Estas son las barreras en el acceso a la salud para personas LGBTIQ

“Una vez en Cúcuta me iban a atender, pero el médico era transfóbico. Yo misma me mediqué”, dijo una de las personas que participó en la reciente investigación de esta organización. Otra señaló “no me quisieron atender por ser travesti”. Como estos, son reiterativos los testimonios de personas LGBTIQ que denuncian las prácticas discriminatorias y violentas que vivieron cuando accedieron a distintos servicios de salud en Colombia.

En el país, según diversas sentencias de la Corte Constitucional, las personas con identidades sexuales y de género disidentes son sujetos de especial protección respecto al acceso a la salud. Sin embargo, pese a este reconocimiento, dicha población sigue enfrentando diversas barreras que les impide gozar de ese derecho de manera oportuna, igualitaria y segura. Conscientes de esta realidad, la ONG Temblores investigó cuáles son esas barreras, sus consecuencias y las posibles soluciones para superar los obstáculos.

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Para elaborar el documento, esta organización realizó un sondeo a 50 personas de Bogotá, Cali y Medellín con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes entre los 19 y los 64 años de edad. Como lo reconoce la ONG, se trató de un ejercicio de carácter cualitativo por lo que no arroja unos resultados estadísticamente significativos: “los testimonios y respuestas de las personas que participaron en nuestros instrumentos indican que las experiencias de salud de las personas cishétero disidentes no suelen ser saludables; por el contrario, tienden a generar ansiedad, temor, indignación y, en general, la sensación de ser ciudadanes de segunda categoría”.

Del total de personas que respondieron el sondeo, el 78% señaló que para la población con sexualidades y géneros disidentes “es difícil encontrar espacios seguros en el acceso a la salud”, mientras que un 44% manifestó haber vivido una experiencia médica incómoda. Las principales formas de violencia identificadas fueron: juicios sobre la sexualidad, negación de la atención y violencia o discriminación por identidad de género o transfobia, y violencia verbal. Además, los participantes también señalaron que en los espacios médicos les fueron realizadas preguntas innecesarias en torno al género o sexualidad, así como les fueron negados sus nombres o pronombres identitarios, entre otras agresiones.

Sin embargo, según el informe, no todas las identidades de género son agredidas de las mismas maneras ni en la misma proporción. Según Cam López, coordinador general de la investigación, “nos dimos cuenta que para una persona trans los escenarios de violencia y de incomodidad en el sistema y espacios de salud son más y se pueden dar en distintos lugares. Mientras que, según los datos que recogimos, para los hombres gay no parece haber una alta posibilidad de tener una experiencia incómoda o violenta como sí lo es para una persona transmasculina o una persona no binaria”.

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A pesar de lo anterior, el 50% de las personas que participaron en los sondeos manifestaron que han evitado atender necesidades de salud por miedo a ser violentadas. Esto significa que, sin importar si la persona ha vivido o no una experiencia violenta o incómoda, el miedo a ser discriminadas o agredidas es latente en esta población. Según el informe, esto demuestra una desconfianza institucional muy alta en los sistemas de salud , además de “generar un ciclo de inaccesibilidad, inseguridad y salud precaria en la población, lo cual acrecienta cada vez más la inaccesibilidad de las personas cisheterodisidentes al derecho a la salud”.

¿Qué hacer para superar esas barreras?

Para López no existe una fórmula mágica que permita solucionar todos los problemas que enfrenta la población LGBTIQ respecto al acceso a la salud: “No es una solución general, sino que hay que ver las necesidades de los diversos actores del sistema de salud y atenderlas de la manera más adecuada”. Sin embargo, sí señala que hace falta mayor comunicación entre esos actores, al igual que voluntad para solucionar las falencias.

Por ejemplo, el informe advierte que, pese a que existen las investigaciones y las líneas técnicas y de acción que permitan subsanar las barreras, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) aún no satisface las necesidades de esta población así como no garantiza el acceso igualitario, oportuno y seguro a los servicios de este tipo.

Por su parte, Miguel Rueda, doctor en psicología de la universidad de Los Andes y experto en el desarrollo de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y que participó en la investigación, agrega que es necesario replantearse la concepción que en la medicina se tiene del cuerpo humano: “La formación en salud está muy arraigada a lo que biológicamente estamos acostumbrados a entender y eso es lógico. Pero no porque un cuerpo nazca de determinada manera va a seguir así para siempre”.

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Rueda apunta a que este cambio se puede empezar a dar desde las universidades pero reconoce que los profesionales de la salud que ya están en ejercicio “tienen la responsabilidad de actualizarse permanentemente con los nuevos conocimientos y las nuevas alternativas que se plantean sobre todo con respecto a este tema”, y que deberían existir cursos o diplomados obligatorios para todos los actores implicados en la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, más allá de las medidas estructurales y de largo plazo que se deben adoptar, López y Rueda consideran que hay cambios individuales y de fácil implementación que también tendrían un gran impacto. " Hay cosas tan sencillas como usar el nombre identitario de una persona o usar los pronombres adecuados”, opina el primero, mientras que el segundo advierte que se trata de “tener la mente abierta”.

“Un profesional en medicina, enfermería, sicología u odontología, lo primero que tiene que hacer es oír lo que le está contando el paciente. Segundo, debe liberarse de sus prejuicios con respecto al deber ser. Por último, debe ofrecerle información verídica y libre de prejuicios acerca de los tratamientos a los que una persona de esta población puede acceder entendiendo que procedimientos específicos en su proceso de salud y en su proceso de vida”, explica Rueda.

