Ginecólogos piden a Minsalud no restringir uso de misoprostol

El misoprostol es uno de los fármacos más utilizados por los ginecólogos. Lo usan cuando necesitan evacuar un feto muerto, lo usan para inducir un parto cuando las cosas no marchan bien y es una alternativa muy eficaz cuando sobreviene una hemorragia después del parto. Además, el misoprostol es uno de los caminos más seguros a la hora de interrumpir un embarazo.

Édgar Iván Ortiz, presidente de la Federación Colombiana de Ginecología, dice que las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud a este medicamento están perjudicando la práctica médica, y sospecha que esto eventualmente tendrá repercusiones en la lucha por reducir la mortalidad materna, que actualmente ronda las 54,62 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

“Lo que estamos planteando es que hemos avanzado en la reducción de la mortalidad materna, pero estamos preocupados porque hay medidas que nos pueden echar para atrás”, dice Ortiz refiriéndose a la “banda violeta” que se impuso al uso del misoprostol. La banda violeta identifica los medicamentos de control especial en Colombia.

De acuerdo con el presidente de la Federación de Ginecología, “la banda violeta dificulta el acceso. Antes bastaba la prescripción del médico. Hoy se requieren una formulación especial y una serie de controles. Esto lo hace engorroso para los usuarios”.

Más que el Ministerio de Salud, el responsable de esta situación fue el Consejo de Estado. En 2013 una sentencia de este tribunal le ordenó al Invima mantener el uso del misoprostol en programas de salud pública, es decir, permitió que permaneciera dentro del Plan Obligatorio de Salud, pero “con controles”. Así, fueron los jueces quienes pensaron que la banda violeta resolvería el dilema entre la necesidad de este medicamento y el mal uso que le venía dando una parte de la población en la interrupción de embarazos.

Ortiz dice que el gremio de ginecólogos, así como Profamilia, están intentando promover una reunión con las autoridades de salud para buscar alternativas que no restrinjan el uso del medicamento. Quieren demostrar con evidencia médica que el misoprostol no puede estar al mismo nivel de los estupefacientes.

El Ministerio de Salud se encuentra evaluando el tema y por ahora no ha hecho ningún pronunciamiento.

La queja de los ginecólogos coincide con la presentación del informe final de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El quinto de los ocho objetivos propende por mejorar la salud materna. A pesar de los avances, Colombia quedó con una gran deuda. En 1998, cuando se trazó la línea base, ocurrían 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este índice a 2013 era de 54,62 muertes por cada 100.000. Una cifra que oculta disparidades regionales. En 2011, por ejemplo, el Chocó registró una tasa de 357,97 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos: casi siete veces el promedio nacional. En La Guajira ese mismo año la cifra llegó a 166,85 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos.

Ortiz dice que la percepción que existe hoy entre grupos de mujeres y especialistas en ginecología es que detrás de esta serie de controles se esconde un interés en poner barreras al derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y su embarazo. De hecho, el procurador, Alejandro Ordóñez, fue uno de los primeros en oponerse a la inclusión del misoprostol en el POS.

El misoprostol es uno de los fármacos más utilizados por los ginecólogos. Lo usan cuando necesitan evacuar un feto muerto, lo usan para inducir un parto cuando las cosas no marchan bien y es una alternativa muy eficaz cuando sobreviene una hemorragia después del parto. Además, el misoprostol es uno de los caminos más seguros a la hora de interrumpir un embarazo.

Édgar Iván Ortiz, presidente de la Federación Colombiana de Ginecología, dice que las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud a este medicamento están perjudicando la práctica médica, y sospecha que esto eventualmente tendrá repercusiones en la lucha por reducir la mortalidad materna, que actualmente ronda las 54,62 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

“Lo que estamos planteando es que hemos avanzado en la reducción de la mortalidad materna, pero estamos preocupados porque hay medidas que nos pueden echar para atrás”, dice Ortiz refiriéndose a la “banda violeta” que se impuso al uso del misoprostol. La banda violeta identifica los medicamentos de control especial en Colombia.

De acuerdo con el presidente de la Federación de Ginecología, “la banda violeta dificulta el acceso. Antes bastaba la prescripción del médico. Hoy se requieren una formulación especial y una serie de controles. Esto lo hace engorroso para los usuarios”.

Más que el Ministerio de Salud, el responsable de esta situación fue el Consejo de Estado. En 2013 una sentencia de este tribunal le ordenó al Invima mantener el uso del misoprostol en programas de salud pública, es decir, permitió que permaneciera dentro del Plan Obligatorio de Salud, pero “con controles”. Así, fueron los jueces quienes pensaron que la banda violeta resolvería el dilema entre la necesidad de este medicamento y el mal uso que le venía dando una parte de la población en la interrupción de embarazos.

Ortiz dice que el gremio de ginecólogos, así como Profamilia, están intentando promover una reunión con las autoridades de salud para buscar alternativas que no restrinjan el uso del medicamento. Quieren demostrar con evidencia médica que el misoprostol no puede estar al mismo nivel de los estupefacientes.

El Ministerio de Salud se encuentra evaluando el tema y por ahora no ha hecho ningún pronunciamiento.

La queja de los ginecólogos coincide con la presentación del informe final de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El quinto de los ocho objetivos propende por mejorar la salud materna. A pesar de los avances, Colombia quedó con una gran deuda. En 1998, cuando se trazó la línea base, ocurrían 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este índice a 2013 era de 54,62 muertes por cada 100.000. Una cifra que oculta disparidades regionales. En 2011, por ejemplo, el Chocó registró una tasa de 357,97 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos: casi siete veces el promedio nacional. En La Guajira ese mismo año la cifra llegó a 166,85 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos.

Ortiz dice que la percepción que existe hoy entre grupos de mujeres y especialistas en ginecología es que detrás de esta serie de controles se esconde un interés en poner barreras al derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y su embarazo. De hecho, el procurador, Alejandro Ordóñez, fue uno de los primeros en oponerse a la inclusión del misoprostol en el POS.