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Después de varios meses de debates y controversia, este martes fue aprobada la reforma a la salud en la Cámara de Representantes en segundo debate. Tras una discusión que inició en horas de la tarde y se prolongó hasta la noche, los representantes le dieron su aval a los últimos artículos que hacía falta votar, entre ellos los que le daban algunas facultades especiales al presidente Gustavo Petro.
Entre los artículos que se discutieron y, finalmente, tuvieron mayorías, estaba el 122 y el 123, lo cuales permitirían que Petro expida normas que “garanticen la consulta y consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del Pueblo Rrom”.
Para decirlo en otras palabras, esos párrafos le otorgan facultades extraordinarias (por seis meses) al Presidente para expedir las normas con fuerza de ley, cuyos contenidos sean producto de la concertación en el marco esas consultas. Por poner un ejemplo, puede tomar decisiones respecto al Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI) de esas comunidades (siempre y cuando, haya concertación).
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La discusión generó una gran controversia en torno al momento en que se debe hacer una consulta previa, pero Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, se encargó de zanjarla. “Será un elemento de debate en la Corte Constitucional cuando llegue el momento del control”, dijo.
La explicación no convenció a los contradictores. “Esto no da las garantías a los pueblos indígenas y afros sobre el contenido de la reforma”, respondió Julia Miranda, de Nuevo Liberalismo.
En el debate hubo, además, una sorpresa. La plenaria decidió eliminar un artículo (el 128) que le daba otra facultad extraordinaria a Petro: “realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS”. Como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ya contemplaba que el Gobierno pueda capitalizar a las empresas de orden nacional, recordó Olga Lucia Velásquez Nieto (Alianza Verde), no era necesario enfrascarse en esa discusión.
Después vino la cereza del pastel: el debate en torno a quién debe elegir los gerentes de los hospitales públicos en los municipios y regiones. A pesar de que se pidió que el artículo quedara tal cual venía en la ponencia: que esos gerentes sean elegidos por los alcaldes o gobernadores, aunque de una lista enviada por el Minsalud, “de acuerdo con el reporte que le remitan las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública”, terminó cayéndose en la Cámara.
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Tras esta intensa discusión, a la reforma le espera otra prueba de fuego: el debate en el Senado, donde deberá ser discutida en Comisión Séptima, primero, y luego en la plenaria. Desde el gremio de las EPS, que sufrirán una gran transformación, pues pierden algunas de sus funciones, han reiterado que allí esperan que haya una discusión con más análisis.
De hecho, es posible que el debate sea a otro precio en esa corporación. Aunque en la Comisión Séptima, probablemente, encuentre respaldo (la presidenta Martha Isabel Peralta, del Movimiento Indígena Social y Alternativo -MAIS- ha apoyado las iniciativas del gobierno), en la plenaria el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior deberán sumar más votos.
Allí, el presidente es Iván Name, de la Alianza Verde, que ganó ese puesto con apoyo de los partidos de oposición. También ha sido crítico del proyecto de ley: “Colombia lleva 30 años sin hacer las reformas necesarias, entre ellas que la salud debe ser revisada, pero no tiene que ser de una manera apresurada; no vamos a querer que se evacúe en tres o cuatro meses”, le había dicho a este diario la semana pasada.
Pese a eso, entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde, el Gobierno podría contar con 34 senadores, de 106. ¿Los liberales y los de La U, continuarán dándole su aval a la reforma, como sucedió en la Cámara? ¿Tendrá el apoyo de otros partidos “independientes”?
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Tendremos que esperar varias semanas para ver el desenlace de este nuevo capítulo del sistema de salud colombiano. Lo cierto es que, como nos decía hace unos días la profesora de la Universidad de los Andes, Tatiana Andia, que lo ha estudiado en detalle, la reforma a la salud parece haberse convertido en un asunto de honor del petrismo y nadie estará dispuesto a retirarla.
¿Qué podría cambiar con la reforma?
Tal cual sale de la Cámara, el proyecto establece el fin de las EPS tal como las conocemos. Estos cambios establecen que estas aseguradoras tendrán un plazo de dos años para decidir si se transforman en estas nuevas entidades. Durante ese período, deberán cumplir con ciertas condiciones, incluida la colaboración en la organización de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y someterse al giro directo de fondos por parte de la Adres (banco de la salud).
Las Gestoras de Vida y Salud (EGVIS), como se llamarán, podrán ser de naturaleza privada, pública o mixta y deben coordinarse con los CAPS y las direcciones Departamentales y Distritales de Salud. Además, se les asignan funciones para gestionar el riesgo en salud, desde la Atención Primaria hasta los servicios de mediana y alta complejidad, establecer sistemas de referencia y contrarreferencia, garantizar el acceso a los servicios de salud y realizar auditorías de calidad y cuentas médicas. A continuación, los cambios más claves: