede ser una opción para los grandes departamentos que cuentan con grandes ciudades urbanas, no ha sido solución para el Caquetá, pues la respuesta que reciben, al contactar a dichos titulares, es que no tienen disponibilidad de dichos productos, debido a que se tienen reservados para otras instituciones.

En este contexto, pasando al plano hipotético, es probable que las “reservas” argumentadas sean para instituciones hospitalarias de ciudades que cuentan camas UCI que superan las miles y, por tanto, con mayor probabilidad de generar mejores relaciones comerciales que las instituciones del Meta. Además, la ausencia de establecimientos farmacéuticos mayoristas y las limitaciones para el acceso vial en estos territorios marginales, complejizan más la situación. Por tanto, en Colombia, existe inequidad en la disponibilidad y acceso a medicamentos (similar a la existente en otros campos), entre los territorios urbanos y los periféricos.

Inequidad en el acceso y disponibilidad en los medicamentos monopolio de Estado

Adicionalmente, resulta “inaceptable” que sean los departamentos marginales los que, además de mayor probabilidad de presentar desabastecimiento de productos comercializados por terceros, también sean los que carezcan de la disponibilidad de los medicamentos monopolio del Estado, caso de la morfina e hidromorfona. Esta situación, además evidencia limitaciones en el cumplimiento de la función principal que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes: Garantizar la disponibilidad de los medicamentos monopolio del Estado, en todo el territorio nacional. Por ello, el Estado colombiano debe establecer mecanismos inmediatos y efectivos que, mínimo con los medicamentos que son de su competencia, en estos Departamentos no se presente inequidad en el acceso y disponibilidad.

Alternativas posibles de solución

La pandemia por COVID-19 ha favorecido la identificación y caracterización de la necesidad que tiene Colombia de contar con una Política Pública, orientada a garantizar la autonomía con productos farmacéuticos: dispositivos y equipos médicos, materias primas y medicamentos, incluyendo vacunas, de interés público (esenciales). En este sentido, en el Congreso cursa una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley 372 de 2020 de Senado), cuya versión, posterior a ajustes notorios del texto inicial, acorde con sugerencias y observaciones generadas desde diferentes actores y sectores, fue aprobada en primer debate el pasado 16 de junio de 2021, en la comisión sexta del Senado de Colombia.

Aunque queda mucho trabajo por hacer, el proyecto de Ley 372 de 2020 es un punto de partida (“gotas de agua iniciales de este vaso a llenar”) para avanzar, de forma articulada y colectiva, en la consolidación de una política pública de soberanía (autonomía/independencia) con los productos farmacéuticos y, con ello, disminuir la dependencia existente a la importación de los mismos. Sin embargo, en el camino que le queda por recorrer en el Congreso del país, este proyecto requiere continuar siendo ajustado/mejorado, con nuevas sugerencias/aportes, provenientes de los grupos de interés en este tema. Dichas sugerencias/aportes, además de su esencia (avanzar en la soberanía farmacéutica del país), deben tener como propósito superior el beneficio colectivo, la salud pública y el logro unas mejores condiciones para los colombianos. En ello, resulta fundamental la articulación público-privada y académica del país (Universidad, Empresa y Estado), al igual que de las capacidades y la institucionalidad relacionada que existe en el país.

*Doctor en Farmacia (Homologado a PhD en Farmacología), Profesor titular y Coordinador del grupo de investigación Promoción y Prevención Farmacéutica, Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.

La pandemia por COVID-19, además de los efectos devastadores para la salud, la economía y la sociedad en general, ha desnudado las limitaciones de los países, en especial los de ingresos económicos bajos-medios, para garantizar la disponibilidad y acceso a productos farmacéuticos esenciales, en los procesos de prevención y atención en salud de personas con COVID-19. Esta situación, aunque se pueden reconocer otras causas, se atribuye principalmente a la dependencia de estos países de importaciones de productos como equipos y dispositivos médicos, medicamentos, y principios activos y excipientes requeridos para la manufactura de productos farmacéuticos. (Lea En Vichada aprueban vacunación completa de todo el departamento)

En el escenario global, esta situación ha sido mediática por el caso de las vacunas contra la COVID-19, debido a la clara inequidad, en la disponibilidad y acceso a este tipo de productos, acorde con los ingresos económicos de los países. Sin embargo, en el caso de Colombia, también se ha sentido y sufrido el desabastecimiento de otros medicamentos cuya manufactura es relativamente más sencilla. De forma específica, desde hace ya unos 10-12 meses, se ha evidenciado con medicamentos sedantes, analgésicos y relajantes musculares, fundamentales para la adecuada atención de los pacientes con COVID-19 (u otros problemas de salud) ingresados a unidades de cuidados intensivos (UCIs).

Hasta acá, es probable que, soportado en la situación asociada a la pandemia COVID-19, la inequidad entre países, aunque “preocupante”, se acepte y facilite la identificación de la necesidad existente de adelantar acciones orientadas a mejorar la soberanía/autonomía con los productos farmacéuticos. Sin embargo, el agravamiento de esta inequidad al interior del país, por condiciones geográficas y sociales, podría ser menos aceptable y demandar soluciones inmediatas y efectivas, las cuales, por su complejidad, deben ser intersectoriales e interinstitucionales.

