EPS Sanitas responde: “La intervención es ilegal, desproporcionada y discriminatoria”
La EPS Sanitas se pronunció después de la decisión tomada por la Superintendencia de Salud. El grupo asegura que “están analizando las acciones a tomar para “hacer cesar la arbitrariedad”.
Dos días después de que la Superintendencia de Salud decidiera intervenir a la EPS Sanitas, esta entidad decidió responder a esa medida. “Rechazamos enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, aseguró en un comunicado.
Para el grupo Keralty, del que hace parte la EPS Sanitas, la situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada, en gran medida, “por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”, se lee en otro apartado de la respuesta.
Para el grupo empresarial, estas problemáticas “fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la ADRES y otras instituciones, sin encontrar soluciones”
La EPS dice que, además, en diciembre de 2023, presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna.
Según Keralty, “los indicadores de quejas a que hace referencia el acto administrativo de intervención reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS”, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas durante el 2023 “supera significativamente el promedio nacional”.
Para la EPS hay otro tema que no le cuadra: el de reservas técnicas. “Hacemos claridad en que hoy la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos”, anotan.
“Esta medida puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”, aseguran en otro apartado.
Según la EPS, están analizando las acciones a tomar para “hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”.
¿Por qué la Superintendencia de salud decidió intervenir a Sanitas?
Según el superintendente Luis Carlos Leal, las razones para intervenir a Sanitas fueron las siguientes: como se lee en la resolución que ordena la intervención, no ha cumplido con el indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica desde el cierre de la vigencia 2020 hasta 2023.
Además, la siniestralidad de Sanitas (es decir, al dinero que una EPS gasta en relación con lo que recibe) aumentó un 11% entre 2019 y 2023. Pasó 92,9% al 103,9%. En otras palabras, garantizar los servicios de salud de sus afiliados.
También señaló que Sanitas tiene una tasa de reclamaciones en salud del 26,07 acumulada a enero de 2024. En total, recibió 15.070 reclamaciones en ese mes, algo que la Supersalud calificó de “una alarmante escalada en la calidad de reclamaciones”.
Sin embargo, las cifras de la misma Superintendencia de Salud también muestran que hay otras EPS que tienen una “tasa” de reclamos mayor que Sanitas. Coosalud tiene 38,08; Compensar, 28,94; Famisanar, 28,72, y Servicio Occidental de Salud (SOS), 28,61.
Pero, para algunas personas, intervenir una EPS no es una buena medida. Para Óscar Bernal, profesor de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, “las intervenciones crean un problema, ya que la entidad pasa a ser manejada por el ente que debe supervisarla y, por lo tanto, hay un conflicto de interés. Por otro lado, estas intervenciones tienden a alargarse y a convertirse en un mayor riesgo de cierre y no en una mejora de la institución intervenida”.
Al exsuperintendente de Salud Gustavo Morales (que estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos), tampoco le suena mucho la idea de intervenir EPS: “Las intervenciones siempre son malas decisiones. Son una figura mal diseñada de la ley. Incluso, con la mejor de las intenciones y con el mejor interventor a cargo, eso nunca termina bien. Cuando se toma esa medida se rompen todos los pesos y contrapesos de gobierno corporativo. El interventor, por ejemplo, es gerente, pero, a la vez, revisor fiscal y está en la junta directiva”.
En medio de toda esta situación, tanto el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como el superintendente, han reiterado que los servicios de salud no se verán afectados para los 5,7 millones de pacientes que están en Sanitas. Tanto las citas, como la entrega de medicamentos continuará con normalidad.
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Dos días después de que la Superintendencia de Salud decidiera intervenir a la EPS Sanitas, esta entidad decidió responder a esa medida. “Rechazamos enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, aseguró en un comunicado.
Para el grupo Keralty, del que hace parte la EPS Sanitas, la situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada, en gran medida, “por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”, se lee en otro apartado de la respuesta.
Para el grupo empresarial, estas problemáticas “fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la ADRES y otras instituciones, sin encontrar soluciones”
La EPS dice que, además, en diciembre de 2023, presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna.
Según Keralty, “los indicadores de quejas a que hace referencia el acto administrativo de intervención reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS”, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas durante el 2023 “supera significativamente el promedio nacional”.
Para la EPS hay otro tema que no le cuadra: el de reservas técnicas. “Hacemos claridad en que hoy la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos”, anotan.
“Esta medida puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”, aseguran en otro apartado.
Según la EPS, están analizando las acciones a tomar para “hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”.
¿Por qué la Superintendencia de salud decidió intervenir a Sanitas?
Según el superintendente Luis Carlos Leal, las razones para intervenir a Sanitas fueron las siguientes: como se lee en la resolución que ordena la intervención, no ha cumplido con el indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica desde el cierre de la vigencia 2020 hasta 2023.
Además, la siniestralidad de Sanitas (es decir, al dinero que una EPS gasta en relación con lo que recibe) aumentó un 11% entre 2019 y 2023. Pasó 92,9% al 103,9%. En otras palabras, garantizar los servicios de salud de sus afiliados.
También señaló que Sanitas tiene una tasa de reclamaciones en salud del 26,07 acumulada a enero de 2024. En total, recibió 15.070 reclamaciones en ese mes, algo que la Supersalud calificó de “una alarmante escalada en la calidad de reclamaciones”.
Sin embargo, las cifras de la misma Superintendencia de Salud también muestran que hay otras EPS que tienen una “tasa” de reclamos mayor que Sanitas. Coosalud tiene 38,08; Compensar, 28,94; Famisanar, 28,72, y Servicio Occidental de Salud (SOS), 28,61.
Pero, para algunas personas, intervenir una EPS no es una buena medida. Para Óscar Bernal, profesor de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, “las intervenciones crean un problema, ya que la entidad pasa a ser manejada por el ente que debe supervisarla y, por lo tanto, hay un conflicto de interés. Por otro lado, estas intervenciones tienden a alargarse y a convertirse en un mayor riesgo de cierre y no en una mejora de la institución intervenida”.
Al exsuperintendente de Salud Gustavo Morales (que estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos), tampoco le suena mucho la idea de intervenir EPS: “Las intervenciones siempre son malas decisiones. Son una figura mal diseñada de la ley. Incluso, con la mejor de las intenciones y con el mejor interventor a cargo, eso nunca termina bien. Cuando se toma esa medida se rompen todos los pesos y contrapesos de gobierno corporativo. El interventor, por ejemplo, es gerente, pero, a la vez, revisor fiscal y está en la junta directiva”.
En medio de toda esta situación, tanto el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como el superintendente, han reiterado que los servicios de salud no se verán afectados para los 5,7 millones de pacientes que están en Sanitas. Tanto las citas, como la entrega de medicamentos continuará con normalidad.
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