¿Fin a las prebendas de la industria farmacéutica?

Dentro de unos veinte días el mundo conocerá la versión en español de un libro que desde su lanzamiento en agosto de 2013 no ha dejado de causar controversia. Sólo su nombre, de hecho, genera gran polémica: Medicinas que matan y un crimen organizado. Cómo la industria farmacéutica ha corrompido el sistema de salud. Quien aborda con tal tesón este espinoso tema es Peter Gøtzsche.

Su nombre para algunos no necesita presentación: es cofundador de la Colaboración Cochrane, una organización sin ánimo de lucro con más de 11.500 voluntarios, que promueve la conocida “medicina basada en la evidencia”, lema con el cual incentiva las estadísticas y las matemáticas combinadas con el conocimiento científico para dilucidar la verdad en esa profesión. ¿Qué funciona en realidad? ¿Qué es mito? ¿Qué es falso?

En su texto, Gøtzsche, tan criticado como admirado en todo el planeta, no hace otra cosa que tratar de resolver el viejo debate que en Colombia ha vuelto a cobrar vigencia: ¿qué tan éticas son las relaciones entre la industria farmacéutica y los actores de la salud? “Nos muestra muy bien cómo compra médicos, académicos, revistas científicas, reguladores y políticos”, escribe en el prólogo Richard Smith, editor del British Medical Journal por más de diez años. “La gestión de los conflictos de interés debe mejorar”.

La discusión hoy ha vuelto a tomar impulso en nuestro país por una iniciativa que se cocina en el Ministerio de Salud. Su propósito no es otro que hacer más transparente el trato entre las farmacéuticas y los distintos agentes del sector, desde médicos hasta asociaciones de pacientes.

El decreto quiere, entre otras cosas, ponerles tatequieto a las dádivas y prebendas que ofrecen algunos laboratorios a doctores a cambio de que formulen sus productos. Pagos en especie o monetarios, regalos, viajes, honorarios, contribuciones, donaciones o desembolsos por asesorías serían sólo algunas de las transacciones que tendrían que registrarse.

¿La razón? “Las transferencias de valor de la industria farmacéutica a los agentes del sector salud tienen el potencial de distorsionar las decisiones sobre la prescripción, de un modo que se afecte el uso óptimo de los medicamentos y otros servicios, llevando incluso a decisiones que pueden impactar el bienestar de los pacientes”, se lee en el documento.

“El hecho de que haya que proponer una legislación de esta naturaleza es la muestra más clara de que hay conductas inapropiadas que estimulan el uso de productos costosos. En algunas ocasiones las decisiones médicas están guiadas más por presiones comerciales que por asuntos de ciencia. Esta medida es tibia. Una decisión médica sólo debe estar basada en evidencia científica”, dice Francisco Rossi, director de la Fundación Ifarma.

Y aunque este es apenas un borrador que no ha sido consultado con los diferentes actores del sistema y que deberá seguir un camino pedregoso, demuestra una clara intención de regular el tema, como el país lo viene pidiendo desde 2011. La Ley 1438 lo advirtió: “queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas a trabajadores de las entidades del sistema sean estas en dinero o en especie”.

Pero nadie se había encargado de regular esa norma. Hasta ahora.

Menos secretos, más transparencia

Si bien es cierto que el borrador del decreto es sólo el inicio de una ruta que hace falta definir, ya genera bastantes reacciones.

Alberto Bravo, director de Asinfar, organización que agrupa a la industria farmacéutica colombiana, aseguró que al verlo “se reunió de inmediato con una vocera del ministerio, quien le dijo que ‘el documento es una suma de errores. Que no había autorización alguna de publicación y que ese espurio proyecto no representa la posición del ministerio’. Más allá de eso —continúa Bravo— nosotros hemos alentado a que esas relaciones sean transparentes porque sabemos que hay prácticas muy censurables. Pero tal y como está planteado el asunto es una cosa extrema que haría inviable una práctica legítima: presentarle los productos al médico para que él los conozca”.

Sin embargo, Fernando Ruiz, viceministro de Salud, le aseguró a este diario que, aunque es un documento preliminar, sujeto a toda clase de comentarios y para el cual se deberán hacer reuniones con varios actores, hasta ahora es una posición puramente de gobierno.

“Es un tema muy complejo pero necesario —dice Ruiz—. El ministerio no tiene la intención de restringir toda transacción, porque eso falta a la realidad. Es claro que tiene que haber una interacción entre industria y médico. Pero que un doctor reciba un pago por formular un fármaco no puede ser legal. Ya hay normas que apuntan a la misma dirección” (ver parte superior).