Inequidad agravada territorios marginales del país

Aunque la situación descrita para los medicamentos requeridos en las UCI es “preocupante” para el país y demanda acciones concretas orientadas a solucionarla, la misma tiende a ser más notoria en ciertos territorios de Colombia. En este sentido, la situación es más sentida y sufrida en los departamentos marginales y periféricos (territorios nacionales, hasta la Constitución de 1991), caso del departamento del Caquetá. En este contexto, la situación de las Instituciones de Salud que atienden pacientes en UCI (Clínica Medilaser S.A y Hospital Departamental María Inmaculada) en este territorio podría servir de ejemplo de esta inequidad agravada y menos aceptada. En esencia, directivos de estas dos instituciones han manifestado, por escrito y por redes sociales, la imposibilidad que tienen para adquirir sedantes, analgésicos, bloqueadores neuromusculares y algunos antibióticos (de elección y alternativos), en las cantidades necesarias para el tratamiento de pacientes en UCI, al menos por 20 días promedio requeridos; lo que los obliga a orientar la remisión de pacientes, desde sus respectivas instituciones, debido a que, por el desabastecimiento de estos productos, no pueden ser atendidos adecuadamente.

Esta problemática ha sido comunicada al INVIMA, entidad que, como solución, ha proporcionado el listado con los contactos de los titulares e importadores de medicamentos declarados como vitales no disponibles autorizados en el país. Esta orientación, que puede ser una opción para los grandes departamentos que cuentan con grandes ciudades urbanas, no ha sido solución para el Caquetá, pues la respuesta que reciben, al contactar a dichos titulares, es que no tienen disponibilidad de dichos productos, debido a que se tienen reservados para otras instituciones.

En este contexto, pasando al plano hipotético, es probable que las “reservas” argumentadas sean para instituciones hospitalarias de ciudades que cuentan camas UCI que superan las miles y, por tanto, con mayor probabilidad de generar mejores relaciones comerciales que las instituciones del Meta. Además, la ausencia de establecimientos farmacéuticos mayoristas y las limitaciones para el acceso vial en estos territorios marginales, complejizan más la situación. Por tanto, en Colombia, existe inequidad en la disponibilidad y acceso a medicamentos (similar a la existente en otros campos), entre los territorios urbanos y los periféricos.

Inequidad en el acceso y disponibilidad en los medicamentos monopolio de Estado

Adicionalmente, resulta “inaceptable” que sean los departamentos marginales los que, además de mayor probabilidad de presentar desabastecimiento de productos comercializados por terceros, también sean los que carezcan de la disponibilidad de los medicamentos monopolio del Estado, caso de la morfina e hidromorfona. Esta situación, además evidencia limitaciones en el cumplimiento de la función principal que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes: Garantizar la disponibilidad de los medicamentos monopolio del Estado, en todo el territorio nacional. Por ello, el Estado colombiano debe establecer mecanismos inmediatos y efectivos que, mínimo con los medicamentos que son de su competencia, en estos Departamentos no se presente inequidad en el acceso y disponibilidad.

Alternativas posibles de solución

La pandemia por COVID-19 ha favorecido la identificación y caracterización de la necesidad que tiene Colombia de contar con una Política Pública, orientada a garantizar la autonomía con productos farmacéuticos: dispositivos y equipos médicos, materias primas y medicamentos, incluyendo vacunas, de interés público (esenciales). En este sentido, en el Congreso cursa una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley 372 de 2020 de Senado), cuya versión, posterior a ajustes notorios del texto inicial, acorde con sugerencias y observaciones generadas desde diferentes actores y sectores, fue aprobada en primer debate el pasado 16 de junio de 2021, en la comisión sexta del Senado de Colombia.

Aunque queda mucho trabajo por hacer, el proyecto de Ley 372 de 2020 es un punto de partida (“gotas de agua iniciales de este vaso a llenar”) para avanzar, de forma articulada y colectiva, en la consolidación de una política pública de soberanía (autonomía/independencia) con los productos farmacéuticos y, con ello, disminuir la dependencia existente a la importación de los mismos. Sin embargo, en el camino que le queda por recorrer en el Congreso del país, este proyecto requiere continuar siendo ajustado/mejorado, con nuevas sugerencias/aportes, provenientes de los grupos de interés en este tema. Dichas sugerencias/aportes, además de su esencia (avanzar en la soberanía farmacéutica del país), deben tener como propósito superior el beneficio colectivo, la salud pública y el logro unas mejores condiciones para los colombianos. En ello, resulta fundamental la articulación público-privada y académica del país (Universidad, Empresa y Estado), al igual que de las capacidades y la institucionalidad relacionada que existe en el país.

*Doctor en Farmacia (Homologado a PhD en Farmacología), Profesor titular y Coordinador del grupo de investigación Promoción y Prevención Farmacéutica, Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.