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Este viernes, el presidente Gustavo Petro acudirá a la Corte Constitucional a defender las razones que lo llevaron a declarar la emergencia social y económica para el departamento de La Guajira el pasado 2 de julio a través del decreto 1085 de 2023. Se trata de una cita muy importante porque el Gobierno defenderá la legalidad de un escenario que le permitió tomar medidas excepcionales en esa región, algunas de las cuales afectan derechos fundamentales de los guajiros, como el de la salud.
Como suele ser usual, y además del Gobierno, la Corte escuchará voces de todos los sectores. En la audiencia de este viernes, por ejemplo, intervendrán representantes de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayú, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Procuraduría, Defensoría y otras autoridades. También se escuchará la opinión de Gestarsalud, el gremio de las EPS de régimen subsidiado (que son las que hacen presencia en La Guajira) respecto al decreto 1270 que propone profundos cambios en el sistema de salud de ese departamento.
Hay que recordar que a través del 1270 el Ministerio de Salud interviene en la regulación, coordinación y distribución de los recursos de la salud en esa región. El decreto autoriza la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), Equipos de Salud Territoriales y nuevas medidas de gobernanza, rectoría, financiamiento, administración y flujo de recursos para lo que el Gobierno llama un “modelo de salud propio e intercultural construido en acuerdo con las Autoridades Tradicionales Indígenas del pueblo Wayuu y de los demás pueblos indígenas”, como contamos aquí. (También puede leer: Enviar estudiantes de medicina para atender a La Guajira. ¿Es viable la idea del Minsalud?)
Sin embargo, en una carta que Gestarsalud envió a la Corte el pasado 8 de agosto, el gremio de las EPS del régimen subsidiado señala que algunas de las medidas del decreto del Gobierno (como los equipos médicos extramurales) ya se implementan en La Guajira. En el documento, las EPS señalan además que en lo propuesto por el Minsalud no se evidencian “medidas que contribuyan de manera efectiva y urgente a la solución de los problemas en los determinantes sociales, sino que se está reformando al sistema de salud, afectando a la población y a unas instituciones como las EPS e IPS indígenas que se han conformado y articulado al amparo de las normas legales vigentes”.
¿Un golpe a la autonomía indígena?
En La Guajira operan EPS como Cajacopi o Anas Wayuu EPSI, ambas entidades fundadas por asociaciones de pueblos indígenas. Para Gestarsalud, el decreto 1270 expedido por el Gobierno modifica las regulaciones que reglamentan las IPS indígenas y afectan postulados básicos como “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.
Hay que recordar que el 1270 incluye medidas como la creación de “una única red integral e integrada territorial e intercultural de salud que permita dar respuesta a las necesidades en salud de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el departamento”. Con “integral e integrada” el Gobierno se refiere a la red de prestadores de salud (como hospitales, clínicas, etc.) que atienden a las personas. Actualmente, hay alrededor de 10 redes de ese tipo a cargo de EPS como las indígenas.
Por otro lado, además, el decreto permite que el Ministerio de Salud defina unos territorios en los que el sistema de salud “adaptará” su operación según las necesidades de la población. “Esta adaptación incluirá las condiciones de habilitación y permanencia de las Empresas Promotoras de Salud o quien haga sus veces y la reorientación de su rol en el departamento de La Guajira, según reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social”, dice el documento. (Le puede interesar: La variante EG.5 del coronavirus sí circula en Colombia, pero no hay que alarmarse)
Es decir, se abre la puerta a que cambie la operación de las EPS que están ahora mismo en ese departamento. De hecho, el parágrafo 1 del artículo 5 señala que “En los territorios indígenas, afrodescendiente y Rrom en el marco de los mecanismos de concertación previstos en el presente Decreto, se establecerá el proceso de transformación de las Empresas Promotoras de Salud”.
“Lo que observan las EPS agremiadas a Gestarsalud, es que, por vía de decreto expedido en el marco de una situación especial, se ha desconocido que las entidades territoriales gozan de autonomía, reconocida en el artículo 1 de la Constitución Política”, se puede leer en el documento que envió ese gremio a la Corte. Hace unos días, de hecho, representantes de algunas organizaciones indígenas de La Guajira como la Asociación de Cabildos y/o Tradicionales, la Autoridad Tradicional Monte de Oro Nazareth o la Autoridad Tradicional Valle de Palash firmaron una carta en la que hacen algunas críticas al decreto del Gobierno y piden “ser escuchados, concertados y consultados en los procesos”.
En el documento del pasado 8 de julio Gestarsalud también insiste en que con el decreto del Gobierno se ha impuesto un modelo “que genera muchas dudas técnicas, financieras y de articulación”. La EPS, por último, también defienden su gestión en la región.
