Facultades de psicología se oponen a la ley que crearía consultorios comunitarios

La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi), en representación de 93 Instituciones de Educación de Colombia que tienen programas de Psicología, presentaron un comunicado con sus objeciones frente al proyecto de ley que crearía consultorios psicológicos comunitarios. La gravedad, según ellos, está en que le trasladaría a los estudiantes responsabilidades que no estarían todavía en capacidad de hacer.

Se trata del proyecto 271 de 2022 presentado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que, según Ascofapsi, tiene “importantes limitaciones”. En primer lugar, la normativa propondría brindar atención psicológica a través de estudiantes en proceso de formación, quienes, según el comunicado de las IES, “no han alcanzado las competencias requeridas para intervenir en problemáticas profundas y de alta complejidad”, lo que pondría en riesgo la salud mental de los consultantes, al mismo tiempo que la de los jóvenes en formación.

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Además, en palabras de la asociación, el proyecto no tuvo en cuenta normativas ya existentes como la Ley 1448 de 2011 que hace referencia a asistencia en salud y acción sin daño, la Ley 1616 de 2013 que concibe la salud mental como un derecho fundamental, y la Ley 1090 que reglamenta la Psicología y su Código Deontológico y Bioético. También hicieron referencia a las directrices para el desarrollo de prácticas formativas “en el marco de la delegación progresiva de funciones consignadas en el Decreto 780 de 2016 (actualizado en 2023)”.

Con todo esto en cuenta, según la asociación, “el proyecto atribuye a las Instituciones de Educación Superior misiones que no les competen y que pueden entrar en conflicto. La salud, específicamente la mental, es un derecho fundamental que va más allá de una disciplina y es responsabilidad del Estado su protección y fomento”. Es por ello que, en sus palabras, la responsabilidad no puede ser trasladada a los estudiantes en formación y delegar el total financiamiento a las entidades educativas.

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Como último argumento, Ascofapsi dice que el proyecto desconoce otros espacios posibles para la promoción de la salud mental, pues enfoca a la psicología en solo una de sus ramas profesionales: la intervención. “Con base en lo señalado, consideramos necesario que se revisen las implicaciones de la propuesta hecha y se considere la posibilidad de retirar el proyecto de Ley 2071 de 2022″, finaliza el comunicado.

La asociación también reiteró que, en un comunicado del Ministerio de Educación, se recomendó que no se continuara con el trámite del proyecto de ley con argumentos similares.

Algunas de las universidades que componen a Ascofapsi son la Universidad Javeriana, Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura y Universidad Cooperativa de Colombia.

La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi), en representación de 93 Instituciones de Educación de Colombia que tienen programas de Psicología, presentaron un comunicado con sus objeciones frente al proyecto de ley que crearía consultorios psicológicos comunitarios. La gravedad, según ellos, está en que le trasladaría a los estudiantes responsabilidades que no estarían todavía en capacidad de hacer.

Se trata del proyecto 271 de 2022 presentado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que, según Ascofapsi, tiene “importantes limitaciones”. En primer lugar, la normativa propondría brindar atención psicológica a través de estudiantes en proceso de formación, quienes, según el comunicado de las IES, “no han alcanzado las competencias requeridas para intervenir en problemáticas profundas y de alta complejidad”, lo que pondría en riesgo la salud mental de los consultantes, al mismo tiempo que la de los jóvenes en formación.

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Además, en palabras de la asociación, el proyecto no tuvo en cuenta normativas ya existentes como la Ley 1448 de 2011 que hace referencia a asistencia en salud y acción sin daño, la Ley 1616 de 2013 que concibe la salud mental como un derecho fundamental, y la Ley 1090 que reglamenta la Psicología y su Código Deontológico y Bioético. También hicieron referencia a las directrices para el desarrollo de prácticas formativas “en el marco de la delegación progresiva de funciones consignadas en el Decreto 780 de 2016 (actualizado en 2023)”.

Con todo esto en cuenta, según la asociación, “el proyecto atribuye a las Instituciones de Educación Superior misiones que no les competen y que pueden entrar en conflicto. La salud, específicamente la mental, es un derecho fundamental que va más allá de una disciplina y es responsabilidad del Estado su protección y fomento”. Es por ello que, en sus palabras, la responsabilidad no puede ser trasladada a los estudiantes en formación y delegar el total financiamiento a las entidades educativas.

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Como último argumento, Ascofapsi dice que el proyecto desconoce otros espacios posibles para la promoción de la salud mental, pues enfoca a la psicología en solo una de sus ramas profesionales: la intervención. “Con base en lo señalado, consideramos necesario que se revisen las implicaciones de la propuesta hecha y se considere la posibilidad de retirar el proyecto de Ley 2071 de 2022″, finaliza el comunicado.

La asociación también reiteró que, en un comunicado del Ministerio de Educación, se recomendó que no se continuara con el trámite del proyecto de ley con argumentos similares.

Algunas de las universidades que componen a Ascofapsi son la Universidad Javeriana, Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura y Universidad Cooperativa de Colombia.