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En medio de la dura discusión por la reforma a la salud, un componente de esa problemática parece haber sobrepasado los demás por la necesidad impostergable de su solución: el desabastecimiento de medicamentos ¿Este es reciente o es una falla antigua?
Los problemas de acceso a medicamentos vienen presentándose hace tiempo. En pandemia, por ejemplo, fueron comunes pero se han agravado en las últimas semanas, como una expresión de las dificultades estructurales que enfrenta el sistema de salud. En 2008, la Corte Constitucional declaró la falta de garantías en el derecho a la salud e intervino, precisamente, porque los ciudadanos debían recurrir a la tutela para lograr acceso a los servicios del sistema. Hoy, a pesar del seguimiento de la Corte, de la expedición de la Ley Estatutaria y de múltiples órdenes, observamos un tránsito a tutelas por dificultades de disponibilidad. Esto quiere decir que, aunque no haya escasez en el mercado o no sea ese el obstáculo esencial, los medicamentos no están disponibles para quienes los requieren.
Puntualmente, ¿los reclamos que llegan a la Defensoría del Pueblo, han aumentado, disminuido o continúan en la misma proporción con respecto a épocas anteriores?
Si bien desde 2010, la mayor cantidad de quejas que recibimos en la Defensoría se refieren a afectaciones al derecho a la salud, el crecimiento de las vulneraciones a ese derecho se aceleró entre 2023 y 2024. En estos últimos dos años, las quejas por fallas en la prestación del servicio han aumentado en un 75,7% y hemos observado que, en lo corrido del 2025, se presenta un agravamiento en el acceso. Si la tendencia de estos tres meses continúa, las reclamaciones podrían duplicarse en comparación con el año 2022. En cuanto a los medicamentos, el fenómeno más notorio es que sus fallas de disponibilidad representadas en negaciones, entregas incompletas y faltas de oportunidad, aumentaron en un 30% con respecto al 2024, y en un 67% con respecto al 2023. Estas cifras concuerdan con el crecimiento de las peticiones, quejas y reclamos reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud y con las cifras de tutelas, por salud, notificadas por la Corte Constitucional.
Pero, según se ha publicado, las tutelas tampoco están siendo tan eficientes para la atención inmediata de los pacientes como antes ¿Es cierto?
Sí. Se han detectado incumplimientos de tutelas y desacatos judiciales. Estos mecanismos ya no son suficientes para garantizar la atención requerida lo que deriva en que los usuarios han quedado sin herramientas efectivas para hacer valer sus derechos. Esta situación no solo agrava el deterioro del sistema, sino que puede poner en riesgo la vida de quienes requieren el acceso oportuno a los servicios.
En la página oficial del ministerio de Salud hay una sección especial para informar sobre el abastecimiento de medicamentos y existe un listado por cada año transcurrido, además de otros datos ¿La irregularidad en la disponibilidad de los fármacos, en el país, es estructural u ocurre por temporadas y depende de cuáles factores?
Conviene diferenciar los problemas de disponibilidad, de los problemas de desabastecimiento. El sistema de monitoreo del ministerio de Salud muestra que el desabastecimiento, o sea, la ausencia total y durante un tiempo prolongado de un medicamento, no es generalizado. Solo hay alertas sobre cuatro (4) medicamentos desabastecidos y sobre seis (6) en riesgo de desabastecimiento, que el INVIMA y el ministerio están atendiendo. En la actualidad, se evidencia un problema de disponibilidad cuando lo requieren los usuarios; es decir, la mayoría de los medicamentos se encuentran en el mercado pero el sistema no los está suministrando.
¿Por qué?
Por distintas causas asociadas a problemas estructurales del sistema. Sin embargo, esta situación se manifiesta de manera más crítica en algunas regiones del país. Según la información que recopilamos en nuestras 42 regionales, la crisis es extrema en el sur de Bolívar, sur de Córdoba y sur de Sucre así como en Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Nariño, Vichada y Guainía. El monitoreo permanente que realizamos, también indica que los medicamentos esenciales con problemas de disponibilidad, son aquellos que tratan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y dolencias tiroideas. Además, es preocupante la falta de continuidad en la entrega de los que se requieren para tratamientos de cáncer y de pacientes con trasplantes.
