¿En qué va la suspensión de las 52 IPS que debían probar “su existencia”?
León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), presentó avances en la investigación de 52 IPS que debían probar su existencia. De ellas, 10 fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación por falta de pruebas, y aunque a 9 se les levantó la medida, todavía tienen problemas relacionados con la habilitación de sus sedes.
Este 28 de diciembre, León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), presentó avances en la investigación sobre 52 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) cuya financiación fue suspendida hace más de un mes por la necesidad de “probar su existencia”. De ese grupo, 10 no lograron demostrar su existencia y sus casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación. A otras 9 se les levantó la medida, ya que, aunque sí existen, presentaban problemas relacionados con identificación, sede y habilitación.
“El sistema de habilitación de calidad del sistema general de seguridad social exige que cada sede tenga quirófanos, consultorios y servicios de cuidados intensivos tenga unas características de servicio y de calidad (...) Cada sede tiene que ser habilitada ante la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud, si no, no pueden hacer nada. Ni una consulta”, afirmó Martínez.
El director también precisó que, de 33 IPS que están en proceso, 29 no han contestado. “Uno presume que si no han contestado la suspensión de pagos y la resolución, parece que no existieran, de modo que estaremos notificando nuevas entregas a la Fiscalía en las semanas posteriores por irregularidades absolutas en la pretensión de cobrarle servicios a la ADRES y al sistema de salud por ser clínicas fantasma”, dice Martínez.
Como lo contamos en su momento en estas páginas, León Martínez dijo que, desde la entidad, se ha tomado la “severa” decisión de “suspender los pagos a 52 IPS del país que han radicado cuentas por accidentes de tránsito y que no han sido encontradas por las firmas de auditoría que tiene contratadas la ADRES o por los propios auditores de ADRES”.
Los recursos retenidos ascienden a $70.667 millones. “Por supuesto, sabemos que la habilitación para prestar servicios es una norma del sistema, que no pueden haber cambiado de dirección sin notificar al registro de prestadores de la dirección”, agregó. La Superintendencia de Salud ya fue comunicada sobre esta determinación.
Las decisiones hacen parte de un paquete de auditorias que está haciendo la ADRES en todo el país y en las que posiblemente se identificarán más irregularidades. El director de entidad aseguró que hay IPS que, aunque existen, facturan accidentes de tránsito que no han sucedido.
Las clínicas se ubican en los departamentos Atlántico, Magdalena, Arauca, Casanare Guaviare y Vichada. “Nuestros auditores en Córdoba fueron amenazados por estar vigilando las instituciones”, dijo el director de Adres. En Bogotá y Cundinamarca, por el momento, no ha habido instituciones señaladas.
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Este 28 de diciembre, León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), presentó avances en la investigación sobre 52 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) cuya financiación fue suspendida hace más de un mes por la necesidad de “probar su existencia”. De ese grupo, 10 no lograron demostrar su existencia y sus casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación. A otras 9 se les levantó la medida, ya que, aunque sí existen, presentaban problemas relacionados con identificación, sede y habilitación.
“El sistema de habilitación de calidad del sistema general de seguridad social exige que cada sede tenga quirófanos, consultorios y servicios de cuidados intensivos tenga unas características de servicio y de calidad (...) Cada sede tiene que ser habilitada ante la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud, si no, no pueden hacer nada. Ni una consulta”, afirmó Martínez.
El director también precisó que, de 33 IPS que están en proceso, 29 no han contestado. “Uno presume que si no han contestado la suspensión de pagos y la resolución, parece que no existieran, de modo que estaremos notificando nuevas entregas a la Fiscalía en las semanas posteriores por irregularidades absolutas en la pretensión de cobrarle servicios a la ADRES y al sistema de salud por ser clínicas fantasma”, dice Martínez.
Como lo contamos en su momento en estas páginas, León Martínez dijo que, desde la entidad, se ha tomado la “severa” decisión de “suspender los pagos a 52 IPS del país que han radicado cuentas por accidentes de tránsito y que no han sido encontradas por las firmas de auditoría que tiene contratadas la ADRES o por los propios auditores de ADRES”.
Los recursos retenidos ascienden a $70.667 millones. “Por supuesto, sabemos que la habilitación para prestar servicios es una norma del sistema, que no pueden haber cambiado de dirección sin notificar al registro de prestadores de la dirección”, agregó. La Superintendencia de Salud ya fue comunicada sobre esta determinación.
Las decisiones hacen parte de un paquete de auditorias que está haciendo la ADRES en todo el país y en las que posiblemente se identificarán más irregularidades. El director de entidad aseguró que hay IPS que, aunque existen, facturan accidentes de tránsito que no han sucedido.
Las clínicas se ubican en los departamentos Atlántico, Magdalena, Arauca, Casanare Guaviare y Vichada. “Nuestros auditores en Córdoba fueron amenazados por estar vigilando las instituciones”, dijo el director de Adres. En Bogotá y Cundinamarca, por el momento, no ha habido instituciones señaladas.
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