“Una vez en Cúcuta me iban a atender, pero el médico era transfóbico. Yo misma me mediqué”, dijo una de las personas que participó en la reciente investigación de esta organización. Otra señaló “no me quisieron atender por ser travesti”. Como estos, son reiterativos los testimonios de personas LGBTIQ que denuncian las prácticas discriminatorias y violentas que vivieron cuando accedieron a distintos servicios de salud en Colombia.

En el país, según diversas sentencias de la Corte Constitucional, las personas con identidades sexuales y de género disidentes son sujetos de especial protección respecto al acceso a la salud. Sin embargo, pese a este reconocimiento, dicha población sigue enfrentando diversas barreras que les impide gozar de ese derecho de manera oportuna, igualitaria y segura. Conscientes de esta realidad, la ONG Temblores investigó cuáles son esas barreras, sus consecuencias y las posibles soluciones para superar los obstáculos.

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Para elaborar el documento, esta organización realizó un sondeo a 50 personas de Bogotá, Cali y Medellín con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes entre los 19 y los 64 años de edad. Como lo reconoce la ONG, se trató de un ejercicio de carácter cualitativo por lo que no arroja unos resultados estadísticamente significativos: “los testimonios y respuestas de las personas que participaron en nuestros instrumentos indican que las experiencias de salud de las personas cishétero disidentes no suelen ser saludables; por el contrario, tienden a generar ansiedad, temor, indignación y, en general, la sensación de ser ciudadanes de segunda categoría”.

Del total de personas que respondieron el sondeo, el 78% señaló que para la población con sexualidades y géneros disidentes “es difícil encontrar espacios seguros en el acceso a la salud”, mientras que un 44% manifestó haber vivido una experiencia médica incómoda. Las principales formas de violencia identificadas fueron: juicios sobre la sexualidad, negación de la atención y violencia o discriminación por identidad de género o transfobia, y violencia verbal. Además, los participantes también señalaron que en los espacios médicos les fueron realizadas preguntas innecesarias en torno al género o sexualidad, así como les fueron negados sus nombres o pronombres identitarios, entre otras agresiones.

Sin embargo, según el informe, no todas las identidades de género son agredidas de las mismas maneras ni en la misma proporción. Según Cam López, coordinador general de la investigación, “nos dimos cuenta que para una persona trans los escenarios de violencia y de incomodidad en el sistema y espacios de salud son más y se pueden dar en distintos lugares. Mientras que, según los datos que recogimos, para los hombres gay no parece haber una alta posibilidad de tener una experiencia incómoda o violenta como sí lo es para una persona transmasculina o una persona no binaria”.

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A pesar de lo anterior, el 50% de las personas que participaron en los sondeos manifestaron que han evitado atender necesidades de salud por miedo a ser violentadas. Esto significa que, sin importar si la persona ha vivido o no una experiencia violenta o incómoda, el miedo a ser discriminadas o agredidas es latente en esta población. Según el informe, esto demuestra una desconfianza institucional muy alta en los sistemas de salud , además de “generar un ciclo de inaccesibilidad, inseguridad y salud precaria en la población, lo cual acrecienta cada vez más la inaccesibilidad de las personas cisheterodisidentes al derecho a la salud”.

¿Qué hacer para superar esas barreras?

Para López no existe una fórmula mágica que permita solucionar todos los problemas que enfrenta la población LGBTIQ respecto al acceso a la salud: “No es una solución general, sino que hay que ver las necesidades de los diversos actores del sistema de salud y atenderlas de la manera más adecuada”. Sin embargo, sí señala que hace falta mayor comunicación entre esos actores, al igual que voluntad para solucionar las falencias.

Por ejemplo, el informe advierte que, pese a que existen las investigaciones y las líneas técnicas y de acción que permitan subsanar las barreras, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) aún no satisface las necesidades de esta población así como no garantiza el acceso igualitario, oportuno y seguro a los servicios de este tipo.

Por su parte, Miguel Rueda, doctor en psicología de la universidad de Los Andes y experto en el desarrollo de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y que participó en la investigación, agrega que es necesario replantearse la concepción que en la medicina se tiene del cuerpo humano: “La formación en salud está muy arraigada a lo que biológicamente estamos acostumbrados a entender y eso es lógico. Pero no porque un cuerpo nazca de determinada manera va a seguir así para siempre”.

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Rueda apunta a que este cambio se puede empezar a dar desde las universidades pero reconoce que los profesionales de la salud que ya están en ejercicio “tienen la responsabilidad de actualizarse permanentemente con los nuevos conocimientos y las nuevas alternativas que se plantean sobre todo con respecto a este tema”, y que deberían existir cursos o diplomados obligatorios para todos los actores implicados en la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, más allá de las medidas estructurales y de largo plazo que se deben adoptar, López y Rueda consideran que hay cambios individuales y de fácil implementación que también tendrían un gran impacto. " Hay cosas tan sencillas como usar el nombre identitario de una persona o usar los pronombres adecuados”, opina el primero, mientras que el segundo advierte que se trata de “tener la mente abierta”.

“Un profesional en medicina, enfermería, sicología u odontología, lo primero que tiene que hacer es oír lo que le está contando el paciente. Segundo, debe liberarse de sus prejuicios con respecto al deber ser. Por último, debe ofrecerle información verídica y libre de prejuicios acerca de los tratamientos a los que una persona de esta población puede acceder entendiendo que procedimientos específicos en su proceso de salud y en su proceso de vida”, explica Rueda.