Salud de La Guajira
El presidente Gustavo Petro ha hecho alusión al panorama de salud pública de La Guajira en diversas oportunidades, enlazando algunos indicadores con la necesidad que él ve en la aprobación de la reforma a la salud. La situación de salud pública de La Guajira se puede conocer a través de algunos indicadores básicos como la desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, la mortalidad materna, las tasas de casos y mortalidades de enfermedades como Infección Respiratoria Aguda (IRA) y enfermedad diarreica aguda (EDA). En muchos de ellos, La Guajira no sale bien librada.
Por ejemplo, desde 2017 las tasas de mortalidad en niños y niñas menores de cinco años se mantiene hasta 8 veces más alta para desnutrición, tres veces más alta para Infección Respiratoria Aguda y seis veces más alta para Enfermedad Diarreica Aguda, que el promedio nacional. Para el Gobierno, es claro que “se evidencia débil gestión del riesgo por parte de las EPS para el acceso a intervenciones de detección temprana y protección específica”, dice en el 1270. Tanto, continúa, que el 94,6 % de todos los niños y niñas menores de cinco años que habían muerto por desnutrición entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, estaban de hecho afiliados a alguna EPS del subsidiado.
Aunque ese diagnóstico parece muy claro para todos, las razones que han llevado a él pueden tener diversas interpretaciones. Para Gestarsalud estos problemas no se deben a “la adopción de un modelo de salud adecuado e intercultural, sino a la falta de acceso a elementos vitales como son el agua y el alimento”. Hace unos días, la directora de ese gremio, Carmen Eugenia Dávila, le decía a El Espectador que el problema central de La Guajira es lo que se suele llamar los “determinantes sociales”, específicamente, acceso a agua potable, saneamiento básico y acceso a una buena nutrición, todos elementos que no compete solucionar únicamente al sector salud. (Puede leer: Sociedades Científicas piden más participación en la construcción del manual tarifario)
En esa línea, para Gestarsalud el desempeño de lo que compete a las EPS en La Guajira, y en especifico a las EPS indígenas, “ha sido bien calificado”. El gremio defiende que las entidades han ido tomando y fortaleciendo decisiones como la creación de equipos extramurales integrados por médicos, odontólogos o higienistas orales, enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales y gestores comunitarios bilingües. Según el documento, lo reportado por 3 de las EPS apunta a 57 de esos equipos y 121 brigadas de salud realizadas hasta la fecha.
Entre las medidas que el Gobierno quiere aplicar con el 1270 está la creación de esos equipos. Aunque no está claro cuántos serán, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo estimó hace unos días que comenzarían con 300. La pregunta que generó ese anuncio es de dónde saldrá el talento humano para esos equipos, considerando que en Colombia se vive unos escases de médicos y de especialistas. Las estrategias para suplir esa ausencia no están claras, como contamos aquí.
Las EPS también defienden la caracterización de la población que hacen y que permite, según su gremio, identificar riesgos en salud, “direccionar y asegurar el acceso a los servicios” en la red de prestadores, aunque justamente esto es uno de los grandes fallos que el Gobierno identifica en esa región. En la carta que envían a la Corte, señalan la existencia de programas como los de atención integral a las gestantes desde la etapa preconcepcional, consultas al recién nacido y atención con parteras de la misma comunidad. También reseñan programas de atención especializada para pacientes con VIH, artritis y otras enfermedades como hipertensión, diabetes o cáncer, entre otros.
Como prueba, señalan que, a corte de diciembre de 2022 habían atendido a 315.306 personas (un aumento del 20% con respecto a 2021), con un incremento, dicen, del 52 %, 62 % y 20 % para eventos de desnutrición, enfermedad diarreica aguda a infección respiratoria aguda, respectivamente.
“El Estado a través del modelo de salud actual ha estado presente en el territorio por casi 30 años y ha logrado preservar la vida de muchas personas, realizando las intervenciones de salud que son necesarias, por lo que no se encuentra una justificación lógica a que sea el sector salud el que tenga que ser desarticulado en el territorio y se otorguen unas facultades al Gobierno Nacional que no se conocen integralmente y que deberían reflejarse en los decretos”, dice Gestarsalud en la carta. Para las EPS, mientras no se resuelva el problema de acceso al agua en esa región, no se van a acabar los principales problemas de salud que afectan a la población del departamento.
Por último, las EPS señalan que “no se oponen a la implementación y desarrollo de un nuevo modelo que favorezca a las comunidades bajo el amparo legal”, pero que este debe tener en consideración los recursos disponibles, ya que la plata de la UPC (el dinero que el Estado gira para la atención en salud de cada colombiano anualmente) ya está comprometido para 2023.
“De igual manera, se requiere el consenso de las autoridades indígenas y la certeza de la intervención de los determinantes sociales y en especial, la garantía de acceso permanente al agua para mejorar las condiciones de salud de la población”.
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