Es hora de que la vejez sea una prioridad en Colombia

El pasado 13 de septiembre un hecho pasó relativamente inadvertido en el día a día nacional: en una sencilla ceremonia, el Ministerio de Salud y la Cancillería hicieron oficial la ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para tomar esta decisión, el país transitó un proceso de seis años que implicó negociaciones diplomáticas, consultas ciudadanas y evaluaciones de instituciones como la Corte Constitucional. (Puede leer: Las enfermedades cardíacas siguen aumentando en Colombia)

Se trata de una determinación que puede impactar a casi siete millones de colombianos, el 13,5 % de la población total, todos ellos mayores de 60 años. Y es así porque la Convención es una herramienta adoptada por la OEA en 2015, que establece medidas específicas en los campos de la salud, la seguridad, el trabajo, la vivienda y la educación que los países que la adhieren se comprometen a cumplir para promover y proteger los derechos humanos de las personas mayores. La Convención desarrolla 15 principios basados en derechos humanos y reconoce 27 derechos, como a la independencia y autonomía, al consentimiento libre e informado en la salud, servicios de cuidado a largo plazo, trabajo, educación y cultura.

Es el primer tratado internacional que se enfoca en esta población y “es algo que buscábamos desde hace mucho tiempo”, dice Deinedt Castellanos. (Le puede interesar: Los niños del campo colombiano crecen menos que los de las ciudades)

Castellanos es, además de gerontóloga y licenciada en educación comunitaria, la presidenta de la Red Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno, una organización social bastante proactiva en el tema (estuvo detrás de leyes como la 1251 de 2008, que crea, entre otras, el Consejo Nacional del Adulto Mayor) y que espera que la Convención promueva cambios. “Por ejemplo, necesitamos que esto deje de ser solo un tema de salud. Hoy en día la Política Pública de Envejecimiento y Vejez es liderada únicamente desde el Ministerio de Salud. Eso tiene que cambiar, así lo señala la ONU y la OMS”, explica.

Ambos organismos (y la Convención) aseveran que la atención del envejecimiento debe, si bien garantizar la atención en salud, ampliarse a temas como, por mencionar solo dos, la educación y la cultura, y no de cualquier manera: “Deben ser acordes a los nuevos envejecimientos. Por ejemplo soy un adulto mayor, profesional, que espera algo distinto de su vejez de lo que esperaba, tal vez alguien que nació 20 o 30 años antes que yo”, señala Castellanos. Por eso, agrega, el tema tiene que salir de la órbita del Ministerio de Salud y volverse transversal en todas las políticas públicas del Estado colombiano. (También puede leer: Gobierno de Petro aclara por qué no apoya la candidatura del exministro Ruíz en la OPS)

“Las políticas dirigidas a jóvenes, por ejemplo, deberían tener elementos que promuevan un envejecimiento sano. Así debería suceder, a partir de esta Convención, con todos los temas y las poblaciones”, detalla Castellanos. Debido a que la adhesión de Colombia tiene fuerza jurídica, la Corte Constitucional se tuvo que pronunciar a favor de su constitucionalidad en 2021. A partir de esta adhesión, no se trata de “favores”, dice Soraya Montoya González, directora de la Fundación Saldarriaga Concha, una organización que estuvo presente en la ratificación del tratado y ahora pretende estarlo en su aplicación.

Hay campos en los que se hace urgente. “La situación de los colombianos mayores de 60 años es bastante precaria y desprotegida. Durante la pandemia muchas de esas vulnerabilidades se acrecentaron: la soledad, el abandono, el suicidio… Este tema no es más que un guion largo en los programas de gobierno y nosotros somos millones”, afirma Castellanos. Algunas cifras validan esa idea. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe) de 2015, la última de su clase, determinó que solo el 29,1 % de la población adulto mayor recibe ingresos del sistema pensional colombiano.

El Ministerio de Salud reporta que ocho de cada diez sufren más de una enfermedad y que cerca de la mitad de adultos mayores están en riesgo de malnutrición, con el agravante de que menos del 50 % se realizan controles regulares. (Puede interesarle: Más de 10 millones de niños en el mundo perdieron a un padre o cuidador por covid-19)

El Gobierno debe informar de su adhesión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con lo que se haría efectiva y el país se convertiría en el noveno de la región en hacerlo (ya están Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador y Perú). Después, continúa Montoya, iniciaría un proceso de revisión y ajuste de las políticas vigentes y de las que se están construyendo para que todas vayan en línea con la Convención.

Aun así, “y aunque es fundamental que todos los países de Latinoamérica ratifiquen la Convención ya mismo, eso no basta”, dice Alexandre Kalache, quien dirigió el programa de envejecimiento global de la OMS: “Es necesario tener una convención internacional y para eso estamos, hace 12 años, peleando contra los países desarrollados que no quieren una convención global. Ellos ya envejecieron. Y derechos para ellos es inversión de plata”.

Por eso, añade Kalache, es valioso que la creación de estos instrumentos esté siendo impulsada por Latinoamérica, una región “que aún tiene tiempo de hacer de la vejez una oportunidad. El envejecimiento ha sido la gran revolución de nuestra sociedad, pero debido a eso es el gran reto de la política del siglo XXI”.

