Estamos fallando en Colombia: los embarazos en niñas aumentaron en 2021

Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana encontró que de los 612 mil nacimientos registrados en Colombia en 2021, el 18,2 % eran embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, es decir, más de 111 mil. De estos, 4.732 (el 4,2 %) eran niñas entre los 10 y los 14 años, un 10% más que en 2020. Según el DANE, la edad promedio del padre de estos nacimientos era de 20 años y el 6,9 % de estos embarazos fue producto de violaciones por parte de hombres de más de 30 años. (Lea Los colombianos y su histórico descuido en salud dental)

Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana encontró que de los 612 mil nacimientos registrados en Colombia en 2021, el 18,2 % eran embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, es decir, más de 111 mil. De estos, 4.732 (el 4,2 %) eran niñas entre los 10 y los 14 años, un 10% más que en 2020. Según el DANE, la edad promedio del padre de estos nacimientos era de 20 años y el 6,9 % de estos embarazos fue producto de violaciones por parte de hombres de más de 30 años. (Lea Los colombianos y su histórico descuido en salud dental)

Para Luz Karime Abadía, PhD en Economía por la Universidad del País Vasco y codirectora del LEE, “si bien en Colombia no hay un diagnóstico exacto que nos diga cuáles son las causas de este incremento, lo que sospechamos es que pudo haber sido por el confinamiento y el cierre de los colegios”. La economista apunta que “existe una alta probabilidad de que estos embarazos hayan sido debido a violaciones y agresiones sexuales que, al estar en casa, ocurren por cuenta de los mismos familiares. El hecho de que los colegios cerraran hizo que los niños estuvieran más vulnerables a este tipo de afectaciones”.

De hecho, la Unicef señaló en su momento que América Latina y el Caribe tuvieron el cierre más ininterrumpido de escuelas en el mundo, con un promedio de 153 días perdidos. Estas cifras de embarazos en menores son una radiografía de un debate que se viene dando años atrás y que sigue sin resolverse: el fracaso de la educación en clave de prevención de violencias sexuales y de las garantías de los derechos humanos de las niñas por parte del Estado. (Lea Deudas por más de $570 mil millones y otros hallazgos en la EPS Savia Salud)

Para Abadía, el problema, esencialmente, es la ausencia de una política nacional “con articulación de entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Profamilia” que fortalezca la educación sexual. Las niñas y adolescentes, añade, “no tienen información y les queda difícil saber qué hacer, cómo actuar, cómo protegerse en temas sexuales y reproductivos”.

Desde 1993 la educación sexual es obligatoria en Colombia. Según el informe de Welbin Colombia 2022, citado por el LEE, de 1.556 colegios privados y oficiales encuestados, solo en el 16 % consideraban el género y la sexualidad como la prioridad en materia de bienestar de las niñas, niños y adolescentes; solo el 15 % brindan información de acceso a anticonceptivos; el 19 % ha formado a sus docentes en los últimos dos años en prevención de embarazo; y el 70 % no ha formado a los profesores en derechos sexuales y reproductivos.

Otros inconvenientes

En marzo de este año, el gobierno de Duque emitió una directiva para que, por medio de comités de convivencia escolar se adopten medidas de prevención de la vulneración de derechos en entornos escolares. “Esos comités no son una realidad en muchos colegios, sobre todo en rurales y en comunidades de mayor vulnerabilidad, donde más pasan estos casos”, explica la abogada Mariana Sanz de Santamaria, magíster en Educación de la Universidad de Harvard y fundadora de la ONG Poderosas Colombia, enfocada en educación sexual.

Para Sanz, es complejo brindar una atención integral a sobrevivientes de violencia basada en género cuando instituciones como la Fiscalía, el ICBF, la policía de infancia y adolescencia, “tampoco están presentes en muchas comunidades”.

Como lo muestra el LEE, hay, también otra grave situación en las zonas rurales. En 2021, los embarazos en niñas de 10 a 14 años incrementaron un 11,9 % con relación al año anterior en esos territorios. Los departamentos en donde más casos hubo fueron Antioquia, Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, César y La Guajira. Es posible, dice Sanz de Santamaría que otro de los factores que han incidido en esta situación es el desabastecimiento de métodos anticonceptivos que ha habido desde la pandemia, mucho más alto en comunidades rurales.

Ivonne Wilches, psicóloga con enfoque de género e investigadora de Colombia Diversa, enfatiza en que estos embarazos dan cuenta del “triunfo del patriarcado y de la misoginia en este país. Cada niña embarazada es producto de una relación abusiva, donde hay un agresor sexual”.

Aunque Wilches coincide en que es crucial fortalecer la prevención de la violencia sexual hacia menores, más que enfocarse en las posibles víctimas y su círculo cercano, debe enfocarse en los agresores. “La prevención tiene que considerarse siempre como una transformación cultural, sobre todo de las relaciones de poder de los hombres”.

Con eso está de acuerdo Sanz de Santamaría. Para ella, hay que reenfocar la educación sexual hacia los niños y hombres. “Las niñas, las adolescentes y las mujeres no solamente tienen que aguantar que son víctimas, que las abusen, las acosen y tengan la posibilidad de quedar embarazadas, tengan la carga de anticoncepción, sino que además tengan la carga de ser ellas quienes se educan para prevenir el embarazo, o para conocer sus derechos o para prevenir la violencia”.

