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A finales de noviembre de 2023, el Ministerio de Salud dio a conocer un proyecto de resolución que busca modificar en puntos clave la prestación del Servicio Social Obligatorio (SSO). Esto es un mecanismo creado por la Ley 1164 de 2007 para que los egresados de los programas de educación superior del área de la salud presten un servicio de salud en poblaciones deprimidas, urbanas o rurales, o de difícil acceso por un término no inferior a seis meses, ni superior a un año. A pesar de que dicho proyecto ya no aparece en los proyectos de resolución del Ministerio ni se ha conocido más sobre él a través de canales oficiales, el tema resurgió debido a una carta que Ascofame (la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina) envió al Minsalud.
Para introducir el tema, es importante primero mencionar los cambios que proponía ese borrador de resolución. El documento parte de una definición sobre el carácter social del servicio obligatorio: “(...) constituye una carga impuesta a los profesionales del área de la salud, derivada del principio de solidaridad y justificada a partir de propósitos constitucionalmente legítimos que se cifran en la obtención de beneficios para el sistema de salud, llevando servicios sanitarios a sectores que enfrentan dificultades de acceso al mismo, y reconfigurando la distribución geográfica de los profesionales en el área de la salud”. De acuerdo a eso, decía el Ministerio, se hacía necesario incentivar la prestación de ese servicio social.
Y para eso último, se buscaba modificar varios artículos. En detalle, se planteaban varios cambios. Por ejemplo, en cuanto a la duración del servicio, el borrador proponía que fuera de seis meses en las poblaciones deprimidas, urbanas o rurales o de difícil acceso a los servicios de salud y de un año en los demás casos. Pero quizá el cambio más clave tenía que ver con la eliminación, en la práctica, de la exoneración del servicio social. Lo que sucede hoy (según el artículo 39 de la 774) es que “los profesionales inscritos en el proceso de asignación, que no resulten con plaza asignada, se entenderán exonerados del Servicio Social Obligatorio”. Esto es así porque casi nunca hay tantas plazas como estudiantes postulados.
El borrador proponía cambiar eso, por lo siguiente: “Los profesionales inscritos en el proceso de asignación, que no resulten con plaza asignada, deberán inscribirse en los procesos de asignación siguientes hasta que les sea asignada la plaza para cumplir con el servicio social obligatorio”. El Ministerio, decía el documento, tendría que brindar la información “necesaria para incentivar la creación de más plazas para la prestación del servicio social obligatorio”. Solo podrían ser exonerados aquellos que ya hubiesen cumplido su servicio social en otra profesión o área de la salud. Además de quienes hubiesen cumplido el servicio militar obligatorio o “los nacionales o extranjeros que acrediten la imposibilidad de su prestación, incluso durante el curso de este, por enfermedad catastrófica, por caso fortuito, fuerza mayor”, lo cual tendrían que comprobar.
El asunto con estos cambios propuestos, según Ascofame, es que, lejos de su objetivo, podrían representar varios problemas. En una carta que la Asociación envió al Ministerio de Salud el 28 de febrero, las facultades de medicina critican varias cosas. En lo que tiene que ver con la reducción del tiempo de servicio social de un año a seis meses para quienes lo cumplan en las “poblaciones deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso”, Ascofame señala que “puede resultar incoherente y en contravía con los objetivos de mejorar la continuidad de la atención en salud, uno de los elementos clave para la implementación de la estrategia de APS, configurar equipos de salud y aumentar la capacidad resolutiva en el primer nivel de tención”.
Según la asociación, los procesos de vinculación, inducción y adaptación de los profesionales a las instituciones donde cumplirán el servicio social toman un tiempo, al igual que la comprensión del contexto y las características de las poblaciones de cada territorio, “por lo cual hacer cambios en los equipos de salud cada seis meses resulta contraproducente para la implementación y consolidación de un modelo de atención preventivo y prospectivo, más para unas poblaciones y territorios donde se requiere una mayor conexión entre los equipos de salud y las comunidades”, se puede leer en su carta.
