Espaldarazo a los impuestos al cigarrillo

Su propuesta, que desde entonces levantó ampolla en la industria del tabaco, acaba de ser respaldada por uno de los institutos de investigación más importantes en salud pública: la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública, en Baltimore, EE.UU.

“Como profesores de esta facultad nos satisface escribirle para darle apoyo a su propuesta (...) El consumo de tabaco continúa siendo la causa principal de muerte dentro de las que pueden ser prevenidas, matando a seis millones de personas en el mundo y una extensa literatura científica demuestra que impuestos más altos al cigarrillo constituyen la estrategia más efectiva y de menor costo para salvar vidas”, escriben los profesores Antonio Trujillo, Joshua Sharfstein y Joanna Cohen.

En la misiva recuerdan lo que que el precio de los cigarrillos en Colombia está entre los más bajos de América Latina y es el menor entre los países de la OCDE. En precios internacionales estandarizados, una cajetilla completa vale solo US$1,8. Y triplicar su precio, dicen, podría evitar un problema severo de salud pública. “Fumar causa nueve veces más gastos en el sistema de salud que lo que Colombia recobra en impuestos actuales. Y eso significa que en Colombia los no fumadores están subvencionando el consumo de cigarrillos”, se lee en un aparte de la carta.

Sin embargo, a la industria tabacalera parecen no convencerla estos argumentos. Para ellos, la propuesta de Gaviria roza con lo irracional. Así, al menos, lo dice Jorge Cabrera, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco. “Estamos abiertos al debate sobre el impuesto, pero una medida de ese tipo requiere un incremento racional y saber cuál va a ser la gradualidad en que se implemente. Pero, sin duda, aumentarlo 400 % desestabiliza cualquier mercado”, dice.

Para él, el hecho de tener cigarrillos más caros dispararía el contrabando. “Entonces –cuenta– la gente no dejaría de fumar, sino que empezaría a fumar cigarrillos más baratos, con bajos estándares de calidad, que además les inyectan recursos a bandas mafiosas. La estrategia debería enfocarse en prevención”.

Pero a los profesores de la U. Johns Hopkins, esa posición no les suena. “No nos sorprende que las compañías en Colombia, así como lo han hecho en otras partes del mundo, argumenten que mayores impuestos crearían mercados ilegales y contrabando. Estos temores están mal fundados (...) En muchos países donde los precios son más altos, se han reportado menores niveles de contrabando (...) Las evidencias sugieren que el contrabando está más relacionado con la capacidad interna de hacer valer las leyes que con los niveles de los impuestos”.

Y aunque aún no hay una propuesta sobre la mesa, en junio el Minsalud publicó un documento que podría dar pistas sobre cómo sería ese incremento: “Se propone un aumento del 57 % en el precio final del tabaco, a partir de un incremento en la tarifa del impuesto al consumo. Adicionalmente, se propone actualizar la tarifa anualmente, en un porcentaje equivalente al del crecimiento del IPC, más un 5 % adicional hasta alcanzar el precio promedio que se registra en la región”.

Su propuesta, que desde entonces levantó ampolla en la industria del tabaco, acaba de ser respaldada por uno de los institutos de investigación más importantes en salud pública: la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública, en Baltimore, EE.UU.

“Como profesores de esta facultad nos satisface escribirle para darle apoyo a su propuesta (...) El consumo de tabaco continúa siendo la causa principal de muerte dentro de las que pueden ser prevenidas, matando a seis millones de personas en el mundo y una extensa literatura científica demuestra que impuestos más altos al cigarrillo constituyen la estrategia más efectiva y de menor costo para salvar vidas”, escriben los profesores Antonio Trujillo, Joshua Sharfstein y Joanna Cohen.

En la misiva recuerdan lo que que el precio de los cigarrillos en Colombia está entre los más bajos de América Latina y es el menor entre los países de la OCDE. En precios internacionales estandarizados, una cajetilla completa vale solo US$1,8. Y triplicar su precio, dicen, podría evitar un problema severo de salud pública. “Fumar causa nueve veces más gastos en el sistema de salud que lo que Colombia recobra en impuestos actuales. Y eso significa que en Colombia los no fumadores están subvencionando el consumo de cigarrillos”, se lee en un aparte de la carta.

Sin embargo, a la industria tabacalera parecen no convencerla estos argumentos. Para ellos, la propuesta de Gaviria roza con lo irracional. Así, al menos, lo dice Jorge Cabrera, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco. “Estamos abiertos al debate sobre el impuesto, pero una medida de ese tipo requiere un incremento racional y saber cuál va a ser la gradualidad en que se implemente. Pero, sin duda, aumentarlo 400 % desestabiliza cualquier mercado”, dice.

Para él, el hecho de tener cigarrillos más caros dispararía el contrabando. “Entonces –cuenta– la gente no dejaría de fumar, sino que empezaría a fumar cigarrillos más baratos, con bajos estándares de calidad, que además les inyectan recursos a bandas mafiosas. La estrategia debería enfocarse en prevención”.

Pero a los profesores de la U. Johns Hopkins, esa posición no les suena. “No nos sorprende que las compañías en Colombia, así como lo han hecho en otras partes del mundo, argumenten que mayores impuestos crearían mercados ilegales y contrabando. Estos temores están mal fundados (...) En muchos países donde los precios son más altos, se han reportado menores niveles de contrabando (...) Las evidencias sugieren que el contrabando está más relacionado con la capacidad interna de hacer valer las leyes que con los niveles de los impuestos”.

Y aunque aún no hay una propuesta sobre la mesa, en junio el Minsalud publicó un documento que podría dar pistas sobre cómo sería ese incremento: “Se propone un aumento del 57 % en el precio final del tabaco, a partir de un incremento en la tarifa del impuesto al consumo. Adicionalmente, se propone actualizar la tarifa anualmente, en un porcentaje equivalente al del crecimiento del IPC, más un 5 % adicional hasta alcanzar el precio promedio que se registra en la región”.