En riesgo el diagnóstico para el cáncer en Colombia

Hasta ahora, Lilia Guacaneme Tovar había logrado superar las barreras que impone el sistema de salud. Desde que le diagnosticaron una enfermedad huérfana que le afecta el hígado, hace 16 años, y supo que sufría del síndrome de Sjogren, un trastorno autoinmune que le reseca la boca y los ojos, “aprendió a no quedarse quieta” para recibir sus tratamientos.

Sin embargo, justo cuando creía que había dominado el sistema, en marzo del 2016 le dijeron que tenía cáncer de tiroides. Una enfermedad que, explica, se convirtió en el mayor obstáculo que ha enfrentado, pues a pesar de que logró hacerse la cirugía en agosto, a la hora de recibir yodo radiactivo, tratamiento que los médicos recomiendan hacer máximo cuatro meses después de la cirugía, se lo programaron para junio de este año. Es decir, diez meses después.

Al igual que Lilia, son varios los pacientes que se han topado con un muro a la hora de acceder a los servicios de medicina nuclear, una especialidad que utiliza elementos radiactivos para diagnosticar y tratar varias enfermedades, incluidos ciertos tipos de cáncer. Lo paradójico es que mientras en el resto del mundo el campo crece, en Colombia parece ir en reversa.

Por lo menos, esta es la conclusión a la que llegó el doctor Germán Ríos, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, después de ver como los consultorios se iban cerrando y eran cada vez más los pacientes que se sumaban a las listas de espera. “Pasamos de hacer 115 consultas en el 2005 a hacer alrededor de 102 hoy en día, de las cuales solo 30 hacen tratamientos y el resto se dedica al diagnóstico”, afirma.

Pero, más allá del dato, el problema de que estos servicios cierren se traduce en que los pacientes que quedan a la deriva terminan migrando a otras consultas. Esto hace que los tiempos de espera para estudios vitales como las gammagrafías, que detectan anomalías en los órganos, o el PET/CT, que permite localizar tumores y conocer estadio de distintos tipos de cáncer, entre otros, se prolonguen más allá de lo recomendado.

Sólo haciendo un sondeo rápido, entre sus colegas, para saber cuánto tiempo se demora un paciente para recibir el yodo radiactivo –como el que necesita Lilia y que debe hacerse en menos de cuatro meses–, Ríos obtuvo estos estimados: cuatro meses de espera en Cartagena, cinco en Pasto y Bucaramanga y ocho en Cali. “Estamos hablando de un promedio de siete meses para recibir el tratamiento contra el cáncer de tiroides, que es el séptimo de mayor incidencia en el país. Se cree que la población con cáncer aumentará a 4.000 personas, pero sólo tenemos capacidad para 1.600”, comenta.

Para agregarle fuerza a su preocupación, también arroja este dato: después de remover la glándula tiroidea, los pacientes con este cáncer que no reciben yodo radiactivo y supresión hormonal, bajan su probabilidad de curación del 97 % al 80 %.

¿Culpa de una reglamentación muy conservadora?

Hace dos meses, mientras el presidente Juan Manuel Santos viajaba al hospital Johns Hopkins (Estados Unidos) para realizarse un estudio conocido como PET/Scan, en el que se le hizo un barrido para identificar si su superado cáncer de próstata había hecho metástasis, entre los médicos nucleares colombianos empezó a correr un descontento. El afamado examen se habría podido hacer en el país, pero la reglamentación no lo permite.

“Acá tenemos los equipos, el personal y la capacitación, pero no hay autorización para ingresar el radioactivo que sirve como insumo”, afirma Ríos. “¿Qué pasa entonces con los demás colombianos que no pueden coger un avión e irse para ser tratados?”.

Al igual que Ríos, parecen ser varios los físicos médicos que creen que las estrictas normas que tienen el Invima y el Ministerio de Salud, pero sobre todo el Ministerio de Minas, ente encargado de regular la energía nuclear, son las que no les han permitido despegar.

Aunque el problema es de vieja data, la inquietud de los médicos nucleares aumentó en el 2014, cuando el Ministerio sacó una resolución que, según ellos, les ponía reglas excesivas para la situación social y económica del país. Por ejemplo, les exigían unas licencias de construcción y diseño para crear los centros de medicina nuclear que, desde el punto de vista de los médicos, no eran necesarias, teniendo en cuenta que la cantidad de radioactividad que utilizan en sus procedimientos es muy pequeña.

Por otro lado, los índices permitidos para verter el material que puede seguir teniendo propiedades radiactivas una vez el paciente lo desecha por la orina, sin recibir tratamiento, “eran 1.000 veces menores que lo recomendado por el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA)”. Lo que implicaba, en otras palabras, que casi toda el agua que sale de estos consultorios y, por ende, de los hospitales que tienen estos servicios, debía ser tratada. Esto, sumado a otras normas que les exigen, haría que en un plazo no mayor a dos años la medicina nuclear desapareciera de Colombia, advirtieron los médicos nucleares.

Para resolver la cuestión, empezaron a crear mesas de discusión entre los médicos nucleares y el Ministerio de Minas. “El ministro Arce sí nos ha escuchado y hemos avanzado”, aclara Ríos.

Ante estas dos quejas, afirma Rosa Torres, coordinadora de Asuntos Nucleares del Ministerio, se hicieron unos cambios que, en resumen, adoptan los niveles de despensa establecidos por la OIEA, les permiten a los médicos presentar su propio diseño de gestión para manejar los desechos y les dan una prórroga de tres años para perfeccionarlos. Además, cambiaron la licencia de construcción por un registro lo que, en teoría, agilizaría el proceso para crear nuevos centros.

Por su parte, Rutty Paola Ortiz, viceministra de Energía, explica que detrás de todas las normas que exige el Ministerio, lo que se busca es garantizar los niveles de seguridad tanto para los ciudadanos como para el medio ambiente, pero “que siguen abiertos a recibir las inquietudes”.

La experiencia, sin embargo, ha cargado a los médicos nucleares de escepticismo, pues creen que esta normatividad, emitida apenas en diciembre de 2016, se puede sumar a una pila de documentos que no generen un cambio real. Su argumento, en parte, viene de que quienes se encargan de dar el sí o no a los registros son funcionarios del Instituto Geológico Colombiano, quienes no conocen sobre la práctica médica.

“Uno de los inconvenientes del proceso es que somos vigilados por un instituto de tierra, donde hay físicos, ingenieros, geógrafos con muchas capacidades, pero que no saben sobre la práctica hospitalaria. Aplican la reglamentación como si fuéramos Bavaria, pero es que nosotros vemos pacientes con una problemática social y con el agravante de que tenemos un déficit de medicina nuclear”, afirma Uriel Chica, doctor en bioingeniería y físico médico.

Frente a esto, advierte la viceministra de Energía, la cartera “no tiene por qué cumplir con los mismos perfiles profesionales que sus usuarios, ya que la tarea principal de los evaluadores es tener competencias en protección y seguridad radiológica”, no en física médica. Además, cuenta que entre el 2015 y el 2016, siete evaluadores tenían estudios de posgrado en protección radiológica y física médica.

Lo cierto, mientras se sabe cómo entrará en práctica la nueva regulación, es que en varias partes del país hay centros de medicina nuclear que se mantienen momificados. El único que existía en Popayán y que atendía a gran parte de los pacientes del Cauca, por ejemplo, está cerrado desde hace más de un año. Según la página del Servicio Geológico Colombiano, hasta el 21 de noviembre de 2016, sólo 95 centros tenían autorización para operar en el país.

En Medellín, el doctor Alejandro Ríos, que ha trabajado en esta especialidad desde 1985, cuenta que también tiene dos centros de medicina nuclear sin autorización: uno en el Pablo Tobón Uribe y otro en la Clínica Cardiovascular Santa María. En promedio, en ambos atendía a 500 pacientes mensuales que han tenido que irse a otros servicios.

“Aquí hay que entender que no es que queramos trabajar de una manera irresponsable o sin regulación, porque seriamos los más expuestos. Sino que toca expedir normas que tengan coherencia con las condiciones sociológicas del país”, advierte.

A los pacientes que estén en lista de espera, mientras tanto, les tocará aprender, como a Lilia Guacaneme, a moverse dentro del sistema. Ella, por ejemplo, pidió una segunda cita para ver si le pueden hacer la radioterapia antes. Si no, a mitad de año tendrá que viajar a Girardot porque, según le explicaron, en Bogotá no hay camas disponibles hasta entonces.