En contraste, proponen que las plazas de servicio social en esas poblaciones deberían establecer incentivos como, agregan, salarios y prestaciones acordes con el costo de vida del territorio; primas asociadas a las dificultades de acceso o condiciones climáticas; auxilio de transporte, vivienda o alimentación; reducción de parte de las deudas u obligaciones que tenga el profesional con entidades oficiales como el Icetex; entre otras. “De esta forma, incluso se puede lograr que parte de los profesionales tomen la decisión de quedarse voluntariamente por un tiempo mayor al del SSO”.
Ascofame reitera en este punto que es “necesario mejorar las condiciones de seguridad de los profesionales que van a cumplir el SSO y garantizar en las instituciones y servicio de salud las tecnologías, insumos y condiciones laborales básicas para el ejercicio profesional resolutivo, humanizado y de calidad”.
Respecto a la eliminación de la exoneración, las facultades de medicina consideran necesario, primero, “que el Gobierno Nacional garantice un número de plazas igual o mayor al número de egresados de cada una de las profesiones que deben cumplir con el SSO, para cada uno de los procesos de asignación de plazas”. La razón, dicen, es sencilla: “si no hay un número de plazas suficiente, siempre habrá un número de profesionales a quienes se le aplazará de manera indefinida su registro en el ReTHUS y, por ende, la autorización para ejercer su profesión”. Es decir, con la eliminación de la exoneración, los estudiantes que no presten servicio social por falta de plazas no podrían tener su tarjeta profesional y, por ende, no podrían ejercer su profesión. (Puede ver: Los trasplantes de órganos aumentaron un 17 % durante 2023)
“Se genera una situación de incertidumbre totalmente injusta para unos jóvenes profesionales que han pasado seis años o más formándose, con la expectativa de ejercer su profesión con autonomía y compromiso”, se puede leer en la carta de Ascofame. Esto es problemático porque, según las cifras de la Asociación, el número de médicos que cada año se titulan en las 63 facultades de medicina viene creciendo de manera sostenida. Mientras en 2016 fue de 5,246 médicos graduados, en 2022 fue de 6,903.
“De no garantizar un número suficiente de plazas de SSO, el país irá acumulando un número creciente de profesionales formados, obligados a permanecer inactivos, lo cual también puede tener efectos negativos en el desarrollo de sus competencias y capacidades, incluso afectado su salud mental al no tener más remedio que esperar en un estado de total incertidumbre. Sería una pérdida lamentable e injustificada de capital humano que requiere el país con prioridad”. Ascofame recuerda que muchos jóvenes estudian profesiones de la salud con “grandes esfuerzos financieros”. “Una gran parte de ellos adquiere deudas millonarias, en el mejor de los casos con entidades como el Icetex, por lo cual es imperativo para ellos iniciar su ejercicio profesional y laboral remunerado sin mayores dilaciones, para pagar oportunamente las deudas”.
El gremio le solicita al Minsalud que antes de aprobar el proyecto de resolución “se publique el número de plazas por profesión disponibles en el país, frente al número de egresados de cada profesión, de tal forma que se garantice que los profesionales recién egresados no van a estar sometidos a esperas injustificadas para iniciar su actividad profesional y laboral”. Para garantizar el número suficiente de plazas, particularmente en los territorios y poblaciones priorizadas, Ascofame propone que se cree un mecanismo normativo que “obligue” a crear las plazas y/o un mecanismo de financiación que asegure los recursos para la apertura y mantenimiento de dichas plazas. La carta está firmada por Álvaro Enrique Romero Tapia, Presidente de la Junta Directiva de Ascofame, y Luis Carlos Ortiz Monsalve, director ejecutivo del organismo. El Minsalud no ha hecho más referencias a ese proyecto de borrador, que todavía no está en firme.
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