Según Ruiz, en principio, la regulación giraría en torno a tres ámbitos. El primero de ellos, concerniente a la autonomía médica. “En la ley estatutaria (aprobada por la Corte Constitucional hace un par de meses) se prevé un mecanismo de autorregulación. Son los médicos quienes deberían autorregularse en ese tema de dádivas”. El segundo enfoque iría dirigido a los límites que puede tener esa autonomía médica. “No puede ser —explica el viceministro— sólo un asunto de ética y autorregulación. Tiene que haber un marco legal”.

“El tercer punto —continúa— tiene que ver con que las transacciones sean más transparentes. Y en ese ámbito se inscribe esta resolución. Queremos que la industria farmacéutica aporte información respecto a las transacciones. Porque los conflictos de intereses se resuelven, esencialmente, con información transparente. Esa es la base”.

En eso coincide Francisco de Paula Gómez, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro): “Creemos que es una buena iniciativa para que las relaciones entre profesionales e industria tengan mecanismos para asegurar la transparencia. Y aunque no conocemos de forma completa ni hemos discutido con el Gobierno el proyecto de norma, creemos que es absolutamente necesario partir de la buena fe de las personas y de su correcta intención. Ni la industria ni los profesionales de la salud pueden tratarse como delincuentes, pues no lo son. La responsabilidad de los agentes y la autorregulación, principio fundamental en esta actividad, son más productivas que tratar de poner un policía detrás de cada ciudadano”.

Pero lo cierto, como explica el doctor Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana (Observamed), es que esta resolución no debería causar ningún revuelo, pues es la vía que se sigue a nivel mundial.

“Estados Unidos y muchos países de Europa están preocupados por la influencia de la industria en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Así que tomar estas medidas no es nada extraordinario”. En EE.UU., por ejemplo, se creó el Sunshine Act en 2010, que obliga a todo médico a registrar cada aporte que le hagan desde US$20 y lo compromete incluso a anunciar cualquier tipo de financiación en algún evento.

“Van a haber voces de protesta y quienes digan que frente al tema se debe acudir a la autorregulación. Claro que antes de tomar esas medidas hay otras más esenciales que no se están cumpliendo, como la necesidad de que se publique información para prescribir medicamentos. La ley estatutaria y el Conpes de la Política Farmacéutica lo obligan, pero el Invima no lo ha hecho. Es una cosa elemental”.

‘¿Nadie aguanta un cañonazo de US$50.000?’

“En el marketing farmacéutico hay una cosa esencial: acá no estamos vendiendo medicamentos. Estamos vendiendo productos. Para eso nos entrenamos y nos enseñan hasta cómo pararnos frente a un médico. Debemos saber si tiene esposa, si es soltero, si tiene hijos, si le gusta el fútbol, los carros o el golf. Todo. Así los médicos empiezan a recetar y luego a pedir. Comienza una relación más cercana. Y vienen las comidas, los viajes, las invitaciones, los regalos, los pagos, los congresos”.

El relato es de un visitador médico que poco a poco fue escalando en esa jerarquía que maneja el marketing farmacéutico. Comenzó como visitador y terminó como gerente de un conocido laboratorio (lea mañana su relato completo). Su nombre, por razones obvias, no puede ser revelado.

Pero en su versión sólo encaja un pequeño porcentaje de los médicos colombianos. Esa fracción que recibe prebendas y ha creado, con sus actos, una mala imagen de la profesión. “Hay que aclarar que las farmacéuticas sólo trabajan con el 5% de los doctores, que son los que tienen alto potencial de prescripción. Por eso nosotros, desde la federación, nos oponemos a que se estigmatice a los médicos, cuando la gran mayoría es de una ética impecable; nos oponemos a que se publique, como se ha hecho, información tendenciosa. Hay que tener en cuenta que buena parte de los que trabajan en EPS tienen constreñida la prescripción”, asevera el doctor Óscar Andia, de Observamed.

Para evitar que se siga presentando este fenómeno, cuenta el doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina, “es saludable y bueno que los médicos tengamos claro qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que la industria no debería ofrecer. Hay una línea muy delgada en la que se debe respetar la independencia del profesional para formular. Somos humanos y se puede ceder ante la tentación de un viaje a un congreso en Europa o ante una suma importante. Como diría Juan Vicente Gómez, dictador venezolano, ‘no hay nadie que aguante un cañonazo de US$50.000’. Es cierto. Nadie lo aguantará. Por eso, no bastan una ley o un decreto. Es necesario que los profesionales y la industria se decidan a obrar bien”. 
 

ssilva@elespectador.com

@SergioSilva03 

* Vea mañana ‘Así se entrena un visitador médico’

Dentro de unos veinte días el mundo conocerá la versión en español de un libro que desde su lanzamiento en agosto de 2013 no ha dejado de causar controversia. Sólo su nombre, de hecho, genera gran polémica: Medicinas que matan y un crimen organizado. Cómo la industria farmacéutica ha corrompido el sistema de salud. Quien aborda con tal tesón este espinoso tema es Peter Gøtzsche.