El pasado 13 de septiembre un hecho pasó relativamente inadvertido en el día a día nacional: en una sencilla ceremonia, el Ministerio de Salud y la Cancillería hicieron oficial la ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para tomar esta decisión, el país transitó un proceso de seis años que implicó negociaciones diplomáticas, consultas ciudadanas y evaluaciones de instituciones como la Corte Constitucional. (Puede leer: Las enfermedades cardíacas siguen aumentando en Colombia)

Se trata de una determinación que puede impactar a casi siete millones de colombianos, el 13,5 % de la población total, todos ellos mayores de 60 años. Y es así porque la Convención es una herramienta adoptada por la OEA en 2015, que establece medidas específicas en los campos de la salud, la seguridad, el trabajo, la vivienda y la educación que los países que la adhieren se comprometen a cumplir para promover y proteger los derechos humanos de las personas mayores. La Convención desarrolla 15 principios basados en derechos humanos y reconoce 27 derechos, como a la independencia y autonomía, al consentimiento libre e informado en la salud, servicios de cuidado a largo plazo, trabajo, educación y cultura.

Es el primer tratado internacional que se enfoca en esta población y “es algo que buscábamos desde hace mucho tiempo”, dice Deinedt Castellanos. (Le puede interesar: Los niños del campo colombiano crecen menos que los de las ciudades)

Castellanos es, además de gerontóloga y licenciada en educación comunitaria, la presidenta de la Red Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno, una organización social bastante proactiva en el tema (estuvo detrás de leyes como la 1251 de 2008, que crea, entre otras, el Consejo Nacional del Adulto Mayor) y que espera que la Convención promueva cambios. “Por ejemplo, necesitamos que esto deje de ser solo un tema de salud. Hoy en día la Política Pública de Envejecimiento y Vejez es liderada únicamente desde el Ministerio de Salud. Eso tiene que cambiar, así lo señala la ONU y la OMS”, explica.

Ambos organismos (y la Convención) aseveran que la atención del envejecimiento debe, si bien garantizar la atención en salud, ampliarse a temas como, por mencionar solo dos, la educación y la cultura, y no de cualquier manera: “Deben ser acordes a los nuevos envejecimientos. Por ejemplo soy un adulto mayor, profesional, que espera algo distinto de su vejez de lo que esperaba, tal vez alguien que nació 20 o 30 años antes que yo”, señala Castellanos. Por eso, agrega, el tema tiene que salir de la órbita del Ministerio de Salud y volverse transversal en todas las políticas públicas del Estado colombiano. (También puede leer: Gobierno de Petro aclara por qué no apoya la candidatura del exministro Ruíz en la OPS)

“Las políticas dirigidas a jóvenes, por ejemplo, deberían tener elementos que promuevan un envejecimiento sano. Así debería suceder, a partir de esta Convención, con todos los temas y las poblaciones”, detalla Castellanos. Debido a que la adhesión de Colombia tiene fuerza jurídica, la Corte Constitucional se tuvo que pronunciar a favor de su constitucionalidad en 2021. A partir de esta adhesión, no se trata de “favores”, dice Soraya Montoya González, directora de la Fundación Saldarriaga Concha, una organización que estuvo presente en la ratificación del tratado y ahora pretende estarlo en su aplicación.

Hay campos en los que se hace urgente. “La situación de los colombianos mayores de 60 años es bastante precaria y desprotegida. Durante la pandemia muchas de esas vulnerabilidades se acrecentaron: la soledad, el abandono, el suicidio… Este tema no es más que un guion largo en los programas de gobierno y nosotros somos millones”, afirma Castellanos. Algunas cifras validan esa idea. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe) de 2015, la última de su clase, determinó que solo el 29,1 % de la población adulto mayor recibe ingresos del sistema pensional colombiano.

El Ministerio de Salud reporta que ocho de cada diez sufren más de una enfermedad y que cerca de la mitad de adultos mayores están en riesgo de malnutrición, con el agravante de que menos del 50 % se realizan controles regulares. (Puede interesarle: Más de 10 millones de niños en el mundo perdieron a un padre o cuidador por covid-19)

El Gobierno debe informar de su adhesión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con lo que se haría efectiva y el país se convertiría en el noveno de la región en hacerlo (ya están Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador y Perú). Después, continúa Montoya, iniciaría un proceso de revisión y ajuste de las políticas vigentes y de las que se están construyendo para que todas vayan en línea con la Convención.

Aun así, “y aunque es fundamental que todos los países de Latinoamérica ratifiquen la Convención ya mismo, eso no basta”, dice Alexandre Kalache, quien dirigió el programa de envejecimiento global de la OMS: “Es necesario tener una convención internacional y para eso estamos, hace 12 años, peleando contra los países desarrollados que no quieren una convención global. Ellos ya envejecieron. Y derechos para ellos es inversión de plata”.

Por eso, añade Kalache, es valioso que la creación de estos instrumentos esté siendo impulsada por Latinoamérica, una región “que aún tiene tiempo de hacer de la vejez una oportunidad. El envejecimiento ha sido la gran revolución de nuestra sociedad, pero debido a eso es el gran reto de la política del siglo XXI”.