Hasta ahora, Lilia Guacaneme Tovar había logrado superar las barreras que impone el sistema de salud. Desde que le diagnosticaron una enfermedad huérfana que le afecta el hígado, hace 16 años, y supo que sufría del síndrome de Sjogren, un trastorno autoinmune que le reseca la boca y los ojos, “aprendió a no quedarse quieta” para recibir sus tratamientos.

Sin embargo, justo cuando creía que había dominado el sistema, en marzo del 2016 le dijeron que tenía cáncer de tiroides. Una enfermedad que, explica, se convirtió en el mayor obstáculo que ha enfrentado, pues a pesar de que logró hacerse la cirugía en agosto, a la hora de recibir yodo radiactivo, tratamiento que los médicos recomiendan hacer máximo cuatro meses después de la cirugía, se lo programaron para junio de este año. Es decir, diez meses después.

Al igual que Lilia, son varios los pacientes que se han topado con un muro a la hora de acceder a los servicios de medicina nuclear, una especialidad que utiliza elementos radiactivos para diagnosticar y tratar varias enfermedades, incluidos ciertos tipos de cáncer. Lo paradójico es que mientras en el resto del mundo el campo crece, en Colombia parece ir en reversa.

Por lo menos, esta es la conclusión a la que llegó el doctor Germán Ríos, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, después de ver como los consultorios se iban cerrando y eran cada vez más los pacientes que se sumaban a las listas de espera. “Pasamos de hacer 115 consultas en el 2005 a hacer alrededor de 102 hoy en día, de las cuales solo 30 hacen tratamientos y el resto se dedica al diagnóstico”, afirma.

Pero, más allá del dato, el problema de que estos servicios cierren se traduce en que los pacientes que quedan a la deriva terminan migrando a otras consultas. Esto hace que los tiempos de espera para estudios vitales como las gammagrafías, que detectan anomalías en los órganos, o el PET/CT, que permite localizar tumores y conocer estadio de distintos tipos de cáncer, entre otros, se prolonguen más allá de lo recomendado.

Sólo haciendo un sondeo rápido, entre sus colegas, para saber cuánto tiempo se demora un paciente para recibir el yodo radiactivo –como el que necesita Lilia y que debe hacerse en menos de cuatro meses–, Ríos obtuvo estos estimados: cuatro meses de espera en Cartagena, cinco en Pasto y Bucaramanga y ocho en Cali. “Estamos hablando de un promedio de siete meses para recibir el tratamiento contra el cáncer de tiroides, que es el séptimo de mayor incidencia en el país. Se cree que la población con cáncer aumentará a 4.000 personas, pero sólo tenemos capacidad para 1.600”, comenta.

Para agregarle fuerza a su preocupación, también arroja este dato: después de remover la glándula tiroidea, los pacientes con este cáncer que no reciben yodo radiactivo y supresión hormonal, bajan su probabilidad de curación del 97 % al 80 %.

¿Culpa de una reglamentación muy conservadora?

Hace dos meses, mientras el presidente Juan Manuel Santos viajaba al hospital Johns Hopkins (Estados Unidos) para realizarse un estudio conocido como PET/Scan, en el que se le hizo un barrido para identificar si su superado cáncer de próstata había hecho metástasis, entre los médicos nucleares colombianos empezó a correr un descontento. El afamado examen se habría podido hacer en el país, pero la reglamentación no lo permite.

“Acá tenemos los equipos, el personal y la capacitación, pero no hay autorización para ingresar el radioactivo que sirve como insumo”, afirma Ríos. “¿Qué pasa entonces con los demás colombianos que no pueden coger un avión e irse para ser tratados?”.

Al igual que Ríos, parecen ser varios los físicos médicos que creen que las estrictas normas que tienen el Invima y el Ministerio de Salud, pero sobre todo el Ministerio de Minas, ente encargado de regular la energía nuclear, son las que no les han permitido despegar.

Aunque el problema es de vieja data, la inquietud de los médicos nucleares aumentó en el 2014, cuando el Ministerio sacó una resolución que, según ellos, les ponía reglas excesivas para la situación social y económica del país. Por ejemplo, les exigían unas licencias de construcción y diseño para crear los centros de medicina nuclear que, desde el punto de vista de los médicos, no eran necesarias, teniendo en cuenta que la cantidad de radioactividad que utilizan en sus procedimientos es muy pequeña.

Por otro lado, los índices permitidos para verter el material que puede seguir teniendo propiedades radiactivas una vez el paciente lo desecha por la orina, sin recibir tratamiento, “eran 1.000 veces menores que lo recomendado por el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA)”. Lo que implicaba, en otras palabras, que casi toda el agua que sale de estos consultorios y, por ende, de los hospitales que tienen estos servicios, debía ser tratada. Esto, sumado a otras normas que les exigen, haría que en un plazo no mayor a dos años la medicina nuclear desapareciera de Colombia, advirtieron los médicos nucleares.

Para resolver la cuestión, empezaron a crear mesas de discusión entre los médicos nucleares y el Ministerio de Minas. “El ministro Arce sí nos ha escuchado y hemos avanzado”, aclara Ríos.

Ante estas dos quejas, afirma Rosa Torres, coordinadora de Asuntos Nucleares del Ministerio, se hicieron unos cambios que, en resumen, adoptan los niveles de despensa establecidos por la OIEA, les permiten a los médicos presentar su propio diseño de gestión para manejar los desechos y les dan una prórroga de tres años para perfeccionarlos. Además, cambiaron la licencia de construcción por un registro lo que, en teoría, agilizaría el proceso para crear nuevos centros.

Por su parte, Rutty Paola Ortiz, viceministra de Energía, explica que detrás de todas las normas que exige el Ministerio, lo que se busca es garantizar los niveles de seguridad tanto para los ciudadanos como para el medio ambiente, pero “que siguen abiertos a recibir las inquietudes”.

La experiencia, sin embargo, ha cargado a los médicos nucleares de escepticismo, pues creen que esta normatividad, emitida apenas en diciembre de 2016, se puede sumar a una pila de documentos que no generen un cambio real. Su argumento, en parte, viene de que quienes se encargan de dar el sí o no a los registros son funcionarios del Instituto Geológico Colombiano, quienes no conocen sobre la práctica médica.

“Uno de los inconvenientes del proceso es que somos vigilados por un instituto de tierra, donde hay físicos, ingenieros, geógrafos con muchas capacidades, pero que no saben sobre la práctica hospitalaria. Aplican la reglamentación como si fuéramos Bavaria, pero es que nosotros vemos pacientes con una problemática social y con el agravante de que tenemos un déficit de medicina nuclear”, afirma Uriel Chica, doctor en bioingeniería y físico médico.

Frente a esto, advierte la viceministra de Energía, la cartera “no tiene por qué cumplir con los mismos perfiles profesionales que sus usuarios, ya que la tarea principal de los evaluadores es tener competencias en protección y seguridad radiológica”, no en física médica. Además, cuenta que entre el 2015 y el 2016, siete evaluadores tenían estudios de posgrado en protección radiológica y física médica.

Lo cierto, mientras se sabe cómo entrará en práctica la nueva regulación, es que en varias partes del país hay centros de medicina nuclear que se mantienen momificados. El único que existía en Popayán y que atendía a gran parte de los pacientes del Cauca, por ejemplo, está cerrado desde hace más de un año. Según la página del Servicio Geológico Colombiano, hasta el 21 de noviembre de 2016, sólo 95 centros tenían autorización para operar en el país.

En Medellín, el doctor Alejandro Ríos, que ha trabajado en esta especialidad desde 1985, cuenta que también tiene dos centros de medicina nuclear sin autorización: uno en el Pablo Tobón Uribe y otro en la Clínica Cardiovascular Santa María. En promedio, en ambos atendía a 500 pacientes mensuales que han tenido que irse a otros servicios.

“Aquí hay que entender que no es que queramos trabajar de una manera irresponsable o sin regulación, porque seriamos los más expuestos. Sino que toca expedir normas que tengan coherencia con las condiciones sociológicas del país”, advierte.

A los pacientes que estén en lista de espera, mientras tanto, les tocará aprender, como a Lilia Guacaneme, a moverse dentro del sistema. Ella, por ejemplo, pidió una segunda cita para ver si le pueden hacer la radioterapia antes. Si no, a mitad de año tendrá que viajar a Girardot porque, según le explicaron, en Bogotá no hay camas disponibles hasta entonces.