El sida es responsable de más de 13.000 muertes en el mundo cada semana. Hace poco se cumplió el primer aniversario de una declaración política sobre el VIH y el sida en la que los Estados miembros de la ONU adoptaron una serie de objetivos nuevos y ambiciosos para detener esta pandemia.
Si la comunidad internacional logra cumplir sus objetivos, para 2030 se habrán evitado 3,6 millones de nuevas infecciones por el VIH y 1,7 millones de muertes relacionadas con el sida. Sin embargo, las cosas no parecen ir por buen camino.
Un informe publicado por Naciones Unidos señala que las medidas para frenar la propagación del covid-19 y la importante tensión adicional que la nueva pandemia ha impuesto a los sistemas de salud han interrumpido los servicios de VIH. Los datos revelan que “las infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con la enfermedad no están disminuyendo con la suficiente rapidez como para acabar con la pandemia en 2030, según el compromiso adquirido”. El informe recomienda tres medidas.
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“En primer lugar, debemos abordar las desigualdades interconectadas, a la discriminación y a la marginación de comunidades enteras, que a menudo se ven exacerbadas por leyes, políticas y prácticas punitivas”, resumió Courtenay Rattray, jefe de gabinete del Secretario General de la ONU.
Esto implica, explicó, “reformas políticas orientadas a reducir el riesgo de infección por el VIH en comunidades marginadas” tales como los usuarios de drogas inyectables, los presos, los transexuales y los hombres homosexuales. “El estigma perjudica a todo el mundo. La solidaridad nos protege a todos”.
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El segundo objetivo gira alrededor de garantizar “el intercambio de tratamientos, como las terapias antirretrovirales de acción prolongada, y ponerlos a disposición de todas las personas alrededor del mundo” y el tercero consiste en aumentar los recursos disponibles para hacer frente al sida.
Sobre este último punto, por ejemplo, los Estados se habían comprometido a proporcionar acceso a la atención preventiva al 95% de las personas en riesgo, y garantizar que el 95% de los ciudadanos seropositivos conozcan su estado serológico.