Su nombre para algunos no necesita presentación: es cofundador de la Colaboración Cochrane, una organización sin ánimo de lucro con más de 11.500 voluntarios, que promueve la conocida “medicina basada en la evidencia”, lema con el cual incentiva las estadísticas y las matemáticas combinadas con el conocimiento científico para dilucidar la verdad en esa profesión. ¿Qué funciona en realidad? ¿Qué es mito? ¿Qué es falso?

En su texto, Gøtzsche, tan criticado como admirado en todo el planeta, no hace otra cosa que tratar de resolver el viejo debate que en Colombia ha vuelto a cobrar vigencia: ¿qué tan éticas son las relaciones entre la industria farmacéutica y los actores de la salud? “Nos muestra muy bien cómo compra médicos, académicos, revistas científicas, reguladores y políticos”, escribe en el prólogo Richard Smith, editor del British Medical Journal por más de diez años. “La gestión de los conflictos de interés debe mejorar”.

La discusión hoy ha vuelto a tomar impulso en nuestro país por una iniciativa que se cocina en el Ministerio de Salud. Su propósito no es otro que hacer más transparente el trato entre las farmacéuticas y los distintos agentes del sector, desde médicos hasta asociaciones de pacientes.

El decreto quiere, entre otras cosas, ponerles tatequieto a las dádivas y prebendas que ofrecen algunos laboratorios a doctores a cambio de que formulen sus productos. Pagos en especie o monetarios, regalos, viajes, honorarios, contribuciones, donaciones o desembolsos por asesorías serían sólo algunas de las transacciones que tendrían que registrarse.

¿La razón? “Las transferencias de valor de la industria farmacéutica a los agentes del sector salud tienen el potencial de distorsionar las decisiones sobre la prescripción, de un modo que se afecte el uso óptimo de los medicamentos y otros servicios, llevando incluso a decisiones que pueden impactar el bienestar de los pacientes”, se lee en el documento.

“El hecho de que haya que proponer una legislación de esta naturaleza es la muestra más clara de que hay conductas inapropiadas que estimulan el uso de productos costosos. En algunas ocasiones las decisiones médicas están guiadas más por presiones comerciales que por asuntos de ciencia. Esta medida es tibia. Una decisión médica sólo debe estar basada en evidencia científica”, dice Francisco Rossi, director de la Fundación Ifarma.

Y aunque este es apenas un borrador que no ha sido consultado con los diferentes actores del sistema y que deberá seguir un camino pedregoso, demuestra una clara intención de regular el tema, como el país lo viene pidiendo desde 2011. La Ley 1438 lo advirtió: “queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas a trabajadores de las entidades del sistema sean estas en dinero o en especie”.

Pero nadie se había encargado de regular esa norma. Hasta ahora.

Menos secretos, más transparencia

Si bien es cierto que el borrador del decreto es sólo el inicio de una ruta que hace falta definir, ya genera bastantes reacciones.

Alberto Bravo, director de Asinfar, organización que agrupa a la industria farmacéutica colombiana, aseguró que al verlo “se reunió de inmediato con una vocera del ministerio, quien le dijo que ‘el documento es una suma de errores. Que no había autorización alguna de publicación y que ese espurio proyecto no representa la posición del ministerio’. Más allá de eso —continúa Bravo— nosotros hemos alentado a que esas relaciones sean transparentes porque sabemos que hay prácticas muy censurables. Pero tal y como está planteado el asunto es una cosa extrema que haría inviable una práctica legítima: presentarle los productos al médico para que él los conozca”.

Sin embargo, Fernando Ruiz, viceministro de Salud, le aseguró a este diario que, aunque es un documento preliminar, sujeto a toda clase de comentarios y para el cual se deberán hacer reuniones con varios actores, hasta ahora es una posición puramente de gobierno.

“Es un tema muy complejo pero necesario —dice Ruiz—. El ministerio no tiene la intención de restringir toda transacción, porque eso falta a la realidad. Es claro que tiene que haber una interacción entre industria y médico. Pero que un doctor reciba un pago por formular un fármaco no puede ser legal. Ya hay normas que apuntan a la misma dirección” (ver parte superior).

