En la mañana del 26 de febrero, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados en el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha. En ese contexto, Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dijo que esa institución ya había pagado $9,4 billones de pesos en los últimos cuatro años, y que las cuentas aprobadas para las EPS son de $200 mil millones.
Sin embargo, otras son las cifras que afirman representantes de varios gremios del sector, como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), del régimen contributivo, y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud (Gestarsalud), del régimen subsidiado, pues el Gobierno les debe distintas sumas de dinero.
En primer lugar, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, afirmó en Noticias Caracol que esperaban, por lo menos, una suma cercana a los $300 mil millones de pesos, del total de $3 billones que desde Acemi calculan es el total de la deuda, pero que están en medio de disputas legales o en revisión por parte de la Adres. “Desde el punto de vista procesal hay que revisar cuáles de esas cuentas están reconocidas ya, después de pasar los procesos de auditoría, y las que ya lo estén deben proceder al pago inmediato”, declaró Vesga en Noticias Caracol. Por otro lado, Galo Viana, presidente de Gestarsalud, dijo en entrevista con CM& que la deuda con el régimen subsidiado es de $250 mil millones de pesos, y que gran parte de esa suma corresponde a los entes territoriales que, según él, acumularon la deuda desde hace 6 años.
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Sin embargo, y en dos entrevistas con El Tiempo y CM&, el director Martínez afirmó que “esas cuentas no existen (...). En el Adres solo hay 200 mil millones de pesos en cuentas de cobro pendientes, aunque no se pueden pagar porque están en procesos judiciales”.
El director Martínez también dijo que no creía que los procesos judiciales pudieran aclararse de aquí a dos meses (26 de abril), plazo establecido por la Corte Constitucional para zanjar la deuda. “No se puede pagar si los jueces no resuelven o si las EPS renuncian a esos procesos judiciales y aceptan el acuerdo de pago que se les ha hecho”, dice.
También, en entrevista con El Tiempo, Martínez puntualizó que son $180 mil millones de pesos los que están atascados en procesos judiciales “instaurados por las EPS durante los cuatro años”, dijo. El director de la Adres también negó que existieran cuentas pendientes por $3 billones de pesos en la contabilidad de la Administradora.
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En cuanto a lo que opinan algunas agremiaciones de IPS del país, Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), destacó varios puntos de lo expresado por la Corte Constitucional, como la revisión de mecanismos para que las EPS desembolsen de manera más ágil los recursos a los prestadores y se esclarezcan las causas que han llevado a la elevada morosidad.
También, y en palabras de Giraldo, la ACHC hace un llamado para que se evalúe la viabilidad de que el manejo de los recursos esté en cabeza de la Adres, para que así las EPS solo funjan como autorizadoras de los pagos, “y que la suma de estas medidas haga más eficiente la contabilidad y auditoría de recursos hacia los prestadores de servicios”, dice.
¿De dónde viene la decisión?
La decisión, explicó la Corte, fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 que, a través del Auto 2882 de noviembre de 2023, declaró “el nivel de cumplimiento bajo de la orden vigesimocuarta”. Esta orden, continúa el alto tribunal, “busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional debe destinar al pago de determinados servicios y tecnologías en salud, concretamente, de aquellos que ha establecido que deberán ser recobrados por las EPS una vez entregados a la población —procedimiento de recobro—, toda vez que no se financian con la UPC ni los Presupuestos Máximos”.
Para cumplir con este objetivo, en julio de 2019, el gobierno del presidente Iván Duque firmó el Acuerdo de Punto Final, en la que se estableció que el Estado pagaría a las EPS todas las deudas pendientes por los servicios y tecnologías que no fueron cubiertos por UPC ni Presupuestos Máximos hasta diciembre de 2019. La idea de estas medidas, era evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS e IPS.
El problema, reconoció la Corte, es que la Sala encontró que, con corte a 2023, no se había efectuado el pago total de la deuda, lo que, según el mismo gobierno, se debía haber completado en agosto de 2022. Además, la Sala también identificó montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo, sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales y que, a partir de 2020, “surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios”.
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