Usted ha dicho que si se tienen en cuenta las entregas incompletas, entregas tardías o negación total de los medicamentos, la falta de disponibilidad se ha incrementado en una tercera parte, entre enero y febrero de este año con respecto al 2024; y en más de la mitad en algunos lugares del país, si se compara con los años 23 y 22 ¿A cuál o cuáles fenómenos le atribuye usted esta espiral de carencias?
En las mesas de articulación y conciliación territoriales que adelantan las regionales de la Defensoría del Pueblo en las que tienen asiento las EPS, los hospitales y las autoridades locales de salud, hemos identificado que las dificultades en la logística de entrega de medicamentos obedecen a cambios abruptos en la red de dispensadores, fuera del debate permanente por los problemas de pago y flujo de recursos que bloquean el despacho regular, a los puntos de atención y distribución. Por eso, las mesas no han podido garantizar soluciones oportunas.
Es decir, ¿no es posible garantizar la existencia constante de medicamentos en el mercado colombiano sin atender los demás componentes de la crisis del sistema de salud?
Lo cierto es que el asunto de la financiación y los intereses económicos en el sistema están afectando la garantía del derecho a la salud. Independientemente de las causas y los responsables, esto es inadmisible desde la perspectiva de los derechos humanos. Por eso, mientras se dan las discusiones y deliberaciones, hay que proteger esos derechos; los problemas y las tensiones sobre la financiación del sistema, no deben trasladarse a los pacientes. La Defensoría del Pueblo ha propuesto establecer puestos de mando unificado (PMU), con capacidad resolutiva de casos concretos, en regiones priorizadas. Esta propuesta que ha sido ampliamente acogida, busca que las personas reciban los servicios y los medicamentos, de manera oportuna, a través de mecanismos especiales que acordemos. Se trata de explorar y poner en marcha todas las medidas administrativas disponibles para atender los casos, para implementar las órdenes judiciales o para evitar que se requiera la intervención judicial sin perjuicio de que estas se presenten cuando sea necesario.
A las multinacionales farmacéuticas particulares les interesa el negocio y, por tanto, el precio que se le asigna a cada medicamento de su marca. Según lo ha detectado la Defensoría, Las empresas de este tipo, presentes en el país, ¿dejan de producir o de abastecer el mercado debido a que no juzgan rentable el precio permitido? En otras palabras, ¿hay escasez provocada por las fluctuaciones en las ganancias económicas?
Las distorsiones del mercado farmacéutico, la forma como se configuran los precios y el poder de las corporaciones de tecnologías médicas es un asunto complejo, ampliamente estudiado por científicos, salubristas e investigadores sociales. Por ejemplo, algunos medicamentos esenciales para el cáncer que tienen muy bajo precio, dejaron de producirse globalmente y los desabastecen, periódicamente, en distintos países. El planeta también sufre los problemas de disponibilidad de plasma para la producción de medicamentos biológicos esenciales. Con frecuencia, hay apertura de investigaciones por prácticas anticompetitivas en el segmento farmacéutico, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha abordado estos casos para orientar a los países sobre cómo lidiar con las distorsiones y presiones. La conclusión es que, independientemente de cómo operen los sistemas de salud, se requiere una gobernanza y una rectoría fuerte que gestione y monitoree la oferta, el consumo y los precios. Colombia no es ajena a esta problemática.
Y, ¿quién le pone el cascabel al gato? Para encontrar el equilibrio justo del mercado para unos y otros, se requiere sumar voluntades…
Por eso, la Defensoría del Pueblo propone establecer un mecanismo de gestión del acceso y uso racional de medicamentos y tecnologías médicas, en los niveles nacional y territorial, que presente informes periódicos a los consejos territoriales y al Consejo Nacional de Salud. Este mecanismo debería hacerle seguimiento al asunto, reconociendo que, para abordar la compleja problemática de acceso, es necesario alinear la oferta de medicamentos, el gasto con las necesidades, los resultados y, también, el cuidado del planeta. De esta manera se espera que se facilite la reducción de inequidades, los riesgos de falta de disponibilidad y desabastecimiento, pero también su uso inadecuado. La gobernanza del sistema de salud debe orientarse a que el presupuesto público maximice los resultados en salud al menor precio posible y en beneficio del bien común.