Según Ruiz, en principio, la regulación giraría en torno a tres ámbitos. El primero de ellos, concerniente a la autonomía médica. “En la ley estatutaria (aprobada por la Corte Constitucional hace un par de meses) se prevé un mecanismo de autorregulación. Son los médicos quienes deberían autorregularse en ese tema de dádivas”. El segundo enfoque iría dirigido a los límites que puede tener esa autonomía médica. “No puede ser —explica el viceministro— sólo un asunto de ética y autorregulación. Tiene que haber un marco legal”.

“El tercer punto —continúa— tiene que ver con que las transacciones sean más transparentes. Y en ese ámbito se inscribe esta resolución. Queremos que la industria farmacéutica aporte información respecto a las transacciones. Porque los conflictos de intereses se resuelven, esencialmente, con información transparente. Esa es la base”.

En eso coincide Francisco de Paula Gómez, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro): “Creemos que es una buena iniciativa para que las relaciones entre profesionales e industria tengan mecanismos para asegurar la transparencia. Y aunque no conocemos de forma completa ni hemos discutido con el Gobierno el proyecto de norma, creemos que es absolutamente necesario partir de la buena fe de las personas y de su correcta intención. Ni la industria ni los profesionales de la salud pueden tratarse como delincuentes, pues no lo son. La responsabilidad de los agentes y la autorregulación, principio fundamental en esta actividad, son más productivas que tratar de poner un policía detrás de cada ciudadano”.

Pero lo cierto, como explica el doctor Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana (Observamed), es que esta resolución no debería causar ningún revuelo, pues es la vía que se sigue a nivel mundial.

“Estados Unidos y muchos países de Europa están preocupados por la influencia de la industria en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Así que tomar estas medidas no es nada extraordinario”. En EE.UU., por ejemplo, se creó el Sunshine Act en 2010, que obliga a todo médico a registrar cada aporte que le hagan desde US$20 y lo compromete incluso a anunciar cualquier tipo de financiación en algún evento.

“Van a haber voces de protesta y quienes digan que frente al tema se debe acudir a la autorregulación. Claro que antes de tomar esas medidas hay otras más esenciales que no se están cumpliendo, como la necesidad de que se publique información para prescribir medicamentos. La ley estatutaria y el Conpes de la Política Farmacéutica lo obligan, pero el Invima no lo ha hecho. Es una cosa elemental”.

‘¿Nadie aguanta un cañonazo de US$50.000?’

“En el marketing farmacéutico hay una cosa esencial: acá no estamos vendiendo medicamentos. Estamos vendiendo productos. Para eso nos entrenamos y nos enseñan hasta cómo pararnos frente a un médico. Debemos saber si tiene esposa, si es soltero, si tiene hijos, si le gusta el fútbol, los carros o el golf. Todo. Así los médicos empiezan a recetar y luego a pedir. Comienza una relación más cercana. Y vienen las comidas, los viajes, las invitaciones, los regalos, los pagos, los congresos”.

El relato es de un visitador médico que poco a poco fue escalando en esa jerarquía que maneja el marketing farmacéutico. Comenzó como visitador y terminó como gerente de un conocido laboratorio (lea mañana su relato completo). Su nombre, por razones obvias, no puede ser revelado.

Pero en su versión sólo encaja un pequeño porcentaje de los médicos colombianos. Esa fracción que recibe prebendas y ha creado, con sus actos, una mala imagen de la profesión. “Hay que aclarar que las farmacéuticas sólo trabajan con el 5% de los doctores, que son los que tienen alto potencial de prescripción. Por eso nosotros, desde la federación, nos oponemos a que se estigmatice a los médicos, cuando la gran mayoría es de una ética impecable; nos oponemos a que se publique, como se ha hecho, información tendenciosa. Hay que tener en cuenta que buena parte de los que trabajan en EPS tienen constreñida la prescripción”, asevera el doctor Óscar Andia, de Observamed.

Para evitar que se siga presentando este fenómeno, cuenta el doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina, “es saludable y bueno que los médicos tengamos claro qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que la industria no debería ofrecer. Hay una línea muy delgada en la que se debe respetar la independencia del profesional para formular. Somos humanos y se puede ceder ante la tentación de un viaje a un congreso en Europa o ante una suma importante. Como diría Juan Vicente Gómez, dictador venezolano, ‘no hay nadie que aguante un cañonazo de US$50.000’. Es cierto. Nadie lo aguantará. Por eso, no bastan una ley o un decreto. Es necesario que los profesionales y la industria se decidan a obrar bien”. 
 

ssilva@elespectador.com

@SergioSilva03 

* Vea mañana ‘Así se entrena un visitador médico’