Alrededor de 20 exfuncionarios del sistema de salud reaccionaron a través de dos comunicaciones a la presentación de la nueva reforma a la salud que radicó el Gobierno este viernes. Entre los firmantes, se encuentran Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán y Jaime Arias, entre otros.
“A pesar de la actualización presentada, los cambios en el proyecto no son sustanciales y siguen sin abordar aspectos críticos para garantizar la sostenibilidad y equidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud para millones de colombianos”, se puede leer en uno de los documentos. Los exfuncionarios critican que “no se ha presentado un plan claro para la implementación de la reforma que considere metas, tiempos y recursos necesarios”.
Además, agregan, la propuesta “no ofrece suficientes garantías para preservar los avances obtenidos en el acceso y protección de la salud” y “no aborda de manera efectiva la crisis financiera estructural del sistema”. En la opinión de estos exfuncionarios, “los artículos de transición carecen de una ruta clara que garantice la protección de los usuarios frente a posibles incrementos en las barreras de acceso a los servicios”.
“A pesar de la coincidencia en temas como el fortalecimiento de la atención primaria y la mejora en la distribución del talento humano en salud, persisten preocupaciones profundas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo”, finalizan en su comunicación. El pasado 12 de septiembre los exfuncionarios enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ampliando esas críticas.
¿Qué dice la carta?
En la carta, fechada del 12 de septiembre, los exfuncionarios agradecen primero una reunión que mantuvieron con el Ministerio de Salud el pasado 5 de septiembre. Líneas después, sin embargo, comienzan las críticas. “(....) entendemos que en esta ocasión ha habido más consultas con diversos actores del sistema de salud, pero lamentamos que estas sean segmentadas y exista una negativa por parte de ministerio a su cargo para que los posibles cambios a nuestro sistema de salud se discutan en una mesa técnica amplia, con participación de todos los agentes del sector”, escriben. .
En la carta, los firmantes mencionan en especial dos puntos que, para ellos, “ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y con ello el goce efectivo del derecho fundamental a la salud para 50 millones de colombianos y, de paso, la imagen del gobierno, que tanto ha insistido en una reforma que podría resultar un fiasco político y un desastre humanitario”.
Titulan el primer punto como “Preservar el seguro de salud”. Aquí enfatizan en la importancia de preservar el seguro de salud como parte del derecho a la seguridad social que tienen los colombianos, según lo establece la Constitución. Este seguro de salud no puede ser algo “abstracto, etéreo y confuso”, como, dicen, parece propuesto en el nuevo proyecto de ley, “en donde nadie responde por nada”. Defienden que cada ciudadano debe contar con un agente claro y responsable que garantice la adecuada gestión de sus riesgos de salud y asegure el acceso a los beneficios que concretan su derecho a la salud.
Los exministros, viceministros y otros estudiosos del sistema que firman, son claros en que esa es su diferencia de fondo con el proyecto del gobierno: “la gestión integral para satisfacer el derecho individual al seguro de salud se debe proteger y no puede dispersarse en una maraña de entidades que son fuente de ineficiencias”. Para los firmantes, el proyecto “desaparece la protección individual del seguro de salud para reemplazarla por un sistema nacional de salud en el cual las responsabilidades ante el ciudadano se diluyen”.
Por ejemplo, los firmantes de la carta creen que funciones como la afiliación, la conformación de la red, la contratación, la referencia y la contrarreferencia, “deben contar con ese agente único responsable e identificable que responda por el uso eficiente de los recursos y asegure los mejores resultados en salud para usuarios y pacientes”. Justamente, esas funciones aparecen en el proyecto a cargo de las Gestoras de Vida y Salud (hoy EPS), pero en coordinación con otras entidades como las secretarías de salud.
Precisamente, critican los exfuncionarios, “la interacción planteada en el proyecto de reforma del gobierno nacional entre los CAP, las Gestoras, la red de prestación, el ente territorial y la ADRES carece de un responsable único, no es clara y genera profunda preocupación para usuarios y pacientes porque tiene grandes riesgos de fragmentación y pérdida de continuidad en su atención”. Esta también ha sido una crítica de gremios como ACEMI, que desean que las EPS en el futuro conserven responsabilidades como la conformación de una red de servicios.
El segundo punto que se toca en la carta se titula “Financiación suficiente y sostenible del sistema de salud”. En este aparte, los firmantes señalan que “las discusiones sobre la reforma al sistema de salud no pueden convertirse en un distractor que impida la solución de la desfinanciación que presenta el sector, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno nacional a pesar de las múltiples advertencias de organizaciones académicas, de centros de pensamiento y de asociaciones de usuarios y pacientes”.
“Un proyecto serio de reforma debe corregir la desfinanciación que existe en la UPC, reconocer las desviaciones epidemiológicas o asimetrías de riesgo en su distribución y asegurar nuevas fuentes de recursos para los nuevos propósitos”, piden. Recuerdan algunas cifras que han surgido como parte del debate en las últimas semanas, por ejemplo, el incremento en un 42% de las tutelas en el sistema, al comparar el primer cuatrimestre del 2024 con el mismo período de 2023. “A la fecha, y de conformidad con el ritmo de gasto al mes de junio, se requerirá una incorporación adicional mínima de $2,5 billones para garantizar el giro de UPC que se encuentra planeado, aunque no soluciona su insuficiencia”, agregan.
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