En esas circunstancias que usted describe, entonces, ¿encontraría razonable que el Estado intervenga más en el mercado farmacéutico y que este no sea dominado por el interés económico privado sin consideración equivalente a los derechos de los pacientes?
Sí. De hecho, Colombia tiene una política de precios bien diseñada, está pensando en estrategias de negociación conjunta para mejorar precios y ha tomado algunas decisiones durante los últimos 12 años, incluido este gobierno, para aumentar la competencia en el mercado. Todo lo anterior hace parte de las recomendaciones de organizaciones internacionales para mejorar el acceso a los medicamentos. Colombia cuenta con un sistema marco de regulación de precios que tendría que ajustarse y aplicarse de manera inteligente, en la actualidad, para lograr mayores eficiencias.
En los análisis hechos por los expertos de la Defensoría, ¿se ha detectado escasez de ciertos productos según su precio, es decir, los más costosos son más escasos que los de valor corriente o no existe esa relación directa?
El monitoreo que realizamos nos indica que los medicamentos que no están disponibles en el sistema de salud pero sí en el mercado, son los esenciales para enfermedades crónicas, entre estas, como ya dije, hipertensión, diabetes y afectaciones tiroideas, pero también puede presentarse la misma problemática en medicamentos de alto costo. En este tema, es necesario hacer análisis sobre la relación oferta, competencia y precios. Según la información que hemos obtenido de distintas entidades, organizaciones y gremios, los problemas en el flujo de recursos y pagos ha cambiado la disponibilidad en el despacho de medicamentos por parte de la industria farmacéutica.
¿Debido a qué, exactamente? ¿Priman los intereses de la industria sobre los derechos de los pacientes?
La incertidumbre que se ha creado sobre el futuro del sistema, según han manifestado dichos actores, ha producido que las farmacéuticas cambien las condiciones de cobro, los precios y los plazos de pago. A su vez, esto habría afectado la disponibilidad de medicamentos. Esa situación es preocupante. La infraestructura y el ecosistema de salud tiene un componente privado muy relevante. Se entiende que la operación del sistema debe darles estabilidad a los privados pero la atención, en salud, es un servicio público esencial para un derecho fundamental, un derecho humano. Por consiguiente, debe ser garantizado en todo momento y en cualquier circunstancia puesto que, de ello, depende la vida de las personas. El Gobierno debe proporcionar esas garantía con mensajes de confianza, pero el sector privado tiene una responsabilidad fundamental por su fuerte participación en el sistema y porque la regularidad de los servicios está atada a su comportamiento. Por esta razón, los PMU en salud deben contar con la presencia de las autoridades locales y nacionales, tanto públicas como privadas (gerentes de las EPS, especialmente de las EPS intervenidas), que provean la disposición de recursos y de los mecanismos de pago de la atención sin condicionarla a la discusión de las deudas.
¿Los medicamentos que escasean o que definitivamente no se encuentran en Colombia, son aquellos que debe entregar el sistema de salud a los pacientes, pero es posible que haya existencias para compras privadas?
Fuera de las alertas sobre los cuatro medicamentos desabastecidos y los seis en riesgo de desabastecimiento que ya mencionamos, el resto de los medicamentos están en el mercado, en principio. La Defensoría está concentrada en la configuración de un acuerdo amplio alrededor de la atención de las personas. En esta línea, hay dos propuestas que recibimos con expectativa. La primera proviene de las organizaciones médicas que consiste en incorporar un observatorio de medicamentos al proceso, con el objeto de realizar un monitoreo continuo de los precios, con series históricas que nos interesa conocer. La segunda propuesta proviene de la Contraloría: pide conformar una mesa de análisis de las cifras de quejas sobre medicamentos que recibimos las dos entidades, revisando, también, series distintas de tiempo, que nos permita entender e identificar patrones en los datos y hacer recomendaciones.
