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En una carta fechada del pasado 5 de octubre, pero que apenas se conoce este lunes, La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) le pide al presidente Gustavo Petro “la preservación de la ley 91 de 1989, el Fomag y el régimen excepcional de salud y prestacional del magisterio, contenido en dicha legislación”.
Los docentes tienen una “caja” en la que se reúnen todos sus aportes, denominada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (o Fomag). Ese fondo es dirigido por un consejo de cinco personas: tres son del gobierno (ministerios de Hacienda, Educación y Trabajo) y las otras dos son de Fecode. (Puede ver: Bogotá y Sinovac, listas para arrancar con las vacunas. El balón está en manos de Petro)
Para dimensionar de qué estamos hablando cuando se trata del Fomag, basta mencionar que entre afiliados, beneficiarios de salud, pensión y cesantías, tienen una población que supera las 800.000 personas. Eso implica recursos de entre $14 y $14.5 billones de pesos. Solo en el área de pensionados, por ejemplo, el último informe de gestión del fondo (vigencia 2022), describe que al corte del 31 de diciembre de ese año, había 233.211 pensionados que dependen de la estabilidad de dicha entidad.
Pero el Fomag no hace las funciones de un hospital, cuando se trata de prestar los servicios de salud, ni es la entidad encargada, precisamente, de consignarle a los pensionados. Esas funciones de administración de la plata están a cargo de la fiduciaria La Previsora S.A., una empresa adscrita al Ministerio de Hacienda y sobre la cual el Estado tiene el 99,9% de las acciones. Lo que sucede en la práctica es que el Fomag contrata a esta fiduciaria para que maneje los recursos de salud, pensión y cesantías.
Eso implica, en el área de la salud, que la Fiduprevisora es la encargada de asegurar que los maestros accedan a los servicios. ¿Cómo lo hace? A través de otro contrato. Con las directrices del Fomag, la Fiduprevisora organiza unas licitaciones para contratar los servicios de salud para los maestros y sus familias.
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Justamente, la carta de este lunes se conoce en medio de uno de esos procesos de licitación pública. Fecode pide que el cronograma de esa invitación a la contratación se mantenga y finalice, como está acordado, el próximo 31 de octubre, para que después se dé inicio a la prestación del servicio en las 10 regiones. Hay que entender que en el modelo de salud del magisterio, el país está dividido en diez regiones.
Esos espacios pueden incluir zonas de varios departamentos. El Valle del Cauca y el Cauca, por ejemplo, están unidos en una región, Huila y Tolima en otra, Antioquia y Chocó en otra más. El objetivo de esto fue territorializar la salud, el concepto que Petro quiere que sea uno de los centros de su reforma. Fecode exige que no haya más prorrogas a los contratos actuales con los que se presta el servicio de salud.
El costo del proceso de contratación actual asciende, según Fecode, a unos $13 billones. “De interrumpirse el proceso, quedaría lesionada la confianza legítima y burlado el Estado Social del Derecho, quebrantándose el debido proceso y el servicio médico-asistencial y prestacional del magisterio, en veremos”. Actualmente, el proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso no modifica ni elimina este régimen.