Tanto Wilches como Sanz de Santamaria coinciden en que este enfoque libera de responsabilidad a los hombres. “Yo estoy convencida de que ningún hombre nace siendo violento sino que aprenden a serlo y así pueden desaprender y ver otras maneras de ser hombres. Pero ese enfoque es un gran vacío, no hemos hablado lo suficiente de educación con enfoque de género para hombres y niños”, agrega la abogada.

Una de las propuestas de Poderosas Colombia es apostar por una educación con enfoque de género que incluya a los hombres no como victimarios, sino como víctimas de un sistema machista “que les ha enseñado y los ha condenado a ser violentos”.

También hay otro tema clave, que es el aborto. Por ejemplo, en los casos en los que una menor de 14 años está embarazada y los profesores, por estigma o por ignorancia, no la guían sobre su derecho a abortar. Todavía falta “despenalizar al aborto socialmente”, apunta la abogada e insiste en que lo ideal sería que ninguna niña ni ninguna adolescente tuviera que llegar a la decisión de abortar, “sino que pueda tener toda la información, todo el acceso y todos los servicios para tener una sexualidad placentera y responsable. Tenemos mucho trecho aún por trabajar como país, como entidades territoriales y como comunidades para que el aborto sea fácil”.

Organizaciones como Oriéntame han advertido las trabas que aún persisten para acceder al aborto en las zonas rurales, como la desinformación sobre este derecho incluso al interior de IPS, la falta de pedagogía, la exigencia de trámites innecesarios para las niñas y mujeres, y la violencia ginecobstétrica.

¿Cómo atender la salud mental?

De acuerdo con el informe del LEE, la violencia sexual y los embarazos en las niñas tienen consecuencias negativas a corto y largo plazo; por un lado, su salud física y mental se ve afectada, y, por otro lado, aumenta el riesgo de deserción escolar, lo que incide en la probabilidad de caer en la pobreza. Abadía apunta que la prevención no es la única clave, sino el acompañamiento psicológico a las niñas embarazadas, pues hay vacíos sobre “cuáles son las rutas para proteger su salud mental”.

Wilches explica que repararse emocionalmente de una violación y un embarazo no planeado “es muy complicado, es un daño a la salud mental de las mujeres y a su capacidad de desarrollo. Lo primero que se clausura es la adolescencia, donde la gente aprende a enamorarse, a tomar decisiones, a interactuar, donde cambia su forma de verse a sí misma”.

Lo complejo de que se “clausure” la adolescencia es que es una etapa en la que la persona se enfrenta a un proceso “que tiene que ver con quién soy, cómo soy, cómo quiero ser, cómo me muestro a los demás. Eso se desarrolla en ese momento. La socialización, la posibilidad de independizarse de la familia y empezar a tomar decisiones por sí misma en la sexualidad, además, se da todo el desarrollo de la sexualidad, la relación con el placer y con el afecto”, comenta Wilches.

Según la investigadora, a esto se suma, que los embarazos en menores son el resultado de situaciones de violencia anteriores, como maltrato infantil, por lo que “todas esas situaciones de violencia previa marcan mucho la situación de un embarazo”.

La psicóloga explica que hay que tener todo esto en cuenta al momento de atender la salud mental de las niñas, ya sea que se vuelvan mamás o que aborten. “Los traumas afectan mucho más a una persona entre más joven, pues tienen menos posibilidad de haber desarrollado mecanismos de defensa que las protejan para enfrentar conflictos, traumas, violencias, dolores emocionales”. Un tema crucial es que la niña tenga una red de apoyo, en su familia y la institución educativa, que la acompañe y no la excluya en caso de que se vuelva madre.

Los agresores y la justicia

A la hora de hablar de este asunto, hay un enorme desafío por resolver: la impunidad. En Colombia, el 97 % de los casos de violencia sexual contra niñas y niños quedan en la impunidad. Además, la situación no muestra señales de mejoría: en lo que va de 2022, la Fiscalía ha abierto más de 18 mil investigaciones por abuso sexual contra menores. De estos, el 84 % son investigaciones de casos en los que la víctima es una niña.

Wilches es clara en que también hay fallas en como está pensada la normativa. “Se dan golpes de pecho con la cadena perpetua para violadores, pero no sirve porque no se aplica y porque no resuelve el problema, que es lograr una transformación cultural y un fortalecimiento de los derechos de las niñas”.

Para Sanz de Santamaría la solución tampoco es que haya más penas, sino que se fortalezca la prevención y atención en educación de derechos sexuales en los colegios. Las expertas señalan que así como la prevención debe tener un enfoque en los potenciales agresores, también se debe pensar en un acompañamiento cuando ya han perpetrado las violencias sexuales.

Aunque en Colombia no hay tanta bibliografía ni proyectos en torno a la salud mental de los agresores “porque todo se centra en las víctimas”, dice Wilches, “este país sí tiene una deuda grande con las mujeres y es ese trabajo con los hombres, con la idea de que son dueños de las mujeres y de que las niñas son objeto de satisfacción de deseo”.

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