¿Las ciudades grandes tienen mayor flujo de fármacos y menores periodos de escasez que las pequeñas o no se puede arribar a esa conclusión automáticamente?
Las capitales tienen una infraestructura más robusta para responder al choque. Sin embargo, ciudades como Bogotá también enfrentan otras problemáticas específicas.
¿Los defensores regionales o ustedes, en la sede central, han conocido casos de muertes por falta de medicamentos o de atención integral en centros hospitalarios?
No hay casos fatales reportados. La Defensoría del Pueblo atiende y tramita todas las peticiones sobre vulneración del derecho a la salud que llegan, a la vez que acompañamos directamente a las personas que tienen en riesgo su vida con una disponibilidad permanente. Es el quehacer diario de la Defensoría del Pueblo.
Usted o sus funcionarios, ¿tienen comunicación directa con los encargados del ministerio de Salud para enfrentar los problemas del sistema y, en particular, el desabastecimiento de medicamentos?
Sí, tenemos comunicación constante. Esta semana mi equipo se reunió con los viceministros y con la ADRES e INVIMA. También hemos hablado con el presidente de la República quien ha manifestado que la Defensoría es un actor clave. Es importante pues la apertura del Gobierno es fundamental para abrir espacios de diálogo. El lunes me reuniré con el ministro Jaramillo. Todas las entidades recibieron con buena disposición la propuesta de los Puestos de Mando Unificados en materia de salud. Estamos revisando, en conjunto, los asuntos reglamentarios, operativos y financieros para su puesta en marcha.
“Deficiencias de logística e insuficiente red de farmacias”
Pese a los disturbios que padece el sistema de salud nacional por las disputas políticas y las propuestas de reforma, ¿Colombia cuenta, actualmente, con cadenas eficientes de distribución de medicamentos o su ineficacia es parte del problema?
En las múltiples reuniones que hemos realizado, aparecen los problemas de logística y de insuficiente red de farmacias y droguerías disponibles para descongestionar o garantizar la entrega de medicamentos. Estos problemas difieren entre regiones y también dependen de las EPS a las que están afiliados los pacientes. Podríamos decir que el análisis de las dificultades de entrega debería realizarse de manera desagregada, entre EPS intervenidas y no intervenidas; o entre EPS regionales y de carácter nacional, incluyendo la red de dispensación que contratan y su cobertura. Esto facilitaría la identificación de la disponibilidad real de medicamentos y de las soluciones para garantizar la entrega. Hay experiencias exitosas de conciliación como las que adelanta la Regional de Caldas, y la buena disposición de las autoridades locales de la Regional de Nariño.
“Una problemática ligada a la discusión sobre pagos y deudas”
A su juicio, en la auditoría de la Superintendencia de Salud a Audifarma, ¿se encontraron pruebas de ocultamiento de fármacos supuestamente escasos, o lo hallado en esa inspección era la existencia normal de unidades en bodega?
Es necesario remarcar que esta problemática está ligada a la discusión actual sobre los pagos y el monto de las deudas. En la Defensoría del Pueblo hemos propuesto que el asunto financiero se resuelva de manera independiente y que, mediante reuniones regionales, con participación de todos los actores, se garantice la atención efectiva para que los usuarios reciban los servicios y los medicamentos, oportunamente. Insisto, es inaceptable que las disputas sobre deudas y sobre los problemas de financiación se trasladen a los pacientes. Entre todos debemos encontrar soluciones efectivas. Me refiero al Gobierno nacional, los gobiernos locales, las entidades de control y vigilancia, el Ministerio Público y a los actores privados. Según el sistema de monitoreo del Ministerio de Salud no hay desabastecimiento generalizado de medicamentos. Se trata de un problema de disponibilidad, es decir de dificultades en la entrega o de escasez parcial, con manifestaciones más agudas en ciertos territorios.
