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EPS Sura reaccionó este martes a través de un comunicado a la reciente decisión de la Superintendencia de Salud de negar su salida progresiva del sistema de salud. La EPS antioqueña anuncia que acordó con la entidad liderada por Giovanny Rubiano García, por solicitud de esa, “trabajar en la búsqueda de alternativas en pro de los afiliados y del sistema de salud en aras de encontrar soluciones técnicas para la coyuntura actual, evaluando mecanismos que permitan que los recursos (PBS y no PBS) sean más eficientes y fluyan mejor a las EPS, basados en indicadores de desempeño de estas”.
EPS Sura no anuncia directamente que vaya a utilizar el recurso de reposición que le permite la ley, pero sí señala que analizará “en detalle el contenido de la resolución para dar continuidad a los trámites a que haya lugar según el debido proceso”. Agrega que, en paralelo, participará de “la búsqueda de soluciones técnicas con la Superintendencia Nacional de Salud reconociendo que, en la actualidad, EPS SURA no cumple con uno de los indicadores de habilitación financiera, lo que podría dar lugar a que el ente de control tome medidas especiales”, refiriéndose a la posibilidad de una intervención por parte de esa entidad.
“Nuestra prioridad es y ha sido la salud y el bienestar de los colombianos. Por eso, reafirmamos nuestra disposición para seguir dialogando y participando activamente en espacios de análisis técnico junto con diferentes actores, que permitan abordar tanto la coyuntura actual de EPS SURA como los retos estructurales del sistema de salud en general”, anuncia, dejando lo que parece ser una puerta abierta.
Pese a eso, EPS Sura reitera que considera que “el sistema de salud en Colombia enfrenta una crisis estructural y coyuntural, marcada por la desfinanciación, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los Presupuestos Máximos, así como por un marco jurídico que establece coberturas y servicios ilimitados frente a recursos limitados”. A esto se suma el aumento de la esperanza de vida, la creciente carga de enfermedades, la mayor demanda de servicios de salud, la disponibilidad limitada de personal médico y el uso de tecnologías avanzadas, lo que pone aún más presión sobre el sistema. “Estas condiciones no han cambiado”, dice la EPS, y fueron las que en un principio motivaron su petición de salir del sistema.
La EPS aprovecha para hacer un llamado al Gobierno “sobre la importancia de contar con una UPC y Presupuestos Máximos suficientes para el 2025, que reconozcan la realidad del consumo en salud del país”.
Esto, justamente cuando el Gobierno debe definir antes del 31 de diciembre el aumento que tendrán estos dos componentes del sistema para 2025. Actores como la Andi creen que se debe decretar un aumento de mínimo el 16%. Finalizan señalando que harán todo lo que esté a su alcance para cumplir con las obligaciones. “Esta es una Compañía que se caracteriza por la gestión del riesgo en salud, el trato humano y resolutivo a sus afiliados y el acceso a los servicios con calidad y compromiso”.
La decisión de la Supersalud
La Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de negar la petición de salida voluntaria del sistema de salud que EPS Sura realizó el pasado 28 de mayo. El Comité de Medidas Especiales, una instancia consultiva y asesora del superintendente de Salud, recomendó de forma unánime negar la solicitud de aprobación en una sesión realizada el pasado 9 de diciembre, recomendación que fue acogida por el despacho del superintendente Giovanny Rubiano García y que fue comunicada este 10 de diciembre.
Los motivos de la entidad están expuestos en una resolución de 134 páginas, y en términos generales, se centran en el alto riesgo que representaría para el sistema de salud la salida de una EPS que cuenta con más de 5.3 millones de afiliados. Aunque estos están distribuidos en 30 departamentos, la mayoría se concentra en Antioquia, donde Sura opera en 116 municipios con más de 3 millones de afiliados.
La solicitud de desmonte progresivo de EPS Sura partía de un punto inicial: que la Supersalud realizara una revocatoria de habilitación, pero permitiera a la entidad seguir operando en el sistema mientras se desarticulaba de manera gradual. Para este proceso, la EPS proponía realizar seis traslados de sus más de 5 millones de afiliados, uno cada mes a partir de enero y hasta junio de 2025. Además, proponía pagar sus acreencias de acuerdo con un cronograma que se extendería hasta marzo de 2026.
Sin embargo, para la Supersalud había muchos problemas en ese plan, y uno de los más importantes se centra en las EPS, que serían receptoras de los afiliados de Sura, como explicamos aquí.
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