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Este viernes, 3 de enero, los gremios de aseguramiento en salud le solicitaron al Gobierno Nacional reunirse para discutir un reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se incrementó en un 5,3 % para este 2025 y corresponde al monto que el Estado asigna a las EPS anualmente para cubrir los servicios de salud de los afiliados.
De manera más específica, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) le hicieron un llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que, durante los próximos días, se convoque a una mesa de alto nivel con EPS, prestadores, usuarios y pacientes para revisar el ejercicio que sirvió de base para establecer el incremento de la prima para 2025.
“Del correcto cálculo de la UPC depende la garantía del derecho a la salud de todos los colombianos. La subestimación de la prima impide la atención de la población y afecta a todos los actores del sistema: talento humano en salud, instituciones prestadoras, públicas y privadas, proveedores de tecnologías y desde luego a los aseguradores”, afirmaron Acemi y Asocajas en un comunicado.
Según ambos gremios, la UPC es la expresión del financiamiento del sistema de salud colombiano. Por ello, y en palabras de Acemi y Asocajas, su ajuste debe contemplar muchos más factores además de la inflación, pues “no se trata de un recurso para las EPS, sino del financiamiento del sector y del dinero que permite que se contraten los servicios a los hospitales y clínicas, se paguen los salarios y horarios de los médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud y se adquieran los medicamentos, dispositivos e insumos necesarios para garantizar la atención de los pacientes”.
Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, explicó que el motivo por el que se decidió el aumento del 5,3 % a la UPC tuvo que ver con inconsistencias en los datos compartidos por las EPS. Entre ellas, incrementos abruptos en la frecuencia de servicios de salud y elevados gastos médicos sin justificación. Por esa razón, el incremento fue de la inflación causada hasta noviembre. Además, no se tuvo en cuenta la información de la Nueva EPS, la más grande del país, con 11,4 millones de afiliados.
Sin embargo, como lo hemos mencionado en estas páginas, otros sectores de la salud también han visto con malos ojos el incremento de la UPC. El pasado 2 de enero, la Mesa de Asociaciones de Usuarios también le solicitó al Gobierno Nacional conformar una mesa para debatir el reajuste. Por su parte, la organización Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 200 asociaciones de usuarios del sistema de salud en Colombia, recordó que el llamado al Ministerio de Salud y Protección Social fue que la UPC tuviera un incremento del 16 %.
Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, reaccionó por medio de su cuenta de X señalando que “la UPC no alcanza para pagar las necesidades de salud de los colombianos, no alcanza para ajustar salarios, no corrige la insuficiencia de la UPC que el Ministerio de Salud reconoció en la Corte Constitucional”.
Para Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), en el sector se esperaba que el aumento fuera, al menos, el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo. “Empezamos con un desfase, porque en las bases de nuestras instituciones se aplica el incremento del salario mínimo y eso va a generar un desbalance, sumado a la difícil situación financiera que tienen las instituciones públicas”, aseguró a El Espectador.
“¿Cómo van a hacer los hospitales para pagarle a su personal? ¿Cómo van a hacer para cubrir los déficits que hay en este momento en el sector, en términos de medicamentos y procedimientos?”, se preguntó, por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
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